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Entre las trampas constitucionales y la lucha de clases: los intelectuales frente al acuerdo por la paz

Juan Valenzuela

Entre las trampas constitucionales y la lucha de clases: los intelectuales frente al acuerdo por la paz

Entre las trampas constitucionales y la lucha de clases: los intelectuales frente al acuerdo por la paz

Juan Valenzuela

Durante esta semana que termina, en el mundo académico, se inició un debate frente al “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado por los partidos de gobierno, la ex Concertación y el PL, RD y Gabriel Boric del Frente Amplio. ¿Es una trampa o una oportunidad inédita de expresar la voluntad del pueblo como dicen sus defensores?

I

Se han destacado dos sectores. El primero, defensor del pacto, elaboró la carta titulada El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” no es una trampa, que fue publicada el lunes en CIPER. Firman 262 profesores y profesoras (entre los cuales Fernando Atria es uno de los más mediáticos).

El otro sector, contrario al pacto, elaboró el texto titulado La trampa jurídica de una lucha social: respuesta a la declaración de profesores de Derecho y Ciencia Política, firmada por 145 académicos (Alejandra Castillo, Gabriel Salazar, Sergio Grez, María Emilia Tijoux entre los más conocidos), publicada en la misma plataforma.

El sector de académicos que defiende el pacto da un argumento en apariencia democrático: “ninguna Constitución ha sido el producto de la voluntad del pueblo”. Ahora tendríamos la “posibilidad de crear una Constitución mediante un proceso democrático” lo que en su visión “constituye un logro inédito en la historia”. La respuesta del otro sector de académicas/os, rebate que esa mirada “no da cuenta de la construcción histórica compleja de los procesos y pone en evidencia elementos no presentes en un debate monopolizado por los alcances jurídicos y no sociales e históricos”. Esta omisión de argumentos “éticos y políticos” y su estrechez jurídica, lleva a las y los académicos que apoyan el pacto, a silenciar que “el Acuerdo por la Paz se ha firmado por sobre la violación de los Derechos Humanos que ha cometido la represión brutal de las Fuerzas Especiales de Carabineros en las protestas, marchas y concentraciones que se han hecho a lo largo del país”. Denuncian que Piñera “establece la violencia” como condición de paz, y una campaña del medio desde los medios de comunicación. Y, más de fondo, señalan que un órgano constituyente que busca expresar la soberanía popular, “por definición no puede estar normado desde fuera”.

Con eso, se contraponen al embellecimiento que realizan los 262 académicos favorables al encuentro que celebran el quórum de 2/3 que para ellos buscaría que la Constitución “sea el producto de grandes acuerdos”. Sólo así lograríamos que la “Constitución sea el producto de la voluntad de grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular”. Por el contrario, los 145 académicos críticos plantean que un órgano verdaderamente constituyente “es el llamado a definir autónomamente los quórums y todas las materias relativas a la nueva constitución”, pues “de lo contrario, deja de ser constituyente y pasa a ser constituido, en este caso por la fuerzas políticas actualmente representadas en el parlamento”.

Efectivamente, el hecho de que el acuerdo por la paz contemple la formación de una comisión técnica paritaria entre la oposición y el oficialismo para determinar los aspectos indispensables para materializar lo pactado; la supeditación de la elección de los participantes de la Convención al mismo sistema electoral que rige actualmente en las elecciones de diputados y la declaración explícita en el acuerdo de que la Convención en cualquiera de sus dos formas no afectará las competencias y atribuciones de los demás órganos del Estado, son muestras que revelan de manera contundente un respeto por el “poder constituido”. Y además, aunque parezca de perogrullo, por mucho que hablen de una "hoja en blanco", la institucionalidad existente y las relaciones de propiedad que hacen al poder de los grandes grupos económicos y transnacionales, no se quedarán "en blanco". Muy por el contrario, seguirán operando con todo su poder.

