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Gobierno repone suma urgencia a Aula Segura en ofensiva criminalizadora contra el movimiento estudiantil

A pesar de haber sido declarado como inconstitucional por el senado, el gobierno repuso la suma urgencia para el proyecto Aula Segura lo que da un plazo de 15 días para ser despechado por la cámara de diputados.

Martes 16 de octubre de 2018

Un plazo de 15 días tendrá la cámara de diputados para despachar el proyecto de ley Aula Segura. La semana pasada el proyecto fue declarado inconstitucional por el senado por no contar con las garantías mínimas de un debido proceso ya que el proyecto da facultades extraordinarias a directores de establecimientos para expulsar estudiantes en un plazo de 5 días.

Hasta ahora la ACES, el Confech y el Colegio de Profesores han declarado su rechazo al proyecto. Este domingo la Confech ratificó su rechazo y la ACES convocó a una semana de desobediencia contra la medida..

Patricia Romo, presidenta del comunal Antofagasta del Colegio de Profesores señaló que: "lo único que apuesta esta ley es a aumentar la deserción escolar, marginando a estudiantes con la única “precaución” de que haya un Equipo Psicosocial en el establecimiento que reciba al alumno expulsado. La pregunta es: ¿no debería contar cada establecimiento con este y otros equipos de apoyo al trabajo pedagógico? Y si así debiese funcionar, entonces ¿por qué la solución es la expulsión?"

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La ofensiva del gobierno se inició la semana pasada con un vídeo publicado por el alcalde de Santiago Felipe Alessandri (UDI) y continúo con una propuesta de diputados de la tienda gremialista para inhabilitar a docentes que participen de movilizaciones.

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El estudiante del INBA de iniciales D.T.M. que fue arrastrado por carabineros señaló a La Izquierda Diario que "Piñera no tiene porque decirnos delincuentes, somos estudiantes que luchamos día a día por una educación mejor para las próximas
generaciones. Una educación de calidad"
.

La agrupación Vencer viene impulsando una campaña democrática de denuncia a este proyecto que criminaliza a estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa mientras se niega a cumplir las demandas de las y los profesores y viene quitando un 17% del presupuesto educativo destinado a convivencia escolar.

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