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El Salvador: cacería de brujas contra mujeres que abortan

Mujeres y niñas en El Salvador cumplen condenas de 30 a 40 años por abortar, aún cuando el embarazo representa un riesgo para su vida.

Miércoles 14 de marzo | 15:58

En El Salvador existe penalización absoluta del aborto y sus crudas consecuencias comenzaron a adquirir protagonismo en los medios de comunicación hace año y medio a raíz del caso de Beatriz, una joven de 22 años embarazada de un feto anencefálico y las 17 mujeres que todavía esperan ser indultadas mientras cumplen condenas de hasta 40 años de cárcel.

El grupo de Las 17 son mujeres condenadas entre 1999 y 2011 con penas de hasta 40 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, la mayoría por el cargo de homicidio agravado. A pesar de que no existen datos estadísticos oficiales disponibles, Amnistía Internacional calcula que al menos cinco mujeres más se encuentran actualmente en espera de sentencia por cargos parecidos relacionados con el embarazo.

En abril, Las 17 pasaron a ocupar el centro de una campaña global cuando, tras años de esfuerzo y una vez agotadas todas las demás vías legales, sus abogados solicitaron el indulto presidencial.

Así, continúa el debate sobre la legalización del aborto terapéutico. En los últimos años las mujeres salvadoreñas han opinado sobre el tema, también han contado sus experiencias y, en definitiva, se encuentran en el camino de romper tabúes en una sociedad que las criminaliza, bajo un Estado que las reprime y castiga, mientras la Iglesia –fundamentalmente católica las acusa de “asesinas”. Sus voces reclaman las muertes y la persecución de mujeres en el país.

El presidente Salvador Sánchez Cerén, propuso en 2017 una reforma para permitir la interrupción del embarazo en dos supuestos —que la vida de la madre corra peligro o que el embarazo sea fruto de una violación—, pero el proyecto de ley no prosperó en el Congreso. Los medios al servicio de su gobierno resaltan la liberación de Maira Verónica Figueroa, una salvadoreña sentenciada a 30 años por homicidio tras sufrir un aborto. Afirman “ha sido puesta en libertad este martes después de que las autoridades del país centroamericano redujesen su condena.”

Lo que deberían decir los titulares es el tiempo robado a Maira y las demás mujeres condenadas por decidir sobre su cuerpo, en donde algunos casos son abortos no inducidos, aún cuando el embarazo representa un riesgo para su vida.

Cabe señalar que El Salvador es un país sumamente conservador, donde la influencia de la iglesia católica se extiende a la toma de decisiones políticas y con representación en partidos políticos. En la década de 1990, en los inestables años de reconstrucción del país tras un decenio de guerra civil, la iglesia dirigió una campaña que tuvo como consecuencia la prohibición absoluta en 1998.

Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, grupo de defensa radicado en El Salvador, 129 mujeres fueron procesadas en el país entre 2000 y 2011 por delitos relacionados con la interrupción del embarazo. De ellas, 23 fueron declaradas culpables de someterse a una intervención ilegal y 26 de homicidio.

A nivel mundial se estima que anualmente ocurren 46 millones de abortos en el mundo; el 26% de todos los embarazos, o sea uno de cada cuatro terminan en aborto provocado, y que anualmente, una de cada 28 mujeres de 15 a 45 años de edad se hace un aborto en el mundo. En América Latina el 80% de esos abortos se realizan en condiciones de alto riesgo y son responsables por una alta proporción de las muertes relacionadas con el embarazo y por un número mucho mayor de mujeres que sufren secuelas graves como esterilidad y dolor pélvico crónico.

En 2016, la Policía Nacional Civil de El Salvador registró 3.947 denuncias de ofensas sexuales, de las cuales 1.049 fueron casos de violación; 1873 de las víctimas eran menores o clasificadas como incapacitadas, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

El pasado 8 de marzo una segunda convocatoria del Paro Internacional de Mujeres se impulsó en por lo menos 150 países por los derechos de la mujer, donde luchar por educación sexual, por acceso a los métodos anticonceptivos para las mujeres más pobres y para las adolescentes, y donde conquistar la despenalización del aborto debe seguir siendo clave de la agenda de las mujeres y de las organizaciones sociales en países como El Salvador.






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