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Foco de discriminación: Control de Identidad en comunas de escasos recursos

La aplicación del control de identidad preventivo no ha encontrado consenso entre autoridades, expertos, políticos, policías y opinión pública.

Lunes 6 de mayo

La norma se promulgó en 2016, en el marco de la agenda corta antidelincuencia impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, y este año la herramienta policial nuevamente fue objeto de discusión, tras la propuesta del Ejecutivo de incluir a los menores de edad en estos procedimientos.

Una de las interrogantes que planteó el tema es dónde se concentran los controles. Y para despejar esta duda, La Tercera solicitó a Carabineros, a través la Ley de Transparencia, informar en qué comunas de la Región Metropolitana se realizaron los controles de identidad preventivos durante 2018.

Según la información proporcionada por la policía uniformada, las comunas con más controles son Santiago (109.159), Pudahuel (79.133) y Puente Alto (65.289). Le siguen Maipú, Estación Central, Conchalí, La Florida, San Miguel, Cerro Navia y La Cisterna.

Sin embargo, no todas las comunas que concentran estas revisiones aleatorias corresponden a las que tienen el mayor número de habitantes. De acuerdo al Censo 2017, la zona más poblada de la capital es Puente Alto, donde viven 568 mil personas. En segundo lugar está Maipú, que cuenta con 521 mil residentes. Santiago aparece en tercera posición, con 404 mil personas.

El caso de Las Condes permite graficar que el número de controles no va de la mano con la cantidad de población. En esta comuna, que tiene 294 mil habitantes, se realizaron 30.752 procedimientos, quedando en la ubicación número 13 del ranking. La Cisterna, por otro lado, tiene 90 mil personas y fue la comuna número 10 con más requerimientos de identidad.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, consultada sobre a qué responde esta tendencia, aseguró que “no contamos con la información suficiente y tenemos un mecanismo que podemos perfeccionar. Es lo que queremos hacer con la nueva norma que regula el control de identidad, para generar una racionalización de los recursos humanos”.

La norma que rige los controles preventivos de identidad data de junio de 2016. Previo a esa fecha, Carabineros y la PDI solo podían hacer controles investigativos, normados en el Artículo 85 del Código Procesal Penal. Este tipo de procedimiento puede practicarse exclusivamente si el policía tuviera algún indicio de un delito.

Según Martorell, además de ampliar los controles a menores de 18 años y mayores de 14 años, “proponemos un registro trimestral de las personas a las que se les realizó el control de identidad, donde se establezca el lugar, el sexo y nacionalidad. Que sea una herramienta que nos permita tener un control social a la forma en que se hacen estos procedimientos, y que sean públicos”.

De acuerdo a los datos entregados por Carabineros, en 2018 solo en la Región Metropolitana se hicieron 1.574.370 controles de identidad preventivos. En tanto, según cifras del Ministerio del Interior, a nivel nacional, la policía uniformada realizó 3.325.096 de estos procedimientos el año pasado.

Una de las prerrogativas que entrega la norma que regula los controles de identidad preventivos es que los reclamos por una incorrecta aplicación de esta medida deben ser canalizados a través del Ministerio del Interior. Así, en 2018 hubo 39 quejas por eventuales irregularidades.

Para el diputado de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Gonzalo Fuenzalida (RN), el que los controles se concentren en mayor cantidad en Santiago, Pudahuel y Puente Alto responde a que “se hacen de acuerdo a los focos delictuales. Por ejemplo, en Puente Alto es donde hay más portonazos, y en Santiago es donde hay más hurtos a las salidas de las estaciones de Metro”.

En cuanto a las personas que mantienen órdenes de detención vigentes, solo un 2% de los controlados entró en esa categoría.

Desde reconocidos académicos hasta la UNICEF, se acumula la evidencia en contra del control preventivo desde los 14 años de edad que busca implantar el gobierno de Sebastián Piñera.

Frente a esto, no se puede eludir la realidad respecto del enorme cuestionamiento en que se encuentra la institución de Carabineros ante la sociedad, producto de los escandalosos casos de corrupción, robos y represión. La pregunta entonces es si se puede dejar en sus manos esta arbitraria medida contra la juventud.

Se hace urgente y necesario, como sujetos y actores sociales y políticos, salir a repudiar esta medida del gobierno, que ni con toda la evidencia en su contra planteada en la prensa, en opiniones de expertos y mesas de debates durante la última semana ha querido retroceder en su iniciativa, por el contrario, continúan instalando un discurso represivo que divida filas también entre los mismos estudiantes.






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