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Huelga del GAM y la legalidad de su movilización

La demanda del Sindicato GAM por negociar colectivamente tiene larga data, es un derecho que es negado por la empresa, la cual es amparada por la Inspección del Trabajo. Sin embargo la movilización ha sido fundamental para inclinar la balanza.

Lester Calderón

Presidente Sindicato N° 1 fábrica de explosivos Orica Chile, Antofagasta

Jueves 17 de enero | 14:33

Con la movilización activa y los diversos llamados a la solidaridad que han realizado las y los trabajadores del GAM, en medio del festival Santiago a Mil, han conquistado una fuerza que les ha permitido arrancar cosas que la empresa insiste en negar como el mínimo derecho negociar colectivamente.

El directorio del GAM dice que la movilización y la huelga de los trabajadores es ilegal. Pero esto es falso. Múltiples fallos demuestran que las movilizaciones que se dan fuera de la negociación colectiva reglada, están amparadas por derechos reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales. Diversas luchas en los últimos años muestran que la única forma de defender estos derechos y ejercerlos, es con la organización, unidad y disposición de lucha de las y los trabajadores.

El pasado 7 de enero la administración del GAM les ofreció una última oferta que entre otras cosas recortaba los aportes para sala cuna y negaba demandas económicas tan mínimas como un aumento del pilar solidario para quienes ganan menos de $3.000 pesos la hora.

Esto mientras los directores tienen sueldos millonarios que van de los 3 a 6 millones de pesos. El cargo de Director Ejecutivo, que es ocupado por Felipe Mella, gana $6.408.788 pesos mensuales. Y aún se niegan a estas mínimas demandas

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Sin embargo, la principal negativa de la empresa es a reconocer el derecho colectivo de negociar colectivamente, para lo cual la administración ha contado con el patrocinio de la Inspección del Trabajo. El pasado 9 de enero la IT resolvió a favor de la administración del Centro GAM indicando que no existía el derecho a negociar debido a que el GAM sería una corporación que recibe más del 50% de fondos estatales, siendo al final el Ministerio de Hacienda la que condiciona que los trabajadores del GAM no pueden acceder a este derecho. Lo anterior va en regla con los planes del gobierno para de debilitar los sindicatos y fortalecer a los empresarios, y es peligroso para estos planes que las y los trabajadores del GAM sea un ejemplo para diversos centros culturales, como el Museo de la Memoria y los DDHH, Centro Cultural La Moneda o Matucana 100 entre otros.

A pesar de la constante negativa de la empresa, ha sido el estado de movilización y la solidaridad lo que ha habilitado al Sindicato a obtener ciertas instancias y más recietemente logrando sentar a negociar a la empresa el pasado 10 de enero. Sin embargo la administración del pinochetista Rodriguez insiste en mantener su última oferta que les quita derechos. La respuesta del Sindicato fue iniciar votaciones de huelga.

La empresa, más recientemente, pretende tildar la movilización de ilegal, de manera de seguir negándole al Sindicato los más elementales derechos sindicales como el derecho a huelga; una típica hipocresía patronal, que mientras cataloga la lucha de ilegal los guardias protagonizan amedrentamientos a dirigentas de la movilización, y es que la legalidad a la hora de pasar por encima de los trabajadores es pura poesía.

Por esto, sin embargo de lo que diga la empresa, la huelga es una importante herramienta que tenemos las y los trabajadores a la hora de defender nuestros derechos. Y la intransigencia patronal no hace más que llevarnos hacia la huelga.

El caso de Orica

En el Sindicato de Orica bien sabemos esto. En Orica hemos tenido diversas paralizaciones contra la empresa, la que a regañadientes ha debido sentarse a negociar, sin embargo, en nuestra paralización de marzo del 2018 -en la que peleábamos en contra de una serie de despidos y por mejoras en seguridad- fue enfrentada por la empresa. No solo se negaron a abrir una mesa tildando de ilegal el paro, sino que además en razón del mismo cursaron amonestaciones a diversos trabajadores y despidieron a 4 trabajadoras.

Siempre defendimos que la paralización era legal y que era la empresa la que incurría en prácticas ilegales con las que Orica buscó dividirnos y sembrar la desconfianza y el miedo. A pesar de esto el pasado noviembre el Juzgado del Trabajo de Antofagasta resolvió que el actuar de la empresa había sido ilegal, condenando a Orica por prácticas anti-sindicales, obligándole a pedir disculpas públicas y reincorporando a quienes habían sido despedidos en razón del paro.

