JUVENTUD

¡A reorganizar el Movimiento Estudiantil! Aula Segura, Control Preventivo y Elige Vivir Sin Drogas son las armas de Piñera

Hace algunos días atrás fueron expulsados seis estudiantes por Aula Segura. La ley criminalizadora que fue aprobada gracias a la Nueva Mayoría busca evitar la movilización estudiantil ante la inminente crisis en la educación de mercado. Esta ley, junto al programa Elige Vivir Sin Drogas y el control preventivo de identidad a menores son la triada del gobierno para atacar a la juventud. ¿Cuáles son sus verdaderos motivos? ¿Como debemos enfrentar estos ataques?

Sebastián Avilés

Estudiante ex- Pedagógico y militante de Vencer

Lunes 15 de abril

El segundo año del gobierno de Chile Vamos ha estado marcado por dos factores: el primero, es la sistemática caída en las encuestas del presidente, llegando al 51% de desaprobación después de fallida intervención imperialista en Venezuela; y por otro lado, producto a la creciente sensación de inseguridad instaurada por los medios de comunicación masiva, una agenda de criminalización hacia los jóvenes pertenecientes a los sectores más precarizados de nuestra sociedad. Así como baja Piñera, en las últimas mediciones se muestra una aprobación del 63% al control preventivo de identidad a menores de 14 años, cuestión que no se entiende si vemos los indicadores de penalidad de niños, niñas y adolescentes.

El año 2008 comenzó a regir la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que como solución enclaustró a miles de jóvenes entre las paredes del SENAME. Desde la fecha se ha visto un descenso en el ingreso de menores al sistema judicial, lo que representa solo un 8.1% de la totalidad de los delitos cometidos en el país, reflejando que está debajo de la media internacional. Por contraparte, la concurrencia de delitos en menores se debe a la reincidencia de algunos jóvenes, no primando nuevos casos de menores institucionalizados. Entonces, podemos ver que el discurso derechista sobre seguridad es una excusa para generar un caos ficticio que tape las reformas económicas del gobierno, como la previsional, laboral y la tributaria recientemente aprobada por la Comisión de Hacienda de la cámara baja, que quiere perpetuar los privilegios empresariales.

Estas medidas no son una particularidad de la derecha chilena, los socios imperialistas de Prosur comparten la misma agenda de criminalización. Macri en Argentina a inicios de año anunció el envío de una ley que reduce la penalidad juvenil a los 15 años, mientras que Bolsonaro busca en Brasil ingresar a adolescentes de 16 años a uno de los sistemas carcelarios más sobrepoblados de la región.

Infancia, drogas y pobreza

Tras la publicación de un estudio que reflejó el aumento en el consumo de drogas y alcohol entre niños y adolescentes, de manera “espontánea” el gobierno lanzó pomposamente el programa Elige Vivir Sin Drogas, inspirado en el modelo islandés. El argumento de estos es el mismo, atribuye la responsabilidad a los menores y sus familias, cimentando su programa en la emergencia de nuevos liderazgos y la vinculación de los padres con cada establecimiento educacional, proponiendo fiestas sin alcohol y límites horarios. Nada más alejado de la realidad.

Desde la dictadura militar el narcotráfico viene incrementando, lo que propicia la guetificación de barrios y poblaciones, principalmente entre los más pobres y familias con niveles educacionales bajos. Este fenómeno es obviado por el gobierno, haciendo caso omiso al control que tienen los narcotraficantes y las policías en zonas urbanas. Otro factor importante es la doble moral que tiene la derecha chilena, al mismo tiempo que omite el narcotráfico, persigue a pequeños consumidores y rechaza la tendencia a nivel mundial de legalización de la marihuana, una de las drogas más populares entre la juventud. Demostrando que lo que buscan es transformar la pobreza en delito.

El consumo de estupefacientes de uso médico también ha generado alerta, pero en vez de preocuparse por la salud mental de los estudiantes, iguala nuevamente los casos, siendo el suicidio adolescente la segunda causa de muerte entre este rango etario en la última década, alcanzando 1.030 suicidios en jóvenes entre 8 y 18 años de edad. Fiel reflejo de una sociedad en descomposición.

Criminalizar la movilización estudiantil para controlar el negocio educativo

En Concepción hace algunos días fueron expulsados seis estudiantes del liceo Enrique Molina Garmendia por un un corte de calle. Este fue el primer caso que invocó la ley de Aula Segura, siendo primeramente suspendidos sin antes comprobar los hechos.

El proyecto estrella de la ministra Cubillos expulsó a los jóvenes sin mediar antes un debido proceso de investigación. Pero, como era de esperar, señaló “no queremos profesores o asistentes de la educación siendo víctimas de agresiones en sus trabajos y en las escuelas. Cuando aprobamos Aula Segura, dijimos que íbamos a combinar estos derechos, el derecho a la comunidad a poder trabajar y estudiar en paz, el derecho a un debido proceso, como se les aplicó a estos estudiantes”. Muy por el contrario, la situación engorrosa no ha podido ser comprobada ni quienes fueron verdaderamente los involucrados y si portaban o no armas de fuego. Esto busca criminalizar, debemos luchar por la derogación de Aula Segura, denunciando a los diputados de la ex Nueva Mayoría que dieron sus votos para pasar este ataque. Ninguna expulsión más por organizarse.

Junto al control preventivo de identidad, estas medidas apaciguan la organización estudiantil y generan miedo de participar en protestas callejeras. La educación está en crisis y lo demuestra el cierre de las escuelas básica y nocturnas de EDUBA, el abandono de los liceos como en el municipio de La Pintana, la deuda salarial en los Servicios Locales de Educación Pública y el constante desfinanciamiento por parte del Estado.

En la educación superior no es distinto el panorama, el abandono estatal a universidades como la UPLA y el Pedagógico ha empujado a ambas instituciones a crisis económicas profundas, el cierre de la Iberoamericana y la quiebra de la universidad del Pacífico, junto a los despidos de cientos de trabajadores en la universidad Central y en el Duoc UC, se suman como antecedentes a los ya 23.000 estudiantes que perdieron la gratuidad en el año 2019.

Los estudiantes secundarios, los trabajadores de la educación y los futuros profesores debemos levantarnos, reponer la organización entre trabajadores y estudiantes para echar abajo las leyes criminalizadoras, para democratizar los espacios educativos y que en comunidad enfrentemos los flagelos de la juventud, garantizando la gratuidad universal y educación sexual integral. Desde ya oponernos a expulsiones y despidos, el autoritarismo de rectores y directores debe acabar. Para cambiar la educación, debemos cambiarlo todo.






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