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Desempleo histórico tras cuatro meses de pandemia y la CUT tímidamente pide "prohibir" algunos despidos

Chile alcanza las cifras más altas de desempleo en décadas, siendo comparadas incluso con las de la década de los 80’s, cuando el país vivió una de sus mayores crisis en la historia. Ante esto la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de su portavoz Bárbara Figueroa (PC), “exigen” prohibir los despidos en las empresas que se hayan acogido a la famosa ley de “protección” del empleo. ¿Qué se necesita para hacer efectiva esta medida y para que las palabras no se las lleve el viento?

Felix Melita

Estudiante de Psicología Universidad de Antofagasta

Sábado 1ro de agosto | 08:54

Desempleo y hambre marcan la realidad nacional

En la cuenta pública de ayer viernes, Sebastián Piñera tuvo que reconocer que actualmente en el país hay 1 millón 800 mil desempleados y 700 mil suspendidos, es decir, 2,5 millones de personas no están recibiendo sueldo en este momento. Una profunda crisis económica y también sanitaria en la que se va sumergiendo nuestro país y el mundo.

Con los recientes datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) se evidencia aún más la profunda crisis que vive el pueblo trabajador en Chile. Según las cifras del instituto el desempleo alcanzaría un 12,2% entre abril y junio del presente año, siendo así la peor cifra desde 1986, con 996.910 personas cesantes.

En esta misma línea se afirma que se han destruido alrededor de 1,7 millones de empleos en un año, presentando además una caída de un 23,5% en los empleos femeninos y una caída de 17,3% para el caso de los hombres. Todo esto mientras que las cifras de suspendidos de sus trabajos gracias a la ley de “protección” del empleo que votó hasta el Partido Comunista, indican que se aumentó a un 163,2%, llegando a representar un 18,1% de todos los ocupados, con un total de 801.800 personas.

Si tenemos en cuenta ambas cifras, los indicadores son mucho más catastróficos, con 1.798.710 familias que hoy no tienen ingresos en medio de la pandemia, las cuales desde ya deben ser muchísimas más, debido a que no se tiene en consideración las elevadas cifras de empleo –y desempleo- en trabajos informales.

Las declaraciones de la CUT y la letra chica

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, afirmaron desde su portavoz, Bárbara Figueroa (PC) que: "la situación en la que estamos no es producto de la pandemia, sino de malas decisiones del Gobierno. No se puede pretender que sean los trabajadores y trabajadoras los que una vez más tengamos que ceder a nuestras condiciones laborales con tal de garantizar la empleabilidad".

Ahora, ¿cuál es la letra chica de esta correcta denuncia? Figueroa afirma que: "hoy lo que se requiere, más que seguir entregando recursos a las empresas, es impedir que se sigan produciendo despidos; que las empresas que han optado por la suspensión del contrato [por medio de la Ley de protección del empleo] se establezcan mecanismos para impedir que luego despidan igual a los trabajadores". Es decir, que para la CUT quedarían fuera 996.910 personas, de las cuales se encuentran cesantes por diversas razones.

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Como si esto fuera poco, se debe destacar que la ley que hoy tiene a más de 801.800 familias sin sus salarios, fue votada justamente por seis de los compañeros de militancia de Bárbara Figueroa en el Partido Comunista, con los votos de Boris Barrera, Amaro Labra, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Camila Vallejo y Marisela Santibañez, quienes se sumaron a la UDI a aprobar la mal llamada Ley de “protección” del empleo.

¿Y qué dice el gobierno?

Con estas históricas cifras el gobierno lo único que propone es aumentar el seguro de cesantía, el mismo que llamaron a ocupar y vaciar al inicio de la crisis, para que el pueblo trabajador y pobre se las arreglara con sus propios ahorros para paliar el hambre y la cesantía, afirmando escuetamente que “en los próximos días debiera seguirse viendo en el Congreso la ley que mejora el Seguro de Cesantía, que va a permitir que un universo muy importante de personas que hoy está desempleada pueda acceder a este en condiciones que hoy no puede”, según ha declarado el titular subrogante del Trabajo, Fernando Arab.

¿Y siquiera hay posibilidad de repunte?

El economista y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, afirma que: "Vamos a quedarnos con las cifras del Banco Central, que postula una caída este año del PIB del orden del 7 por ciento, y para el año que viene, un repunte de 5; no va a compensar todo lo que cayó, entonces no sería hasta el 2022 que se recuperaría la producción, en ese momento es cuando volveríamos a las cifras de empleo que teníamos antes de la crisis".

Es decir, las cifras de desempleo seguirán aumentando, y no se recuperarán dentro de dos años. No son sólo cifras. Son familias que no tendrán trabajo –y posiblemente tampoco cuenten con ingresos- por más de dos años.

Que las palabras no se las lleve el viento

Coincidimos con Bárbara Figueroa cuando afirma que "la situación en la que estamos no es producto de la pandemia, sino de malas decisiones del Gobierno. No se puede pretender que sean los trabajadores y trabajadoras los que una vez más tengamos que ceder a nuestras condiciones laborales con tal de garantizar la empleabilidad". Sin embargo, para que estas palabras no se las lleve el viento y quede en un discurso vacío, se debe organizar concretamente una medida que nos permita no sólo prohibir y detener los despidos en las empresas que se acogieron a la ley que su mismo partido votó en unidad al gobierno, sino que imponer la prohibición de todos los despidos en medio de la pandemia.

Es más, las cifras son tan escabrosas que debemos ir aún más allá, y que quienes han sido despedidos y suspendidos por la ley de protección del empleo sean reincorporados y que su sueldo se les pague íntegramente. Hoy es una necesidad de primer orden derogar la ley de “protección” del empleo, así como el Art. 161 del Código del Trabajo que permite los “despidos por necesidades de la empresa”.

Y no se puede decir que plata no hay para esto, puesto que calculamos que con las ganancias de Minera Escondida –por dar un ejemplo- podrían costearse rentas de $500mil por 7 meses para 250.000 familias. Sólo con Minera Escondida.

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Para que las palabras no se las lleve el viento, la CUT, así como los grandes sindicatos –como los sindicatos mineros- y organizaciones de trabajadores, pobladores y estudiantes, deben llamar a un paro nacional, para detener completamente todos los trabajos no esenciales, y parar así los contagios de trabajadores y pobres que sólo son útiles para engordar los bolsillos de los amigos de Piñera y cia. La CUT debe asumir esta tarea, o no sólo sus palabras serán discursos vacíos para las cámaras, sino que le seguirá dando la espalda al conjunto del pueblo trabajador y pobre que hoy paga los platos rotos en Chile.






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