SEMANARIO

El conformismo o una política basada en la fuerza estratégica de la clase trabajadora

Juan Valenzuela

El conformismo o una política basada en la fuerza estratégica de la clase trabajadora

El conformismo o una política basada en la fuerza estratégica de la clase trabajadora

Juan Valenzuela

Si leemos el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas (LOCFFAA), impulsado por el gobierno, la razón para militarizar la “infraestructura crítica”, es el “recrudecimiento de la violencia, el vandalismo, saqueos y afectaciones al orden público”. Pero eso no es más que un lugar común criminalizador.

Lo que explica realmente este empeño, es el temor que les produjo la huelga general del 12 de noviembre y su afán de conservar los privilegios de los grandes grupos económicos y las transnacionales. A nuestro modo de ver, que ocurran este tipo de decisiones, es un síntoma claro del retorno de la lucha de clases. Esto, reabrirá una serie de discusiones estratégicas. ¿Qué peleas hay que dar y cómo darlas para lograr las aspiraciones del pueblo trabajador?

Estado y Fuerzas Armadas

Recientemente, Sebastián Farfán, militante de Convergencia Social, escribía en la edición digital de la Revista Rosa que “la máxima muestra de la fortaleza del Estado está en la capacidad de uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en caso de necesidad [...] Las FFAA siguen actuando como el garrote tras la pérdida de hegemonía social y política. Recuerdo a todos que el martes 12 y miércoles 13 no eran pocas las amenazas veladas desde estos sectores y más explícitas el jueves en la mañana cuando sacaron a mostrar a los soldados en diversos lugares, sobre todo de la quinta región.”

Efectivamente, como venimos desarrollando en Ideas Socialistas, la respuesta del gobierno luego del 18 de octubre ha implicado importantes tendencias a la bonapartización, a una actuación cada vez más “incontrolada” del aparato militar (los días de toque de queda) y policial (hasta ahora). Y aunque después del 12 de noviembre decidió darle primacía al aspecto “consensual” de su política (al menos frente a las cámaras) a través del pacto constitucional, el aspecto coactivo no ha dejado de estar presente, como se ve en la agenda legislativa antimanifestaciones y en el mismo proyecto de reforma a la LOCFFAA.

En la lógica de Farfán, el factor de poder militar implica que necesariamente tenemos que negociar con el gobierno. “Si asumimos que el enemigo no será aplastado, es lógico que se tenga que abrir la posibilidad de acuerdos en ciertos puntos, al menos desde las fuerzas de izquierda.” Farfán concluye que “la salida de Piñera, no implicaría una derrota absoluta para la clase dominante, sino incluso la aplicación de medidas más duras contra el pueblo.” El título de su artículo es bastante explícito: El acuerdo es un paso importante y necesario (aunque no nos guste).

Este discurso que busca imponer “la medida de lo posible”, rechaza la posibilidad de una salida por fuera del régimen. Para apostar a realizar los cambios, según Farfán, la clave está en que el PC y el Frente Amplio trabajen más juntos, “generando avances parlamentarios y potenciando las calles sin miedos.” Según él, “el acuerdo en sí mismo, aun en las visiones más moderadas, es imposible que se sostenga sin calle y en las visiones más maximalistas, debiese ser superado por la misma calle.” Farfán no quiere esta superación, por supuesto. La calle debe ser un medio para presionar al Congreso y los poderes existentes, pero no el germen de un poder alternativo. Los avances políticos, en esta visión, dependerán del actuar de los partidos de izquierda, especialmente los que tienen representación parlamentaria:
“Parto defendiendo el rol mediador y de responsabilidad que tienen las organizaciones políticas en las luchas sociales [...] Defiendo también la necesidad de lecturas colectivas y asumir costos en negociaciones si esto hace falta [...] En el caso de la izquierda actual en Chile defiendo con fuerza una izquierda que actúe desde abajo, pero que también actúe con incidencia desde arriba y que, en ese movimiento de pinzas, genere avances políticos para el pueblo. Esto es más agudo aún para fuerzas con representación parlamentaria”.

