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Insólito: bancada UDI pedirá a la ONU defender el "trabajo profesional y apegado a la legalidad de la policía"

Los parlamentarios de la derecha aseguran que los derechos humanos se deben garantizar para todos, y que pese a los privilegios que tienen tanto Carabineros como PDI, se cometen "injusticias" que debilitan el actuar de ambas policías.

Alejandro Guerrero

Profesor de Historia y Geografía

Sábado 22 de septiembre de 2018

En una acción inaudita luego del debate abierto en materia de derechos humanos, los diputados UDI Javier Macaya y Juan Antonio Coloma enviaron una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Joaquín Maza, para solicitar que el organismo envíe a un representante extraordinario que pueda analizar el supuesto accionar delictual de “grupos violentistas” contra Carabineros y funcionarios de la PDI.

En un texto, los parlamentarios se refieren a los ataques sufridos por efectivos policiales en el marco de movilizaciones y protestas y aseguran que dichos actos cuentan “en muchas oportunidades” con la complicidad de las autoridades públicas.

Además, la carta sostiene que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), genera “procesos de denuncias impulsados por personas, muchas de ellas con el único fin de desprestigiar el accionar policial y limitar aún más su acción ante la comisión de actos delictuales”.

Todo esto sin nombrar el enorme manto de impunidad con que hoy en día blindan a ambas instituciones, especialmente Carabineros que tiene a su haber múltiples denuncias por homicidios, abusos, montajes y millonarios fraudes al fisco sin responsables o condenas, principal razón de la caída de la confianza de la opinión pública.

La hipocresía de la derecha en derechos humanos

Además, los parlamentarios gremialistas, férreos defensores de la dictadura que violó los derechos humanos de gran parte de la población, aseguraron con total hipocresía que la protección de los DDHH debe asegurarse para todos los chilenos, incluidos “nuestros carabineros y detectives”. De esta manera, sostuvieron que el envío de un funcionario de la ONU permitiría asegurarse “del trabajo profesional y apegado a la legalidad de nuestras policías”, al tiempo que señalaron que la divulgación de sus conclusiones significaría un avance en la “protección a las garantías fundamentales de la manera más clara y profunda, alejado de todo atisbo político contingente”, como si la violación sistemática de estos derechos, ocurrida entre 1973 y 1989 -del cual fueron también parte- no hubiera tenido un trasfondo político.

Por último, Macaya argumentó que es necesario ver la forma “cómo son atacados, quemados y golpeados Carabineros y profesores en Chile”, quienes intentan por todos los medios “protegerse ante estos cobardes ataques”. Y volvió a apuntar al INDH: “Nos da la impresión que con estas resoluciones parciales o sin todos los antecedentes, no solo se comete una injusticia, sino que se debilita el actuar de nuestras policías”, en alusión al informe del INDH que respaldó más de 800 casos de abusos policiales cometidos en Chile en los últimos ocho años, además de igualar el necesario trabajo que realizan los docentes en las aulas con la defensa ciega de millonarios empresarios que realizan las fuerzas policiales.

Más impunidad para reprimir

Carabineros no sólo lleva a cuestas multitud de denuncias de abusos, sino que además carga con asesinatos como el del inocente estudiante Manuel Gutiérrez en pleno 2011, caso cuya condena fue minimizada por el uniforme del asesino quien goza nuevamente de libertad.

Junto a ellos, gozan también de total impunidad aquellos que participaron del millonario fraude Pacogate, y los responsables de demostrados montajes como la nefasta Operación Huracán a cargo del ridículo programa Antorcha que por cierto jamás existió.

Todo esto se realiza en medio de anuncios como el proyecto de "aula segura" que busca criminalizar a los estudiantes movilizados, quienes muchos casos se defienden de los dudosos procedimientos policiales, muchas veces incluso captados en video y que aún así quedan en la impunidad, mientras que por otro lado se ponen en libertad a los violadores de derechos humanos de ayer que ya cumplían una condena de 5 estrellas en el hotel de Punta Peuco.

La hipocresía de la derecha no busca nada más que mayor impunidad a la hora de reprimir.






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