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ANÁLISIS

La compleja coyuntura política que afronta Piñera

Tras el “martes negro” la coyuntura política del país ha cambiado en dirección desfavorable para el gobierno de Piñera y la imagen de la clase empresarial, implicada en el escandaloso caso que remece a Quintero, en miles de despidos, en cierres de empresas, y recibiendo críticas por la reforma tributaria que sigue favoreciendo a los grandes grupos económicos.

La Izquierda Diario

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Sábado 1ro de septiembre

La situación política del país ha avanzado a mostrarse con mayores grados de inestabilidad. El estado coyuntural actual, cambia cada tanto, y el gobierno de Piñera no logra asentarse. La “oposición”, si bien continúa muy debilitada y sin un proyecto político claro, busca reagruparse a través del debate de los DDHH y, ahora último, con la discusión del sueldo mínimo; en base a su inestable mayoría parlamentaria.

El gobierno buscó retomar la agenda anunciando medidas en materia tributaria, laboral, en las pensiones y una reforma a las Isapres. No duró mucho el momento de tranquilidad para Piñera. Los resultados de la encuesta Casen 2017 volvieron a poner en el debate nacional la aberrante desigualdad social que existe en Chile y la concentración de las riquezas en manos de un puñado de familias dueñas de los principales grupos empresariales. El 20% más rico recibe 13,6 veces el ingreso del 20% más pobre, y mientras que hace tres años el indicador de distribución de ingresos marcaba una diferencia de 33,9 veces entre el 10% más rico y el 10% más pobre, hoy esa diferencia sube a 39,9 veces.

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Sumado a lo anterior, a mediados de julio la encuesta Cadem arrojaba una baja en las expectativas económicas de la ciudadanía -en el marco de una serie de despidos y cierres de fábricas como en Iansa Linares, Maerks, Pastas Suazo, desvinculaciones anunciadas en Chuquicamata, despidos en el Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)- y una percepción de que la economía se encuentra estancada o en retroceso (58%), y que las expectativas de empleos son malas/muy malas (53%). Datos no menores considerando que el punto de apoyo del que se afirma el gobierno de Piñera es la promesa de “tiempos mejores”, de una mejora en la economía, y del “progreso” en la vida de las personas.

El siguiente golpe al gobierno se dio tras la renuncia del ministro de Cultura, Mauricio Rojas, quien duró cuatro días en el cargo, y se vio enfrentado a un masivo repudio luego de conocerse sus dichos sobre el Museo de la Memoria- al que tildó de un “montaje”-, y al primer acto unitario de toda la “oposición”, incluida la DC. Como han admitido desde el oficialismo, el debate de los DDHH es un flanco débil para la derecha, y una “causa común” de la “oposición”; lo que también tomó fuerza luego de la decisión de la Corte Suprema de entregar libertad condicional a genocidas de la dictadura- lo que abrió la acusación constitucional contra los jueces involucrados en la decisión-, y con el caso del magnicidio del ex presidente Frei Montalva, que distancia a la DC, que podría funcionar como bisagra para la derecha en el Parlamento, del gobierno.

Flancos que se abren y amenazan la anhelada gobernabilidad de la derecha y empresarios

Tras el “martes negro”, todo pareciese indicar que en los últimos días la coyuntura política del país ha cambiado en dirección desfavorable para el gobierno de Piñera y la imagen de la clase empresarial, implicada en el escandaloso caso que remece a Quintero, en miles de despidos, y recibiendo críticas por la reforma tributaria que sigue favoreciendo a los grandes grupos económicos. El revés por el rechazo de la propuesta de sueldo mínimo del gobierno, con una “oposición” cuadrándose, también lo debilita.

Piñera tuvo que llamar a un comité político extraordinario con sus ministros, donde responsabilizó a la “oposición” por lo ocurrido con la votación del sueldo mínimo, luego de que La Moneda optara como estrategia utilizar el veto presidencial, y aseguró que esta tendrá que “asumir los costos políticos”. Además, agregó que el reajuste propuesto es mayor en relación a los anteriores. Y es que en este punto la ex Nueva Mayoría, que hoy denuncia al gobierno por el mísero aumento “de luca” en el salario, no tiene mucho que envidiar, pues durante sus años al mando del país implementó aumentos paupérrimos del sueldo, que en nada cambiaron sustancialmente la vida de millones de familias trabajadoras. En Chile, siguen ganando menos de $300.000 más del 50% de las y los trabajadores, siguen en situación de pobreza un millón y medio de personas, y más de tres millones bajo “pobreza multidimensional”, mientras los empresarios se siguen enriqueciendo y sus políticos ganando sueldos millonarios.

El proyecto de Reforma Tributaria, presentado como una “iniciativa estrella” del gobierno, ha generado diversas críticas de sectores políticos y el “mundo sindical”, principalmente porque favorecería al gran empresariado al contemplar, por ejemplo, la medida de integración del sistema tributario que incluirá que el tramo alto de grandes empresas pague menos impuestos del orden de US$833 millones. A esto se suman incentivos para la compra de viviendas (de entre 2.000 y 4.000 UF), lo que costará unos US$204 millones, beneficiando así al sector de la construcción, entre otras medidas.