Farfán no deja de reconocer que “se provocó un desajuste entre lo de abajo y lo de arriba. Lo social no se vio claramente representado en el movimiento (necesario del Frente Amplio) en torno al acuerdo.” El acuerdo, pese a lo que tiene de avance, sería ilegítimo, según reconoce el propio Farfán. Pero su escrito, en vez de polemizar con los partidos del Frente Amplio que sostuvieron el acuerdo, está más preocupado de demostrar la necesidad del conformismo de “los de abajo” con el pacto de “los de arriba”. Para él, decir que “el enemigo no será aplastado” y que hay que negociar con éste, constituye la mayor “sabiduría estratégica”.

El problema es que el escenario actual implica que mientras se pacta la “paz” y la “nueva constitución”, la represión policial continúa y Piñera persiste en ampliar tanto las facultades de las Fuerzas Armadas como sus facultades como presidente de la república. Su proyecto de modificación a la LOCFFAA dice que finalmente, “se define que la exención de responsabilidad penal aplicable al personal militar que defiende infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional”. En otras palabras, el accionar de los soldados –por ejemplo la decisión de abrir fuego mortífero o no- estará regulado por el decreto presidencial y no por el derecho común.

¿Acaso este “estratega” de Convergencia Social no ve que de su propio argumento de que “las FFAA siguen actuando como el garrote tras la pérdida de hegemonía social y política” se desprende la conclusión de que estamos ante el fortalecimiento de una restricción fáctica a cualquier intento de “apertura democrática”? ¿No es posible siquiera sospechar que hay trampa o “cocina” si de manera simultánea al diálogo constitucional se quieren ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas y las facultades del presidente de la república? Esto es invisible sólo para quienes separan el ámbito del derecho del ámbito de la fuerza. Sólo desde acá se puede defender una estrategia que usa las movilizaciones para presionar por arriba y que espera que las cosas se resuelvan en la arena institucional y constitucional sin responder a los desafíos que impone el desenvolvimiento de los poderes efectivos.

Piñera y las "posiciones estratégicas"

El gobierno es mucho más “estratega” cuando señala que “resulta de especial preocupación la infraestructura crítica que da soporte y permite el normal desenvolvimiento y desarrollo del país, toda vez que cualquier amenaza deliberada a ésta, afecta, en definitiva, la seguridad de la Nación”. Por su puesto, la imagen de unas "turbas sin control" es sólo una exageración justificatoria, pero hay peligros más reales que el gobierno presiente.

Leemos que el concepto “infraestructura crítica” incluye “la infraestructura energética, redes y sistemas de telecomunicaciones, infraestructura de servicios sanitarios, hospitales, centros de abastecimiento, puertos y aeropuertos. La protección incluye los bienes inmuebles, equipos y sistemas que sean necesarios para el funcionamiento de la infraestructura crítica”. Acá también aplica la lógica presidencialista-bonapartista: “el decreto que dicte el Presidente de la República deberá señalar en particular cuál es la infraestructura crítica que se debe proteger”.

Es productivo para el análisis hacer una comparación entre la noción de “infraestructura crítica” presente en la reforma legal de las fuerzas armadas que propone el gobierno y el concepto de posición estratégica desarrollado por el historiador John Womack. Este último, reelaborando las argumentaciones de otro intelectual, Dunlop, define como “posiciones estratégicas” “cualesquiera que les permitieran a algunos obreros detener la producción de muchos otros, ya sea dentro de una compañía o en toda una economía." [1]

Womack enfatiza mucho que es “una idea que va más allá de las “relaciones sociales en la producción”; simplemente la idea de las relaciones industriales o materiales o técnicas de la producción”. A nuestro modo de ver, este énfasis de Womack en el poder derivado de factores técnico-productivos, puede ser una clave de lectura de la nueva medida bonapartista del gobierno.

