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EDUCACIÓN

19A: El momento de luchar por un financiamiento integral a las universidades del estado

La Confech, el Colegio de Profesores y las organizaciones de estudiantes secundarios han convocado a movilizarse este jueves 19 de abril; se repone la pregunta ¿como conquistaremos nuestro derecho a la educación gratuita?

Joaquín Romero

Militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios

Lunes 16 de abril | 07:07

El reciente fallo del Tribunal Constitucional que reafirmó el derecho de los empresarios a seguir lucrando en la educación, de la misma manera que lo han hecho todos estos años, generó una fuerte reacción a nivel de los estudiantes quienes han convocado nuevamente a copar las calles con un discurso, de diferentes matices, que llama a rechazar el lucro en la educación según expresan los representantes del CONFECH.

El sistema de educación superior no ha variado sustancialmente y sigue imperando el modelo de mercado imperante desde la dictadura en el país, pese a las reformas emanadas por el gobierno de Michelle Bachelet que no hicieron sino delimitar los contornos del modelo universitario, manteniendo intactas las ganancias a los empresarios de la educación.

Hoy el 80% de los fondos públicos de la beca de gratuidad van a parar a las ganancias particulares de los accionistas de los planteles educacionales privados. Hoy el Estado sigue además subsidiando la ganancias de los bancos entregándoles millonarios recursos para sostener el Crédito con Aval del Estado (CAE) que mantiene endeudadas a miles de familias. Hoy pese a estar prohibido por ley no existen mecanismos para evitar el lucro en las universidades.

Lo anterior no solo no fue abordado en los proyectos de ley del gobierno de la nueva mayoría, sino que también fue consolidado y perfeccionado, pese a las masivas protestas que desde el 2011 encabezan los estudiantes para acabar con el lucro y garantizar el derecho a la educación gratuita de todos y todas.

Todo esto transcurre en medio de la crisis financiera, que por falta de recursos estatales, mantiene a las universidades públicas año a año con números rojos como es el caso de la reciente crisis política que afecta a las autoridades de la UMCE (ex Pedagógico) producto de la dudosa gestión de los recursos universitarios que mantiene a los estudiantes de dicha casa de estudios movilizados desde hace más de tres semanas con asambleas de carrera y marchas internas exigiendo las responsabilidades políticas del actual rector y que el estado se haga cargo de la crisis que atraviesa al histórico pedagógico.

Hoy "gracias" al proyecto del gobierno anterior, la herramienta con la que rectores cuentas para enfrentar la crisis es precarizar aún más las condiciones de funcionarios, dado que la nueva normativa les entrega la posibilidad de flexibilizar la planta laboral. Como ejemplo, en la Universidad de Chile existen solo 3 mil funcionarios a planta, frente a los 11 mil funcionarios a contrata, sin contar un número similar de honorarios y trabajadores subcontratados. Sin duda para ellos las noticias no son muy alentadoras.

La PSU este año nuevamente reafirmó las brechas de la desigualdad entre una educación para ricos y una educación para pobres. Los colegios municipales obtuvieron el mayor porcentaje de resultados inferiores a 500 puntos, con 64% del total de estudiantes que rindieron la prueba. De esta forma, de los 91.224 alumnos de establecimientos municipalizados, 38.817 obtuvieron puntajes menores a 450 y 19.567 estudiantes se ubicaron en el rango de 450 a 499 puntos. En el caso de los colegios particulares, la situación es diferente. De los 27.427 estudiantes que realizaron la evaluación, solo 14% no alcanzó puntajes superiores a 500. De tal manera solo una infima parte de la población puede ingresas a las universidades mejor valoradas del sistema educacional.