Esta defensa al método del paro en la instancia judicial la basamos en el precedente de Minera Escondida, cuando el 2014 sus trabajadores realizaron una paralización por fuera de una negociación colectiva y la empresa les cursó cartas de amonestación, tal cual ocurrido en Orica. El juicio de Escondida, así como el que impulsamos nosotros, son un pié de apoyo para la lucha por por nuestros derechos ya que dan sustento legal a nuestra movilización.

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¿Cómo se ha roto con la anti obrera legalidad chilena?

Sin embargo, que sean un pié de apoyo no quiere decir que debamos renunciar a buscar movilizarnos, renovar fuerzas y volver a luchar. Sabemos que en Chile por muchos años los trabajadores por lo general se limitaban a los márgenes y a las trabas de la legalidad, de los tribunales o de la Inspección del Trabajo. Pero en los últimos años esto ha tendido a cambiar pues a lo largo del país las movilizaciones exceden los marcos de la legalidad.

Tenemos ejemplos claves. Los llamados “Acuerdos Marco” de los trabajadores contratistas de la minería, los portuarios que en 2013 realizaron un paro nacional en solidaridad con el Puerto Angamos, en Mejillones, como así mismo la reciente movilización de eventuales de puertos distintos, o los trabajadores del estado -como docentes y funcionarios públicos. Lo que además tiene su correlato en la dictación de leyes (como la Reforma Laboral, que buscó reconocer muchos de los derechos que los trabajadores imponían con lucha hace una serie de años) o en diversos fallos (como el comentado anteriormente de Minera Escondida, cuyo rol ante la Corte de APelaciones de Antofagasta es el 91-2015, o como los que ganamos en Orica, rol S-23-2018 y T-175-2018).

El reconocimiento del derecho a huelga ha sido analizado por diversos profesores del Derecho Laboral, como Sergio Gamonal, quien dando cuenta de que los trabajadores del estado no tienen, legalmente, derecho a negociar colectivamente, derecho a sindicalizarse o el derecho a huelga, no obsta a que efectivamente ejerzan este derecho, a que pongan sus demandas en discusión y que sus acuerdos deban ser respetados por los diversos gobiernos. En este sentido Gamonal pregunta si los acuerdos a los que llegan este tipo de trabajadores serían ilegales - al no tener reconocido el derecho a negociar, a sindicalizarse o a paralizar-, ya que atentaría contra el marco legal, sin embargo, se responde que estos acuerdos no atentan contra la ley, sino que lo exceden, el marco legal no alcanza a regularlo, y por tanto serían extra legales ya que el negociar, sindicalizarse o hacer huelga son presupuestos básicos sindicales, reconocidos por la constitución y por tratados internacionales como derechos sindicales básicos al ser reconocidos como derechos fundamentales.

En particular la huelga es una medida que siempre espanta al empresario y la llama ilegal siempre que puede. Pero, ¿qué más puede hacer un sindicato cuando ve afectados los derechos colectivos de los trabajadores?, la huelga es la única medida de fuerza que podemos ejercer los trabajadores para tutelar nuestros derechos colectivos, lo que se ha llamado la autotutela de derechos. Decir que la huelga es ilegal cuando es por fuera por la negociación colectiva, es falso.

Por esto recalcamos que cada acción que han realizado los trabajadores del GAM es legal. Así como hoy ellos son amenazados, a nosotros en Orica también se acusó de que nuestras paralizaciones eran ilegales, sin embargo los fallos que antes señalamos refrendaron que estábamos en lo correcto, que los trabajadores logramos conquistar estos reconocimientos legales de nuestros derechos (incluyendo el derecho a paralizar), pero aún con ello los empresarios siempre pueden buscar arrebatarnos conquistas, aún si esto implica burlar sus propias reglas del juego, por lo que la forma de garantizar nuestras demandas es la fuerza que logremos imponer.

En este aspecto aunque la legalidad y el reconocimiento legal de derechos mínimos sirve como punto de apoyo, los trabajadores no podemos descansar en las trampas de la legalidad o el Código Laboral, como tampoco podemos esperar que sea la justicia o las instituciones como la Inspección del Trabajo nos garanticen nuestros derechos; lo que entrega mayores garantías para doblar la mano de los empresarios es que los trabajadores desarrollemos constantemente nuestras fuerzas, que seamos capaces de rodear nuestras luchas de solidaridad y que logramos a dar contragolpes.

Las y los trabajadores del GAM hoy se podrían estar jugando dejar escrita una hoja en la historia que siente un nuevo precedente, lo que además temen en la Administración del GAM y en el gobierno pues la lucha en el GAM podría despertar a demás trabajadores de la cultura.






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