Si Piñera está introduciendo el concepto de “infraestructura estratégica” o “crítica” es porque busca evitar que la lucha de clases impacte en puntos estratégicos como en Bolivia. Matías Maiello escribía recientemente en la revista Ideas de Izquierda del PTS, sobre el proceso de 2003 que tumbó a Sánchez de Lozada, que “la planta de Senkata de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), situada en el Distrito 8 de El Alto, es un punto estratégico. De ella depende el abastecimiento de nafta y gas licuado de todo el departamento de La Paz en el que se concentra el centro político y una parte considerable de la población y la actividad económica del país. No casualmente, en la “guerra del gas”, el gobierno de Sánchez de Lozada buscó con todas sus fuerzas (policía y ejército) romper el aislamiento de La Paz y reabrir el abastecimiento de combustible desbloqueando la planta de Senkata. Esta ofensiva realizada el 11 y 12 de octubre de aquel año tuvo que enfrentar la enorme resistencia del pueblo alteño, junto con los mineros de Huanuni y los campesinos. A pesar de la represión que dejó un saldo de al menos 26 muertos, el operativo militar fue derrotado, el levantamiento de características insurreccionales se profundizó y se extendió a los barrios populares de La Paz. Pocos días después Sánchez de Lozada caería.” Recientemente, estuvo planteado que se repitiese un escenario así, en el contexto de la resistencia contra el golpe de Áñez. Miles de trabajadores, campesinos y sectores originarios, bloquearon los accesos de YPFB, haciendo incluso pozos en la ruta con el fin de evitar el paso. Por esa razón, el 19, el gobierno decidió reprimir. “Al día siguiente miles de personas llegaron desde distintos puntos de El Alto hasta Senkata donde se desarrolló un masivo cabildo abierto, al que arribó una columna de manifestantes que venía desde Potosí, y los representantes de las 20 provincias de La Paz. Este cabildo votó por aclamación la renuncia de la autoproclamada presidenta Áñez y un llamado a todo el país a luchar contra el golpe. El jueves 21, una multitud se movilizó desde Senkata hasta La Paz cargando a sus muertos, a la que el ejército y la policía se encargaron de reprimir mostrando el desprecio racista de la dictadura. Mientras tanto, topadoras avanzaban contra los bloqueos en la zona de Senkata para liberar el camino que lleva a la planta de combustibles, a la vez que otros distritos se iban sumando a los bloqueos en El Alto y se radicalizaron las medidas.”

Maiello indica que este hecho constituye “una importante lección de estrategia”. Escribe que “una de las encrucijadas que atraviesa a muchos procesos actuales es cómo superar el estadio de acciones de resistencia o actos de presión extrema. Uno de los grandes escollos en este camino es que la clase trabajadora que controla las “posiciones estratégicas” que hacen funcionar la sociedad (el transporte, las grandes industrias y servicios) se encuentra dividida y encorsetada por diferentes burocracias que, salvo excepciones puntuales, le impiden echar mano a esta fuerza capaz de quebrar en forma decisiva el orden burgués, e interviene diluida en “el pueblo” en general.

En Chile se ha expresado ambas cuestiones: tanto el potencial de las posiciones estratégicas como el límite que le imprimen las burocracias sindicales. Hasta ahora, el 12 de noviembre ha sido quizá el punto más alto de la lucha: es cuando comenzó a aparecer la fuerza de la clase trabajadora, con una huelga que en palabras de CIPSTRA “ha sido la paralización con mayor masividad y repercusión económica que se haya realizado en el país desde el retorno a la democracia en 1990, y posiblemente desde el golpe de Estado de 1973.” Según el mismo informe, además de la paralización, “ocurrieron en por lo menos 24 ciudades, en avenidas
estratégicas para la circulación de vehículos de trabajadores, y en las horas punta (de 6:30 a 8:00 am), observándose la mayoría en Santiago seguido de las principales capitales regionales. Además, en las ciudades intermedias y pequeñas los cortes se produjeron en las carreteras de acceso -paradigmáticamente en la ruta 5- y de conexión con las ciudades principales de la región, así como también en las vías de acceso a lugares de producción importantes, como puertos y centrales de generación eléctrica.” Paralizaron los puertos. Se trata de posiciones estratégicas. Comprendámoslo a través de las palabras que un gerente portuario decía en julio de este año: “Entre US$15.000 y US$20.000 es el costo diario de operación de un barco que se encuentra a la gira esperando desembarcar mercadería. Las pérdidas se inician desde el primer minuto y aumentan conforme pasan los días, afectando la cadena logística no sólo desde el punto de vista económico, también en los tiempos de planificación, abastecimiento y todo el proceso productivo como tal”