Esto conlleva a que muchos jóvenes deben acceder a la educación privada, teniendo que endeudarse para estudiar y sin tener garantizado el derecho a la educación ni a un trabajo estable una vez obtenido el titulo universitario, lo que significa duras cargas para miles de familias trabajadoras.Un 22% del universo de 3,9 millones de deudores morosos en Chile son jóvenes entre 18 y 29 años. Y según cifras entregadas por el Injuv, el 68% de esos jóvenes entre 18 y 29 años que declara tener una deuda, habría accedido a un crédito para optar a un título universitario o técnico

La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores declaró que ya van más de 718.581 las personas que pidieron CAE para estudiar una carrera profesional o técnica por un monto total de 2.76 billones de pesos, según un estudio de la Fundación Sol. La cifra de deudores aumentó exponencialmente en los últimos cinco años, tomando en cuenta que en marzo de 2010 había cerca de 270 mil jóvenes que habían hecho uso de este mecanismo por un monto total de 894 mil millones de pesos. Tales son las "externalidades" del lucro de la educación chilena, en un sistema donde el estado subsidia las ganancias de los empresarios a costa de los miles de estudiantes del sistema universitario y técnico profesional.

Para este martes 17 de abril, los estudiantes del Pedagógico, en conjunto con los estudiantes del campus Juan Gomez Milla de la Universidad de Chile y de la UTEM han convocado a una marcha preparativa del paro nacional del 19 de abril, para agitar entre los estudiantes este conflicto y perpectivar lo que se avecina como una nueva batalla entre los empresarios de la educación y los estudiantes, profesores y funcionarios.

Y es por que todos estos años las direcciones del CONFECH se han limitado a movilizar por hitos, como forma de volver los volúmenes de manifestantes en meros números simbólicos de presión parlamentaria, abogando por consignas coyunturales para incidir en los tramites legislativos y "orientar" las políticas del gobierno de turno. Los cambios obtenidos han sido cosméticos y la confianza de los estudiantes ha ido disminuyendo a la par que se ha ido diluyendo el objetivo político del movimiento estudiantil.

Los graves problemas de desigualdad, endeudamiento, de infraestructura, de administraciones autoritarias y de una educación servil a criterios mercantiles, requieren ser solucionados mediante un plan de financiamiento integral del Estado a las universidades públicas. Tal financiamiento integral debiese permitir la trasmisión de recursos estatales vía aporte basal que permita mejorar la infraestructura y ampliar las matriculas para garantizar una educación 100% gratuita en todos sus niveles y de libre acceso, para terminar con las desigualdades de una educación para ricos y una educación para pobres.

Para terminar con el lucro y el mercado educativo que solo beneficia las ganancias de los empresarios es esencial exigir que los billonarios recursos que hoy se destinan a la banca privada de parte del estado para subsidiar el negocio particular de unos cuantos inversores y accionistas "inmobiliarios" se dirijan a este plan de financiamiento integral a la educación pública. La condición de este financiamiento debe ser que las comunidades de estudiantes, funcionarios y académicos puedan administrar democráticamente el gobierno universitario, para enfrentar los problemas de autoritarismo, corrupción y desvió de fondos que afectan hoy a las universidades del estado y para que el conocimiento en ellas producido se dirija en beneficio del interés de las miles de familias trabajadoras. Además debe permitir que las universidades privadas que se encuentran en riesgo financiero o que sus comunidades así lo decidan puedan ser estatizadas para garantizar efectivamente el derecho a la educación. Ni un solo peso del estado debiese dirigirse para financiar proyectos particulares.

Pero para que el movimiento estudiantil pueda imponer su agenda programática, en medio de un gobierno que busca desviar la problemática educativa redirigiendo la agenda en función de sus intereses, es esencial que repensemos la forma de movilizarnos. No podemos continuar con marchas rutinarias y esporádicas, separadas en el tiempo y diluidas en contenido. Es esencial reponer un plan de movilización que permita enfrentar a la derecha en las calles de la mano de un programa político claro que exija al estado hacerse cargo integralmente de la educación publica afectando las ganancias de esos empresarios que han lucrado con nuestra educación durante todos estos años.

Es por eso que este 19 de abril debemos convertirlo en un gran paro nacional organizado por estudiantes, profesores y funcionarios, que sea el puntapié inicial para levantar un gran plan de movilizaciones para enfrentar en las calles al gobierno de los empresarios que busca acabar con nuestra movilización , con el objetivo de conquistar un programa de demandas cuyo eje sea garantizar el financiamiento integro hacia las universidades del estado. Tal puede ser la oportunidad de dar un giro en el actual escenario político.






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