Política Chile

OPINIÓN

La Santa Alianza contra nuestros derechos: cruces entre la venida del Papa y la lucha por una Ley de Identidad de Género

La venida del papa ha generado múltiples cuestionamientos por los millones de pesos que el Estado de Chile ha dispuesto para hacer posible su viaje, abriendo con ello la discusión respecto a la relación entre la Iglesia y el Estado.

Bárbara Brito

Dirigenta nacional de Pan y Rosas, y ex vicepresidenta FECH (2017)

Miércoles 10 de enero | 10:14

Es imposible separar el rol de la iglesia y el arribo del Papa de la situación nacional, tanto los empresarios, como sus partidos y el propio Estado buscarán aprovechar este evento como forma de renovar instituciones que están por el suelo buscando contrastar con números lo que congregará la iglesia respecto a lo que han movilizado No + AFP, Ni Una Menos o el movimiento estudiantil, movilizaciones que en su punto más alto han logrado convocar a más de un millón de personas. Al respecto el gobierno ya planteó que a nivel nacional la venida del papa congregará a más de un millón de personas.

Nos enfrentamos a una coyuntura política contradictoria. Por un lado, la iglesia católica busca, con la venida del papa, recuperar los bajísimos niveles de aprobación que rondan el 36%, y sólo el 5,3 de aprobación al papa de una escala que llega al 10, el más bajo de Latinoamérica. Según la encuesta CADEM el 50% de las personas considera poco o nada importante la visita del líder de la Iglesia Católica, la imagen negativa del Papa Francisco aumentó del 12% al 26% entre junio 2017 y enero 2018. Su "imagen positiva" disminuyó del 71% al 52% entre los meses mencionados. Además, un 80% está en desacuerdo con que el Estado haya financiado $7 mil millones para la visita.

A la vez, en el marco de los últimos meses de gobierno de la Nueva Mayoría, que busca sacar las últimas reformas para salvar la agonía de su conglomerado luego del triunfo de la derecha, de la crisis de la DC y de la peor votación que han obtenido desde el proceso de transición a la democracia. Sin ir más lejos, la Ley de Identidad de Género se votará el mismo día que la venida del papa, aunque el presidente de la cámara de diputados ya anunció que no pondrá el punto en tabla. Si se vota o no dependerá de la relación de fuerzas entre los sectores más conservadores y la fuerza que se ha expresado en las calles que se ha manifestado firmemente por la necesidad de una LIG.

En el terreno de la situación política la iglesia católica vive una crisis de hegemonía histórica en Chile con un cada vez mayor número de quienes declaran no profesar ninguna religión, con una crisis de la cara social de la institución manchada por casos de corrupción y pedofilia.

A días de su arribo, medios más de derecha como radio Bio Bio se abren la pregunta respecto a dónde yace la representatividad de la iglesia católica con cada vez más bajos índices de realización de los sacramentos (matrimonio, bautizo, comuniones, etcétera). Una de las explicaciones es que la sociedad chilena estaría envejeciendo y que las nuevas generaciones no creen en la idea del compromiso, lo que repercute además en la vida de la propia institución con una crisis en un recambio generacional de sus sacerdotes.

Pero lejos de ser una cuestión de creencias en conceptos tan abstractos como la del compromiso, lo que ha llevado al alejamiento de la iglesia y, con ello, también del cristianismo y de la religión, ha sido precisamente el desarrollo de demandas estructurales en el Chile neoliberal e irresolubles con pequeñas reformas, la crisis del régimen político y sus instituciones se profundizó velozmente tras el surgimiento de la lucha por la gratuidad de la educación. ¿Pueden los jóvenes que ni siquiera tienen acceso a la educación confiar en las mismas instituciones que se lo niegan? Entre esas instituciones también entra la iglesia, que ha sido parte del negocio educativo primario, secundario y superior.

La iglesia católica enfrenta entonces el desafío de reencantar a un sector de la población tomándose del poder e influencia que continúa teniendo tanto en relación con los asuntos del Estado, como más directamente con la derecha chilena que acaba de ganar las elecciones nacionales.

La Ley de Identidad de Género que se votará el mismo día (aunque está en cuestionamiento) obligará a la iglesia a pronunciarse. Pueden utilizar el debate para lavar una imagen manchada plegándose a temas sentidos para la juventud en la que han perdido hegemonía e influencia sobre todo porque hasta ahora ha representado quizás la cara más amable que pueda dar la iglesia a la comunidad LGBTI, pero con la política del garrote y la zanahoria: mientras abre las puertas de la iglesia y afirma que Jesús no abandonaría a homosexuales, plantea que la “ideología de género” es una nueva forma de colonización. Hipócrita afirmación sabiendo la historia de una iglesia católica manchada con la sangre de los pueblos originarios. Además, para el Papa Francisco la no heterosexualidad guardaría solo un lugar en la misericordia, no en el reconocimiento: «No digáis que el Papa canoniza a los transexuales. Quiero ser claro. Es un problema moral. Se deben tratar con la misericordia de Dios y con corazón abierto».