Aun con estos beneficios, desde el sector empresarial no están del todo contentos y aseguran que seguirán presionando para que la rebaja de los impuestos sea mayor. El presidente de la CPC, Alfonso Sweet, es claro al señalar que “tenemos que tener conversaciones estructurales y una de esas tiene que ver con las tasas. Hoy, el mundo ha entrado en una competencia tributaria. Todos los países, incluyendo Argentina, están bajando impuestos corporativos”. Con descaro asegura que “les dijimos que entendemos el contexto interno, pero también queremos, y en eso vamos a seguir insistiendo, que entendamos el contexto externo, que está muy complejo. Entonces, hagamos las dos cosas, y en la medida en que baje el déficit fiscal, bajen la tasa de impuestos corporativos para ponernos en línea con lo que está pasando fuera de Chile”.

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Por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), dirigida por el PC Carlos Insunza, convocó a un paro de 24 horas en rechazo de la RT y en uno de sus comunicados afirman que el proyecto “representa un retroceso en materia de recaudación tributaria y que es en rigor una contrarreforma de carácter regresivo (…) los cambios a las facultades del SII reduce la capacidad fiscalizadora de Impuestos Internos, además de atentar contra los derechos laborales de los/as funcionarios/as del SII, y que se perdería capacidad para recaudar en beneficio de la construcción de políticas sociales. Por ello, el llamado de las Asociaciones a los Parlamentarios es a que se rechace la idea de legislar sobre esta materia”.

Con esto, un flanco que se abre para el gobierno es la posibilidad de que sectores de trabajadores comiencen a movilizarse más duramente contra medidas de Piñera, y cuestionando aspectos odiosos que golpean al pueblo trabajador como son los despidos, las precarias condiciones laborales, el mísero sueldo mínimo, entre otras; como también se presentan mayores condiciones para una coordinación amplia de trabajadores que vienen luchando por diversas reivindicaciones. En el caso de Antofagasta- donde se viene desarrollando una lucha contra los despidos y el grupo Luksic, encabezada por ferroviarios y sus familias-, este miércoles se realizó una movilización que agrupó a trabajadores de la Aneiich, Afiich, ANEF, del SENAME-AFUSE, Fonasa, Fosis, Colegio de Profesores Comunal Antofagasta, Sindicato Interempresa FCAB, y también a organizaciones estudiantiles y de mujeres como Vencer y Pan y Rosas, en contra de la Reforma Tributaria.

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Pablo Muñoz, presidente del Sindicato Interempresa, considera que “la coordinación y unidad de los trabajadores que vienen luchando es la única forma de avanzar contra los empresarios y el gobierno. Son distintos sectores los que vienen sufriendo ataques y de a poco movilizándose; en nuestro caso venimos dando una pelea contra el grupo Luksic, dueño del Ferrocarril, que despidió a diecinueve compañeros y dejó a familias en la calle. Llevamos cincuenta días de lucha y exigimos la reubicación de los puestos de trabajo porque no aceptaremos que familias queden sin sustento, mientras esta millonaria familia tiene un patrimonio de más de trece mil millones de dólares, contamina la región, despide como en Canal 13, acá, y es indiferente a nuestra realidad”, denuncia el joven dirigente.

“Hacemos un llamado a los organismos sindicales como la CUT, Colegio de Profesores, a sindicatos y federaciones, al movimiento estudiantil, a las mujeres que vienen luchando por el derecho al aborto legal, y a todos los sectores que vienen expresando su descontento, que apoyen nuestra lucha, nuestro Fondo de Resistencia, y que nos articulemos porque es la única manera de dar respuesta a estas problemáticas y conquistar nuestras reivindicaciones. Tenemos que ver que las diversas problemáticas que tenemos son responsabilidad de enemigos comunes: los empresarios y sus partidos políticos. El Frente Amplio, el Partido Comunista, deben ponerse a total disposición de estas luchas, movilizar para enfrentar a este gobierno, impulsar un plan de lucha entre los distintos sectores que se vienen movilizando o están enfrentando problemáticas en estos momentos, que incluya el llamado a un paro nacional de unidad con estudiantes, movimiento de mujeres; llamados a acciones comunes en las calles, asambleas y jornadas de discusión, entre otras iniciativas”, propone Muñoz.

