Internacional

PODER JUDICIAL

Estado español: la dictadura de la casta de las togas

En estos años que llevamos de crisis económica y política, el poder judicial está demostrando nuevamente su verdadera cara. El Tribunal Supremo, el Constitucional y toda la casta judicial están en el centro de la escena política decidiendo la vida de 48 millones de personas y sin que nadie les votara.

Guillermo Ferrari

Barcelona | @LLegui1968

Martes 6 de noviembre

Esta casta entronizada de por vida, ya sea por la elección de los partidos políticos que defienden al Monarca y al Régimen, ya sea por las familias del búnker franquista.

El bipartidismo está en crisis desde la aparición política del 15M y el movimiento de indignados y el hundimiento del PSOE y el PP por los casos de corrupción que se han sucedido uno tras otro. Tan grave es la crisis del bipartidismo que el Ibex35 está ensayando un recambio con la formación naranja de Rivera. El Congreso está divido entre la derecha y la izquierda, pero ninguna puede gobernar sin apoyo de las burguesías periféricas. De hecho, llevó un año investir a Rajoy y fue echado en menos de dos por la “coalición Frankenstein”.

Esta crisis ha dejado la monarquía por los suelos. Tanto es así que Juan Carlos decidió abdicar y probar una renovación con su hijo, una figura más “limpia y joven”. Sin embargo, la crisis económica ha desatado la acción de las masas también Cataluña, combinado con una crisis entre el búnker y la burguesía catalana. Esta crisis amenaza con llevarse por encima al nuevo monarca, cuyo discurso del 3-O junto con la represión del referéndum independentista del 1-O lo ha dejado mal parado.

Una monarquía que venía tocada por las “cacerías” el Rey emérito. Luego por el Caso Noos donde tan solo se condenó al yerno, dejando a la infanta inocente “por amor” y al Juan Carlos intocable como siempre. Con las grabaciones de Corina, que parece ser amante y testaferro de una de las mayores fortunas españolas, la de Juan Carlos y su familia.

La Justicia entra en acción

Ante la extrema debilidad del régimen y el enfrentamiento entre sectores burgueses, entra en acción el poder judicial. Algunos le llaman justicia, aunque no queda claro el por qué. El Tribunal Constitucional derriba el Estatut aprobado en referéndum (aunque con baja participación). El Constitucional ilegaliza el 9N y todas las leyes sociales que salieron del Parlament catalán.

El Tribunal Supremo se encarga de defender a la banca. Lesmes lo hizo parando la sentencia del juez que aprobaba que los impuestos de la hipoteca los paguen los bancos, para evitar que el Ibex35 siga cayendo. El mismo magistrado que saludó al juez fallecido este fin de semana por escribir páginas en la historia de España con la famosa causa del juzgado nº 13 de Barcelona.

Es el mismo tribunal supremo que está juzgando a los presos políticos catalanes con acusaciones de rebelión y sedición. Que acusa a los dirigentes políticos catalanes de una violencia tan mínima, que podríamos decir que en cualquier campo de fútbol pasan cosas peores cada fin de semana con heridos como pasó en Vallecas con la agresión de los Boixos Nois. Por supuesto, a nadie se le ocurre de hablar de múltiples rebeliones los domingos a la salida de los estadios. Y en Cataluña no hubo siquiera heridos.

Los partidos que apoyaron el ingreso de determinados jueces a dedo, pactan rápidamente una reforma quirúrgica de la Constitución. Le añaden un artículo que prioriza el pago de la deuda antes que cualquier gasto social. Y, luego nacionalizan 60.000 millones de euros de ayuda a la banca. Nacionalizan la deuda de las empresas que administran las carreteras. Hacen contratos increíblemente desfavorables como el Castor y nos dejan 1.400 millones de deuda para pagarle a Florentino Pérez.

Son los mismos jueces que aplican el delito de odio de manera inversa para lo que ha sido ideado. En lugar de defender a las minorías sociales, sirven para defender al aparato de represión del Estado. O la ley Mordaza que solo sirve para reprimir a aquellos que opinan contra el búnker: los titireteros, los raperos, Cassandra, etc. Si hablas mal de Carrero Blanco te penalizan. Pero si invitas a tu acto al golpista Tejero, no pasa nada.

Es la justicia que condena a la manada a prisión con las penas más bajas posibles y les deje libre a pesar de tener antecedentes en abusos o intentar conseguir un pasaporte cuando estaba prohibido. La justicia que condena a los jóvenes de Altsasu por terrorismo cuando simplemente hubo una acalorada situación con dos guardias civiles. Es la justicia que condena a más de cuatro años a alguien que robó un bocadillo con la violencia que permite una lata, mientras a Rajoy le aplica lo mismo cuando robó centenares de millones de bocadillos.

Una casta puesta por y para el búnker

El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros en la actualidad. Ocho de ellos son propuestos desde la cámara de diputados y la cámara de senadores, dos a propuesta del gobierno y los dos restantes a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Estas doce personas se encargan de interpretar qué dice la Constitución con la que nos regimos más de 45 millones de personas.

El Presidente del Tribunal Supremo es, a la vez, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y la primera autoridad judicial de la Nación. Actualmente el titular es Carlos Lesmes Serrano. Sí el mismo que paró la sentencia contra la banca, que envió la carta cuando falleció el juez de Barcelona en apoyo a toda su acción contra los dirigentes del 1-O, que apoyó a Llarena en toda su instrucción, etc. Bah! una joyita.

El Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 magistrados nombrados por el Rey a propuesta de las cortes generales. Es un órgano que se encarga de los nombramientos de los jueces. Ese órgano apartó por tres años al Juez Santiago Vidal de la carrera judicial por haber estado elaborando una constitución catalana en su tiempo libre. Es el órgano que controla que nadie se aparte de las “reglas de juego”.

En síntesis, los organismos dirigentes del sistema judicial son elegidos entre los diputados, senadores y la casta judicial y, por supuesto, con el acuerdo del Rey. Este entramado institucional, que es el Régimen del 78 está hecho para protegerse entre sí, para encubrirse todo y para proteger los negocios del Ibex 35. Es decir, de los grandes explotadores de la clase obrera y opresores de los pueblos del Estado español.

Romper los candados del 78 significa acabar con un poder judicial a la medida de las Cortes y los grandes empresarios.

Para ello hay que imponer la elección directa de los jueces y los máximos organismos judiciales. El exministro de Justicia Gallardón impuso el pago de tasas para sostener los gastos judiciales. Hay que anular esas tasas y que los jueces ganen lo mismo que un trabajador calificado. Basta de salarios de millonarios para jueces que encarcelan por “robar” un bocadillo.

Es necesario impulsar una asamblea constituyente para acabar con las instituciones de los ricos y el Ibex 35. Ellos llaman democracia a éste régimen decrépito. En realidad el Régimen del 78 ahogó y ahoga cada vez más las libertades democráticas. Es clave que los sindicatos de obreros y estudiantes y la izquierda anticapitalista llamen a la lucha, a movilizaciones para defender estas libertades y para torcer el brazo al Régimen del 78 e impulsar Asambleas constituyentes en el Estado español y en aquellos pueblos que así lo deseen para discutir y resolver absolutamente todos los problemas sociales y democráticos que aquejan a nuestra sociedad.






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