El metro por su parte, utilizado por dos millones 900 mil habitantes de Santiago diariamente, también es un servicio estratégico. Los daños que sufrió el servicio durante las jornadas de revuelta, son relevantes no sólo por la oscuridad de sus circunstancias, sino por el impacto concreto en la jornada laboral de casi todos los trabajadores de la ciudad. Las dificultades para volver a la casa, han generalizado en muchos lugares de trabajo la práctica de “sacar el mismo trabajo en menos tiempo” y abren el debate de sí no debería ser la nueva normalidad trabajar menos. En malls donde han querido imponer el horario contractual, ha habido manifestaciones en rechazo de parte de los trabajadores.

No es difícil imaginar el papel que podrían cumplir los trabajadores del Metro y de Transantiago en una lucha por la reducción de la jornada laboral incluso menos que a 40 horas, a costa de las ganancias de los propios empresarios. Tampoco es difícil imaginar que pasaría si se extendiera la huelga en lugares como los puertos –o las minas o en el sector de las finanzas. Tampoco es difícil imaginar qué hubiese pasado si se extendía la huelga general del 12 de octubre. El límite acá fue que las burocracias sindicales mantuvieron la rutina de peleas parciales. Por eso no se pasó de la “protesta” o “resistencia” a una ofensiva.

Si en la reflexión de Farfán decir que el enemigo no será aplastado es un a priori, es porque no visualiza el rol que puede tener la clase trabajadora precisamente producto de su ubicación en las posiciones estratégicas. Por eso “negociar aunque no nos guste.”

Nosotros hemos defendido un programa de autoorganización e impulsamos la consigna de huelga general, precisamente porque vemos la fuerza que se desprende de esta posición material de ciertos sectores de trabajadores. Ante el desvío que busca imponer el gobierno y quienes firmaron el acuerdo constitucional, desarrollar todos los métodos que pongan en movimiento la fuerza de la clase trabajadora es una clave: por eso, hoy decimos que es necesario que Unidad Social convoque a un nuevo paro y discutir desde las bases un plan escalonado de lucha para conquistar nuestras demandas. Podemos conquistar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que suprima la figura del presidente de la república con sus facultades cuasi monárquicas y que le otorgue derecho a voto a todos los mayores de 14 años, donde no exista el poder de veto de los 2/3 y las medidas se aprueben por mayoría simple, donde puedan ser electos dirigentes sociales y sindicales. Pero realizar esta conquista democrática es imposible si de antemano partimos derrotados como Farfán y decimos que la salida de Piñera puede significar la “aplicación de medidas más duras contra el pueblo”.

Eso es meter miedo sin ver la fuerza que tenemos y que se empieza a expresar. Existe la fuerza estratégica de la clase trabajadora que puede hacer palidecer muchas de sus técnicas represivas, por eso el gobierno ve que desde esos puntos se pueden afectar la seguridad nacional y el Estado. Pero sólo habla de vandalismo. Quiere ocultar el fantasma de una huelga general que podría haberse desarrollado desde el 12 de noviembre y el contagio de Senkata. Quienes escribimos en Ideas Socialistas y La Izquierda Diario luchamos por poner en pie una estrategia política que confíe en el potencial de la clase trabajadora en alianza con las masas oprimidas. Desde esa fuerza podremos ir por todo y no conformarnos siempre con migajas.

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NOTAS AL PIE

[1Womack, John; Posición estratégica y fuerza obrera, p. 50
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Juan Valenzuela

profesor de filosofía - Partido de Trabajadores Revolucionarios
profesor de filosofía - Partido de Trabajadores Revolucionarios
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