Géneros y Sexualidades

EDUCACIÓN

ETS en la juventud y la necesidad de educación sexual de calidad

La preocupante cifra de VIH y diversas enfermedades de transmisión sexual abre muchos cuestionamientos en cuanto al cuidado, la salud y la misma educación que se imparte en colegios y liceos.

Javier Ilabaca

Militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios

Viernes 30 de noviembre

El aumento del 34% de casos de VIH entre los años 2010 y 2016, la poca cantidad de campañas de prevención y la falta de educación sexual en los colegios nos debería llevar a cuestionar cual es el verdadero origen del problema de las ETS en nuestra sociedad.

Proporcionalmente, son los jóvenes los que más se han infectado con VIH entre 1999 y 2013: el grupo etario de 15 a 19 años aumentó en un 125%. Esto, según la Organización Mundial de la Salud. Este fenómeno también responde a la falta de campañas de prevención y a las dificultades para realizarse el test que detecta el virus.

¿Qué sucede con la educación sexual?

Recién en la década del sesenta se institucionalizó por primera vez la educación sexual como práctica pedagógica al interior de las escuelas públicas, que si bien tenía solo como objetivo promover la planificación familiar, marcaba un hito al ser un primer paso en el abordaje de la sexualidad en el sistema educativo. Sin embargo, este proceso se interrumpió durante la dictadura militar, período en que fue censurada toda acción educativa relacionada con el aprendizaje en esta área, constituyéndose como un retroceso para la época.

En la década de los 90’s se abrió una nueva iniciativa desde el Ministerio de Educación, se trata de las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, estas surgieron como un intento de abrir espacios de diálogo y aprendizaje en torno a materias de afecto y sexualidad en la comunidad educativa, sin embargo, como fue de esperarse, la derecha conservadora de la mano con la iglesia presionaron para que se dejen de impartir estas enseñanzas.

Después de dos décadas, solamente existe un documento oficial del Ministerio de Educación llamado “Programa en Educación Sexual, Afectividad y Género”, cuyo objetivo es entregar nociones generales a los establecimientos educacionales para que cumplan con lo exigido en la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.

Dicha normativa establece que “toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial”. Esto, a través de la obligatoriedad de que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado implementen un programa de educación sexual en el nivel de enseñanza media. Pero hoy existen serias dudas sobre el porcentaje de escuelas que estarían implementando en la realidad un programa de educación sexual, aun cuando es exigido por ley. La razón de este desconocimiento radica en que no se poseen datos oficiales al respecto y la Superintendencia de Educación tampoco da cuenta de acciones fiscalizadoras en este sentido.

Frente a las cifras de aumento de ETS y además el embarazo adolescente, resulta evidente que la ley N° 20.418 ha sido ineficiente. Primero, porque la responsabilidad de construcción e implementación de un programa de educación sexual recae únicamente en los colegios y liceos, sin importar las reales capacidades y recursos que poseen, especialmente sus profesores y profesoras; porque en la educación sexual también existe un vacío en la etapa de formación docente, tanto a nivel universitario como el que se desarrolla durante el ejercicio profesional. Con tales antecedentes, ¿es justo que les exijamos a las y los profesores generar aprendizajes en sus estudiantes sobre un tema que no se les ha enseñado a abordar?

Aparte, es importante mencionar lo extemporáneo de esta ley, pues junto con reducir la educación sexual a la regulación de la fertilidad, restringe su público objetivo solamente a jóvenes de nivel secundario, dejando grandes vacíos para que los y las estudiantes reciban herramientas a lo largo de toda su trayectoria educativa que les permita no solo prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados, sino que también puedan cuestionar y derribar aquellos patrones culturales que estigmatizan, vulneran y discriminan.

Así, la posibilidad de contar con una política pública de Estado permanente sobre educación sexual se constituye en una oportunidad para avanzar en diversas áreas, las cuales serían: ampliar el aprendizaje a través de la inclusión de la perspectiva de género en el currículo actual; prevenir el abuso sexual infantil por medio de la incorporación de contenidos pedagógicos asociados al desarrollo de habilidades de autocuidado y de protección desde la primera infancia; promover la toma de decisiones de manera autónoma sobre proyectos de vida; prevenir la violencia de género; propiciar el respeto y la inclusión de la diversidad sexual; consolidar la alianza existente entre el sector educativo y el de la salud para robustecer los contenidos proporcionados en las aulas, y garantizar el acceso oportuno, efectivo y gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva en niños, niñas y jóvenes. Por mencionar tan solo algunos efectos concretos posibles en el mediano y largo plazo.

Quedan en evidencia los distintos nudos críticos que posicionan a la educación en sexualidad como un desafío pendiente en nuestro sistema educativo, el cual a pesar de las constantes exigencias del movimiento estudiantil, sigue siendo servil al mercado.

Frente a estos hechos concretos, es necesaria la educación gratuita, de calidad, no sexista y que incluya educación sexual desde temprana edad. Pues en la actualidad los sectores más precarizados de la educación son los que sufren la estigmatización por tener como resultados embarazos adolescentes, más exposición irresponsables a diferentes infecciones de transmisión sexual.

Aparte de esto, es necesario que el Estado se haga cargo en impartir programas de salud sexual de acceso gratuito efectivo para todos, garantizar exámenes y tratamientos, además de campañas de prevención para combatir el VIH, otras ETS y el embarazo no deseado.






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