Las/os 145 intelectuales críticas/os plantean que el problema del acuerdo es que mantiene invisibilizado al pueblo. No se consideran a los “movimientos sociales como interlocutores válidos para la discusión, debate y firma del acuerdo.” Para ellas y ellos “la democracia es el pueblo y no sus instituciones”. “El pueblo soberano debe constituirse en el proceso y la Asamblea Constituyente es la forma que hoy la calle exige, no otra cosa”. “La soberanía popular debe ser respetada”. “El pueblo chileno ya se ha constituido”. Lo que queda por responderse, es cómo se puede hacer efectiva esa soberanía.

II

Aquí llegamos a un punto decisivo. Estamos frente a dos conceptos de democracia. El primero, lo propone el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” que se autodefine como un “procedimiento inobjetablemente democrático”.

¿Inobjetable en qué sentido? Si consideramos la serie de límites que tendrá la Convención en cualquiera de sus dos formas, es claro que “inobjetable” quiere decir “adecuado a las expectativas de la derecha” y “respetuoso de las reglas del régimen”. Por eso Andrés Allamand, senador de Renovación Nacional, en El Mercurio, planteó que el quórum de 2/3 “es la garantía de que vamos a tener una Constitución de consenso, que nadie le va a pasar la aplanadora al otro y que nadie va a poder imponer contenidos a la otra parte”. Acá, el término “democracia”, debe leerse como un respeto de los equilibrios de los partidos y conglomerados dominantes. Si vamos a cambiar la constitución, según este sector, debemos hacerlo de tal manera que sea acordado con los administradores de la herencia social y económica de la dictadura. A eso se refieren con “salida institucional” en el documento “Acuerdo por la Paz”.

El concepto de democracia propuesto por los 145 académicos y académicas firmantes de la respuesta crítica, es contrapuesto desde el momento que define que la democracia es el pueblo y no sus instituciones. En este contexto, el planteamiento de Asamblea Constituyente es propuesto como una demanda democrática radical que tiene el fin de lograr la expresión de la voluntad del pueblo, sin supeditarse a las reglas impuestas por quienes ejercen el poder desde las instituciones existentes. A eso apunta el imperativo "la soberanía popular debe ser respetada”.

Pero la pregunta es cómo hacer que ese imperativo se realice. Cómo hacer que la soberanía popular o el “poder constituyente” de la calle predomine sobre los intereses de los grandes grupos económicos y el personal político a su servicio. Cómo se cumple el “debe”. Porque salvo que esperemos que mágicamente este gobierno “recapacite” y se ponga del lado del pueblo, los trabajadores y la juventud, tenemos preguntarnos sobre la estrategia para vencer. O que pensemos que basta con que las masas permanezcan en las calles movilizadas mientras "los políticos" deciden por arriba. Hacernos esta pregunta es más necesario aún, teniendo en cuenta los niveles de represión con los cuales han respondido la rebelión, que revelan de antemano que el Estado responderá con intransigencia a las demandas del pueblo trabajador.

III

Es justamente haciéndonos esta pregunta que nos topamos con el límite en la imaginación de este debate que involucra al mundo académico. Los críticos al acuerdo son capaces de recordar que el “Estado con política social” –en sus términos- fue una conquista del conjunto de sujetos históricos. Para el momento actual, imaginan la posibilidad de que los “movimientos sociales” hubiesen podido ser “interlocutores válidos para la discusión, debate y forma del acuerdo”. De su texto puede desprenderse que era posible “torcer más hacia la izquierda”, por así decirlo, las negociaciones del proceso constitucional sin ninguna de las trabas que aceptaron Boric, RD y el Partido Liberal, en el caso de que se hubiese peleado por sentar en la mesa a los movimientos sociales. Pareciera ser que lograr que la soberanía popular sea respetada, depende de presionar por la interlocución. En esta visión, quizá se cuestiona el régimen, la “forma” del Estado y sus instituciones, pero se acepta jugar en el Estado.

