Aborto: Objeción de conciencia deja sin médicos hospitales de Osorno, San Fernando y Puerto Natales.

Luego de que los profesionales de la salud se pronunciaran sobre su situación, varios hospitales de la red de atención pública quedaron con muy pocos profesionales habilitados para ejecutar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por lo que está pendiente una solución para estos casos.

Antonio Paez

Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile

Domingo 15 de abril | 09:21

Polémica ha generado el alto número de profesionales de la salud que se acogieron a la objeción de conciencia en el caso del aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Este número, si bien representa poco menos de un tercio del total de profesionales repartidos en los centros de salud a nivel nacional, se encuentra concentrados en algunos centros asistenciales llegando al extremo de que todos los médicos no estarían dispuestos a entregar el servicio.

Hospitales como el de Osorno, San Fernando o Puerto Natales han quedado sin médicos dispuestos a realizar la intervención, mientras que otros hospitales como el de Valdívia posee casi el 90% de sus profesionales sujetos a esta situación.

En la vereda opuesta hospitales como San Borja Arriaran, hospital El Carmen de Maipú, el Hospital San José, entre otros o no tienen objetores o son muy pocos los que se inhabilitaron.

En este contexto, el ex ministro de salud de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza, manifestó que de ser necesario, el ministerio de Salud debería contratar profesionales en los lugares que hagan falta para así asegurar que las mujeres no deban ser derivadas a centros asistenciales que se encuentren en otras ciudades o incluso regiones.

Desde la Fundación Miles, Claudia Dides, directora ejecutiva de dicha organización, manifestó que "El ministerio tiene que garantizar que los 69 Centros de Alto Riesgo Obstétrico (recintos habilitados en el país para hacer abortos) tengan personas que no sean objetores, porque el traslado de las mujeres a otros centros, dejando sus familias y trabajos, no es digno para ellas. Ese eventual traslado y la espera por atención nos parece gravísimo si se da en el caso de violación, porque una niña o mujer, después de la violencia que vivió, no puede ser trasladada y que la hagan esperar, eso consideramos que es ir contra sus derechos humanos”.

Pero la polémica se generó a partir de si puede la autoridad administrativa discriminar a un profesional por le hecho de ser objetor. Tanto Anita Román (Presidenta del colegio de Matronas) como Natalia Henríquez (presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico) manifestaron su rechazo a la propuesta ya que se podria instalar como un criterio arbitrario al momento de elegir quien puede o debe trabajar en la red pública de salud.






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