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Acceso a vivienda: un derecho social negado en Chile

Según índice de acceso a la vivienda, este derecho sería inalcanzable. Entre los años 2015 y 2017 aumentaron en 13% los requerimientos habitacionales en el país y creció un 35% las familias que se encuentran viviendo de allegadas.

Teresa Melipal

Santiago de Chile

Jueves 29 de agosto de 2019 | 15:09

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, presentó el Índice de Acceso a la Vivienda (PIR por su sigla en inglés) en el conversatorio de Acceso a la Vivienda, indicador internacional que mide la relación entre el precio promedio de las viviendas y el ingreso promedio de los hogares.

Según planteó Javier Hurtado, “el alza se ha ido intensificando con el tiempo, desde 2010, luego de terremoto, se ha registrado un incremento sostenido en el precio de la vivienda, que presentó un peak en 2015, cuando se comenzó a implementar IVA a la vivienda, lo que ha significado también un desacople entre el precio de la vivienda de las dinámicas del resto de la economía, ya que entre 2011 y 2019 los precios producto inflación crecieron 37,2%, la vivienda aumentó 67,8%. y el ingreso solo 24,7%”.

En Chile, el PIR promedio es de 7,6 (una familia debe destinar íntegramente su salario por 7,6 años para el pago de una vivienda), equivalente a un crédito hipotecario de más de 45 años, tomando en cuenta que el dividendo no debería sobrepasar el 25% del ingreso familiar mensual, considerado severamente no alcanzable.

Vivienda: bajos salarios y la utopía de un derecho social

Según el último estudio de Fundación Sol "Los verdaderos salarios de Chile 2018", el 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000 y prácticamente 7 de cada 10 trabajadores menos de $550.000 líquidos, esto quiere decir que la mayoría de las familias trabajadoras optan por un arriendo y actualmente el porcentaje de propietarios ha caído a niveles menores que los observados en la década de los ‘80 y han aumentado los inversionistas. Y entre los años 2015 y 2017 aumentaron en 13% los requerimientos habitacionales en el país y creció un 35% las familias que se encuentran viviendo de allegadas y, solo en 2017, más de 40 mil familias vivían en campamentos a lo largo del país, según los datos de la Cámara de Construcción y Comercio.

Sebastián Piñera anunció en la Cuenta Pública la realización de 25 mil viviendas sociales con 146 nuevos proyectos para este año, promesas que no garantizan en absoluto las condiciones de su entrega –como en los gobiernos de la ex Concertación y Nueva Mayoría-, con viviendas precarias, de material ligero, con pocos metros cuadrados y con una burocracia de años para obtener el acceso.

Por su parte, Daniel Jadue (PC) el pasado mes de junio puso la primera piedra para la construcción de una inmobiliaria dependiente del Municipio que dirige y que podría dar salida a la situación de un centenar de familias de la comuna de Recoleta. Sin embargo, pese a la gestión con un carácter social, esto no acaba con el problema de fondo: miles de familias sin vivienda propia.

Una de las soluciones para garantizar el derecho a la vivienda hacia las decenas de miles de familias sin casa propia y personas en situación de calle, es la expropiación de parte del Estado hacia las propiedades de las diez familias más ricas del país, junto con el impuesto progresivo a las grandes empresas, para que se pueda crear y financiar la construcción de viviendas dignas bajo la planificación y control de los sindicatos, juntas vecinales y comunidades.






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