Pero hay otro camino que tiene que ver con reunir las fuerzas necesarias para realizar efectivamente la voluntad popular. Un camino que comprende que sólo la fuerza de la clase trabajadora puede ampliar las perspectivas de la lucha. Es el camino de la huelga general con el despliegue de los trabajadores de las ramas estratégicas como la minería, los puertos o las forestales, en coordinación con la juventud y los sectores populares. Es el camino que podría desequilibrar las cosas a favor del pueblo. Es decir, para que se realice el “poder constituyente” hay que superar el estadio de revueltas y de movilizaciones ciudadanas y apostar porque se haga sentir el poder de la clase trabajadora. Podemos decir mil veces que "se debe respetar" la soberanía del pueblo, pero si no pensamos en los medios de lucha y la fuerza social para realizar ese objetivo, no estaremos más que enunciando nuestro deseo.

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Hasta ahora, el mayor obstáculo para que esto ocurra, son las burocracias sindicales controladas por el PC y el Frente Amplio.

Cuando hay grandes encrucijadas en desarrollo, de cuya salida depende el destino de millones de trabajadores y trabajadoras, estudiantes y mujeres, la estrategia revolucionaria recomienda no escatimar recursos. Pasa por ir más allá de la lógica de presionar para generar interlocución y porque nos hagamos sujetos de nuestro destino. Pasa por superar a las burocracias sindicales y su rutina. Hay que llamar a un paro general por 48 horas o más y realizar un plan de lucha que nos sirva para preparar una huelga general para lograr que el gobierno de Piñera se vaya de una vez y convocar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde discutamos un plan de urgencia para terminar con la herencia de la dictadura, con las AFP, los sueldos bajos, el subcontrato. También es necesario movilizarnos por el castigo a los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos, civiles y uniformados.

Es un programa realista, en tanto existe un ánimo de movilizarse en la clase trabajadora que hasta ahora se ha expresado de manera controlada en los paros del 23 y 30 de octubre y sindicalmente en la huelga de los recolectores de basura. Es el desafío que quedó abierto después de la huelga general del 12 de noviembre, que confluyó con la protesta popular, y que ahora vuelve a ponerse en el centro con los llamados a paralización por la Unión Portuaria y la CUT. Para que esta fuerza se despliegue, hay que superar a las burocracias sindicales y su estrategia de luchar a "cuentagotas" con el único fin de sentarse a negociar.

Ahora bien, este programa es una ilusión, si no empezamos desde ahora a desarrollar las experiencias de autoorganización como lo es el comité de resguardo y emergencia de Antofagasta que coordina a trabajadores, pobladores y estudiantes y que ha asumido funciones defensivas de primeros auxilios y funciones jurídicas en una de las ciudades donde más intensa ha sido la represión policial, al mismo tiempo que se ha pronunciado a favor de una huelga general hasta que caiga el gobierno y ha participado en todo tipo de manifestaciones. Es en estas experiencias de autoorganización, donde trabajadores y estudiantes “comunes y corrientes” asumen funciones defensivas concretas en el terreno jurídico y en los primeros auxilios, de coordinación entre sectores, que podemos ver un ejemplo que, de propagarse nacionalmente, podría desequilibrar la balanza. Y es donde los marxistas vemos la hebra que une las luchas actuales con nuevas formas estatales que superen la representación puramente formal de los estados consagrados en las constituciones.

La realidad viene superando la imaginación. No es descabellado pensar que estas experiencias defensivas de coordinación, si ingresan las ramas estratégicas de la clase trabajadoras a la escena, se transformen en gérmenes de un poder de trabajadoras y trabajadores, que permita convocar a una Constituyente sobre las ruinas del régimen actual y preparar el terreno para un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo.

Prepararnos para vencer en este camino, construyendo un partido revolucionario de la clase trabajadora es una tarea ineludible.

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Juan Valenzuela

profesor de filosofía - Partido de Trabajadores Revolucionarios
profesor de filosofía - Partido de Trabajadores Revolucionarios
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