REPRESIÓN

1867 Sumarios a carabineros y menos de 20 formalizados: ¿Justicia para quién?

1867 es la cantidad de sumarios que posee carabineros durante el 2019, sin embargo, menos de una veintena de los casos están formalizados. Mientras son más de 22 mil personas las que han sido detenidas a 3 meses del estallido social, con 45 personas formalizadas en causas en que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado por movilizarse contra sus demandas. ¿Justicia para quién?.

Viernes 7 de febrero

1867 es la cantidad de sumarios que posee carabineros en el año 2019, de estos 908 corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Del total estos, el 62,6% se enmarca en causas por derechos humanos, según fuentes de carabineros. Sin embargo, este peak de sumarios no implica que se vaya a llegar a la verdad de lo ocurrido en los más de cien días de estallido social, ni que se vayan a establecer sanciones, considerando que son alrededor de 6 mil las personas que denuncian haber sido víctimas de violación a los derechos humanos, según últimos datos del Ministerio Público.

Las cifras son crudas y hablan por sí solas de esta falta de verdad y justicia para todas las personas que han sido vulneradas por carabineros, con 134 torturados, 1938 víctimas por lesiones por armas de fuego, 285 denuncias por daño ocular, con 192 personas quienes habrían sufrido desnudamientos y 67 que habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual.

Esta impunidad se deja entrever también en las más de 1.095 querellas contra carabineros presentadas por el INDH, de las cuales solamente hay 16 causas con formalización, situación gravísima ante la cual el jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, Rodrigo Bustos, señala “La fiscalía nos informó, en reunión con el Fiscal Nacional, que de las 4.300 denuncias que han recibido por violencia institucional, solamente hay alrededor de 30 causas formalizadas”.

Esta terrible exención de responsabilidad de parte de carabineros, se acompaña con un continuo relato de los altos cargos de carabineros, quienes señalan que “La enorme mayoría de nuestros carabineros ha actuado apegado a las normas con extrema prudencia a pesar de los riesgos a su propia integridad física”, como lo señaló el coronel Eduardo Witt ante la extrema violencia y brutal golpiza de carabineros contra joven de Puente Alto, el que terminó con diversas fracturas. O incluso en los casos tan graves como el de Fabiola Campillay, mujer que resultó el 26 de noviembre con pérdida total de la visión por el disparo de una bomba lacrimógena, en el cual aún no hay formalizaciones.

O en el caso reciente del asesinato de Jorge Mora, hincha del Colo Colo, donde el carabinero que lo atropelló termina con arraigo nacional y firma semanal, sentencia dictada por la jueza Andrea Acevedo, quien hipotetizó que la víctima podría haberse encontrado en estado de ebriedad, justificando el actuar del carabinero imputado, señalando que éste actuó frente “una turba que apedreaba a los carros policiales y sus ocupantes”, agregando que “Aquí a lo más hay una conducta negligente, pero sí una conducta negligente justificada a mi criterio”. En la misma línea, refiriéndose al asesinato de Mora, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, enfatizó que el atropello fue en “un contexto de ataque violento a un vehículo policial”, para luego sin mea culpas, reiterar el llamado a terminar con la violencia.

¿Justicia para quién?

En la otra cara de la moneda, son más de 22 mil personas las que han sido detenidas a tres meses que iniciara el conflicto social en Chile, con un total de 9.689 menores de edad registrados como imputados entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, y ya entrando el 2020 con 35 jóvenes querellados por realizar desórdenes públicos en manifestaciones contra la PSU. Con 45 personas formalizadas en causas en que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, la cual eleva las penas por determinados delitos contra el orden público. De estos casos, 17 se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva hasta el momento.

Con jóvenes activistas detenidos sin pruebas, como el caso de Licanantai Corrales, atacameño y activista medioambiental, que estuvo detenido en la cárcel por más de 1 mes sin pruebas, quien finalmente fue dado en libertad.

Todo lo anterior, pone en tela de juicio al gobierno de Piñera y a la “justicia” en Chile, que por un lado exime de responsabilidad a violadores de derechos humanos, como carabineros, y por otro, impone y garantiza más criminalización, represión y coartación de derechos fundamentales al pueblo trabajador y pobre, como el derecho a manifestación y huelga, como lo está haciendo con la “ley antisaqueos” por nombrar un ejemplo.

Ante esto es urgente que la Mesa de Unidad Social, la CUT y los sindicatos, convoquen un paro nacional efectivo para acabar con la represión de Piñera y sus instituciones como carabineros, por verdad, juicio y castigo.






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