CALAMA

Las responsabilidades en el desastre de la Provincia del Loa

Hace ya cinco días que en la ciudad de Calama no hay flujo de agua. El alcalde, militante de Renovación Nacional (RN), se encontraba de vacaciones y la empresa Aguas Antofagasta recién el día de ayer indicó que comenzaría a dar suministro a un 50% de la población.

Gabrielle Girardello

Estudiante de Sociología Uchile, militante de Vencer

Viernes 8 de febrero

Ha comenzado el llamado “Invierno Altiplánico” y con ello se ha desbordado el río Loa, dejando hasta el momento 3 muertes, cortes de carreteras, pueblos aislados y una crisis de falta de agua potable en la ciudad minera de Calama y en toda la provincia del Loa hace ya cinco días.

La situación es crítica, por las calles se pueden presenciar las largas filas para acceder a un poco de agua potable, mientras algunas voces exigen que se declare Zona de Catástrofe y Emergencia Sanitaria.

Resulta que Calama, es una de las ciudades más importantes en que viven las y los trabajadores de Chuquicamata, una de las minas de cobre más importantes del país, pero la importancia que tiene la gente que allí vive parece ser nula para el Estado y el gobierno de Sebastián Piñera. Necesitan todo el tiempo de la ciudad para llenar los bolsillos de los empresarios más ricos en este país, pero cuando una provincia no tiene agua potable durante 5 días se tapan los ojos, los oídos y la boca.

Aunque Aguas Antofagasta, dijo que comenzaría hoy a repartir agua para la mitad de la población de Calama, las y los habitantes por las redes sociales siguen mostrando su molestia mientras se acerca una tormenta eléctrica. ¿Pero qué más podría esperarse de las empresas que privatizan hasta el agua?

Es necesario que el Estado se haga responsable de la situación, porque si bien los desastres naturales son difíciles de evitar, la catástrofe humanitaria que acontece es completa responsabilidad del Gobierno al mantener las precarias condiciones de vida.

La única salida viable a largo plazo para resolver el problema es que las empresas distribuidoras de agua sean expropiadas y controladas por sus propios trabajadores y trabajadoras y la comunidad de usuarios y usuarias, quienes puedan no solo distribuir, sino que planificar la distribución y perfeccionar las medidas de seguridad para que estas situaciones no sigan ocurriendo con ningún Invierno Altiplánico y las ciudades no se conviertan en lugares desde los cuales los empresarios estrujen ganancias y luego el pueblo trabajador reciba las peores condiciones de vida.






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