La otra posibilidad es que no se pronuncie para resguardar las relaciones e influencias que mantienen con fuerza la iglesia en los sectores más conservadores, de todas maneras, será un gesto pues, como dice el viejo dicho, el que calla otorga. Estas dos situaciones son las que quieren evitar tanto la derecha como los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría, pronunciarse en contra sería darse un tiro en los pies en el contexto de deslegitimación en la juventud. Si bien lo más seguro es que la votación se corra de fecha pues la petición de Kast fue acogida por el presidente de la cámara de diputados, la venida del papa estará cruzada fuertemente por este debate que mantiene dividido a Chile Vamos y, a la Nueva Mayoría, con esperanzas de seguir avanzando en reformas como vía de autoafirmación y cohesión.

Mientras algunas corrientes feministas callan respecto a la votación de la LIG influenciadas por una concepción biologicista que hace de lo femenino un absoluto, planteando como posición política que el ser transexual sólo significa mofarse de la identidad femenina y usurpar un “ser mujer” que nos ha sido negado por el patriarcado; lo que prima son las corrientes reformistas tanto del movimiento de mujeres como, por sobre todo, de la diversidad sexual que se han concentrado en empujar una ley en el parlamento sin potenciar la fuerza por abajo, ni buscando alianzas más amplias con otros sectores como los trabajadores. Hasta ahora la Ley que se debate es progresiva, pero insuficiente, y aún están en veremos los puntos más conflictivos que incluso la derecha más liberal (evópoli) buscará frenar: la inclusión de niños, niñas y adolescentes, la exigencia de un certificado médico que acredite sanidad mental y el concepto de identidad de género visto como un derecho.

El frente amplio se sumó al debate y Boric recientemente ingresó una indicación para desechar el certificado médico por ser una medida que fortalece la visión que patologiza la transexualidad. Ni el MOVILH, ni Iguales, tampoco el Frente Amplio han desarrollado una línea de movilizaciones en las calles y en unidad con otros sectores para frenar la fuerza e influencia de la derecha, así como tampoco han apostado por incluir a la ley otros aspectos mínimos para la realización de la Ley de Identidad de Género que es la inclusión laboral y académica de la comunidad trans, esto es importante porque no sólo es un punto en una ecuación de suma y resta, sino que puede ser una demanda que unifique con las y los trabajadores y que pueda ser tomada por los sindicatos y otras organizaciones obreras aumentando estratégicamente la correlación de fuerzas a favor de la comunidad LGBTI.

Dirán que realizaron movilizaciones nacionales a favor de la Ley de Identidad de Género, pero ese no es el punto del debate. No se trata, y ya lo demostró el movimiento estudiantil, de marchas por hitos por abajo y, por arriba, de negociaciones parlamentarias. Se trata de cómo se piensa la cuestión de las fuerzas políticas en contextos determinados, integrando a sectores que puedan marcar una diferencia sustancial y cualitativa para imponer nuestras demandas, como los trabajadores. Se trata, además, de una práctica sostenida en el tiempo, de preparación de planes de movilización y lucha y de preparación de las acciones que configuren estos planes y, a su vez, de facilitar las posiciones parlamentarias para movilizar por abajo convocando abiertamente no sólo a apoyar las modificaciones a tal o cual Ley, sino a la organización activa. Al final, el problema es y será un problema de fuerzas y las mayores conquistas se medirán no tanto en si obtenemos tal o cual demanda (que por cierto son necesarias), sino en la fortaleza con las que salga el movimiento social y la articulación con los trabajadores, porque nuestros objetivos son mayores y cualquier conquista en el marco del actual modelo político y social es parcial, en el sentido de que puede ser revertido en cualquier momento, tal como amenaza el gobierno de Piñera recién electo, por ejemplo, frente a la ley por el derecho al aborto en tres causales.

El gran límite del Frente Amplio es su proyecto político, y tiene por consecuencia una débil utilización de sus puestos parlamentarios para la movilización política y social. Al no proponerse acabar con la explotación capitalista, repiten las viejas fórmulas de unidad con sectores del empresariado nacional devaluando la unidad con los trabajadores y la independencia política de los movimientos sociales que es un aspecto que puede otorgar la fuerza para imponer nuestras demandas a un parlamento que también es de los ricos y de los empresarios. Y si cabía alguna duda, la explosión de los casos de corrupción y el lobby de empresas que determinaron votos de parlamentarios en su favor lo dejó en claro.

Chile no es el mismo, el Frente Amplio obtuvo más del 20% en las últimas elecciones y gobiernan Valparaíso, la ciudad donde está ubicado el congreso nacional. Sin esta influencia podría ser más cuestionable la responsabilidad del Frente Amplio respecto al curso de los proyectos de ley y, particularmente, a la fuerza conquistada por los trabajadores y los movimientos sociales. Tienen responsabilidad, pero lejos de ser un debate ético, es un debate político: las fuerzas que tienen están lejos del objetivo por acabar con el Estado capitalista y establecer un gobierno de los trabajadores, sembrando la vieja ilusión utópica de que transformaciones sustanciales son posibles con un gobierno de izquierda sin chocar con los grandes empresarios, sólo esta concepción explicaría la poca preparación que impulsan desde sus posiciones del movimiento político y social ante cada batalla, por ejemplo, frente a la venida del papa y la Ley de Identidad de Género.






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