Sociedad

IMPUNIDAD

Cierre de Punta Peuco, traslado a Cárcel Colina 1 y el descaro de la derecha

Se reabrió el debate en torno a las “desigualdades judiciales”, debido a la propuesta de cierre de Punta Peuco, recinto penitenciario de lujo donde se encuentran detenidos militares violadores de derechos humanos. La derecha se ha mostrado ofensiva en defender a asesinos y torturadores, mientras que el Ministerio de Justicia baraja la opción de que militares sean trasladados a Cárcel Colina 1.

Ángela Suárez

Periodista

Miércoles 19 de agosto de 2015 | 16:09

En Chile está más que claro que existen cárceles para ricos y pobres, para “gente común y corriente” y para asesinos y torturadores; donde las diferencias en beneficios, lujos, comodidad, infraestructura, espacio, entre otros aspectos considerables, son abismantes y expresan la enorme desigualdad social y judicial en el país. El recinto penitenciario Punta Peuco es prueba de esto.

La cárcel para militares Punta Peuco, ubicada en Til Til, es administrada por Gendarmería y fue habilitada para el uso exclusivo de militares y ex agentes del Estado que hayan estado implicados en casos de violaciones a los derechos humanos. En la actualidad hay 101 militares detenidos- debido al arresto del mayor (r) Jaime Torres Gacitúa- y la capacidad del recinto alcanza las 112 personas, por lo que se abrió la posibilidad de que los reclusos sean trasladados a la Cárcel Colina 1.

Es necesario dejar claro que la discusión que se reabrió debido a la situación de Punta Peuco, no es sólo un tema de espacio, sino que es parte de la discusión respecto a las abismantes diferencias sociales y judiciales que existen en el país, donde la realidad muestra que hay “cárceles vip”- de las que gozan empresarios, políticos e integrantes de las Fuerzas Armadas- y cárceles para pobres, por ejemplo, la Cárcel de San Miguel, donde fallecieron 81 personas producto de un incendio que no fue socorrido por Gendarmería y las autoridades a cargo.

Con las últimas revelaciones de asesinatos y torturas que se realizaron durante la Dictadura Cívico Militar, y con el reimpulso del Caso Quemados, la indignación y repudio hacia militares y políticos de derecha implicados en casos de violaciones a los derechos humanos, ha aumentado. Es en este sentido que la discusión sobre Punta Peuco toma mayor relevancia, pues es expresión de la profunda impunidad de la que gozan asesinos y torturadores, los que se mantienen en libertad o recluidos en recintos de lujo o también llamados “cárceles vip”, como es Punta Peuco.

De acuerdo a la visión del abogado penalista Carlos Vera, Punta Peuco es reflejo de la desigualdad con que funciona el sistema penal en el país, enfatizando en que fue creada en el gobierno de Frei Ruiz Tagle y en base a los requerimientos del asesino Manuel Contreras. Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) propuso a la Cámara de Diputados un proyecto apoyado por otros 21 parlamentarios del oficialismo, donde se le solicita a la Presidenta cerrar el penal Punta Peuco. Además, el diputado Tucapel Jiménez (PPD) propuso que el penal en cuestión se convirtiera en una cárcel “común”, pues “creo que no podemos perder esa instalación, lo que he dicho es que Punta Peuco tenemos que transformarla en una cárcel común, porque la ciudadanía más que cerrar Punta Peuco lo que quiere es el fin de los privilegios”, enfatizó Jiménez.

El Gobierno, por el momento y a través del Ministerio de Justicia, ha planteado la posibilidad de que los militares que se encuentran en Punta Peuco sean trasladados a la Cárcel Colina 1, donde las autoridades se encontrarían analizando que se habilite un pabellón para 60 internos, el que se encontraría siendo acondicionado para su uso.

Por su parte, el descaro de la derecha no tiene límites. Mientras que su legitimidad está por el suelo (al igual que la del Gobierno), principalmente debido a los casos de corrupción y también por su implicancia en crímenes de lesa humanidad; no se cansan de defender a asesinos y torturadores, esta vez argumentando que la solución al problema de Punta Peuco no está en el cierre del recinto, sino que en la “mejora de las cárceles nacionales y no en el cierre ni en el traslado de los presos ya ubicados en el penal”, expresaron desde la UDI y RN.

Según las palabras del presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, entregadas a Radio Biobío, “este penal debe seguir existiendo, lo que tenemos que aspirar que el resto de los penales tengan también estándares de calidad como ocurre en otros lugares, porque eso facilita y permite la rehabilitación y tratar con dignidad a quienes están cumpliendo condena”.






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