En relación al sueldo mínimo, ¿podría transformarse en una “causa común” de distintos sectores de trabajadores, que cuestionen las miserables propuestas de la casta política, y que sea un impulso para unificar demandas que hoy están en el debate? Lo cierto es que ni el paupérrimo aumento “de luca” del gobierno, como tampoco las propuestas miserables que durante años ha planteado la ex Nueva Mayoría y el “progresismo concertacionista”, ponen al centro las necesidades de millones de familias que no llegan a fin de mes y se encuentran brutalmente endeudas, ni responden a la enorme desigualdad que existe en Chile, que solo beneficia a los grupos económicos empresariales, sus familias y sus políticos. Por su parte, el PC y el FA se limitan a exigir un aumento del sueldo mínimo a $420.000, pero de aquí al 2022, desechando así la posibilidad de generar un movimiento por un salario acorde a la canasta básica familiar, que tome las diversas problemáticas que afectan a sectores de trabajadores, y que aproveche un momento mucho más complejo para el gobierno.

Respecto a esto, el presidente del Sindicato Nº1 Orica, Antofagasta, y militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), Lester Calderón, considera que “la situación del sueldo mínimo en Chile es insostenible, y ya no pueden afirmar que ‘no hay recursos’ cuando familias como Luksic tienen patrimonios multimillonarios, o Piñera, Angelini que ahora se supo del aumento de sus ganancias, o cuando vemos los sueldos millonarios de todos los parlamentarios en el país. Debemos unificar nuestras fuerzas en pos de luchar por un salario mínimo de $450.000, acorde a la canasta básica familiar, que en verdad sirva para apalear las enormes desigualdades y para cuestionar las ganancias empresariales; sumado a exigir una jornada laboral de seis horas diarias y cinco días a la semana. Ya basta de abusos, de jornadas extenuantes que acarrean hasta accidentes laborales, queremos vivir de manera digna y tener tiempo para organizarnos, para estar con nuestras familias, tiempo para nosotros. El PC y el FA deberían ponerse a tono con las necesidades del pueblo trabajador, que son ahora, no en años más”.

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Al debate del sueldo mínimo se suman otras problemáticas y movilizaciones incipientes- otros flancos que se abren- como es el grave caso que sacude a Quintero y que pone nuevamente en cuestión la responsabilidad empresarial- privados o estatales-, la indiferencia y el desprecio hacia el pueblo trabajador y el medio ambiente. Hace recordar el caso de Freirina, las movilizaciones por #EstePolvoTeMata en Antofagasta- y que implicaban, nuevamente, al grupo Luksic-, y tantos otros casos de contaminación producto del actuar empresarial, que ponen en cuestión si las soluciones reales para las familias trabajadoras vendrán de parte de empresarios y el gobierno, o si son los propios trabajadores de la empresa, junto a la comunidad y profesionales al servicio del pueblo, los que pueden responder en pos de las necesidades de las personas, y no de las ganancias empresariales.

En profesores y sector público- tras el anuncio de la Reforma Tributaria- también se vienen desarrollando cuestionamientos y movilizaciones en distintos puntos del país, como fue la del pasado 28A. En Santiago se movilizaron alrededor de 20.000 docentes, y también en distintas regiones y localidades, donde los puntos centrales se podrían resumir en el término de la inestabilidad laboral (contrato indefinido sin distinción), reconocimiento de mención para las educadoras diferenciales, igualdad salarial para profesoras de educación básica y pre-escolar (párvulo). Los profesores son un gremio compuesto en su mayoría por mujeres. No se les respeta la ley proporcional de horas lectivas y no lectivas, y en el caso de parvularias, carecen de intervalos o “recreos”, aumentando el agobio.

La presidenta del CdP, comunal Antofagasta, e integrante de la agrupación docente Nuestra Clase, Patricia Romo, propone la “vuelta de los establecimientos al Estado con financiamiento directo y democratizando su gobierno local para que apoderados, estudiantes, profesores y trabajadores de la educación determinemos los ejes de la educación pública. Este objetivo es grande, pero lo que tenemos en lo inmediato para poner nuestros puntos laborales es la fuerza de la movilización, y el CdP y sus dirigentes debemos estar en tono con estas exigencias, y ser un factor de unidad con otros sectores y no solo quedarnos en movilizaciones por hitos, sino avanzar a un plan de lucha y movilización de conjunto que enfrente a Piñera, que pueda ser una fuerza que conquiste nuestras reivindicaciones históricas. Un ejemplo de esto es la unidad que en Antofagasta hemos ido forjando con trabajadores del Ferrocarril, con estudiantes, con las mujeres que vienen luchando por el aborto, que ahora estamos articulando con los funcionarios públicos”, comenta la profesora.

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“Podría cambiar el escenario nacional si forjamos una unidad entre trabajadores, estudiantes y mujeres, que enfrente al gobierno y sus ataques en las calles”

Para la dirigenta nacional de la agrupación Pan y Rosas, y ex vicepresidenta FeCh, Bárbara Brito, “la enorme fuerza del movimiento de mujeres sigue siendo un problema para el gobierno, para la derecha, Iglesia y sectores conservadores, porque cuestiona aspectos de fondo de esta sociedad capitalista y patriarcal, y un asunto central como es el derecho al aborto legal como un problema social y de salud pública, y porque también tiene un potencial articulador con otros sectores de trabajadoras, trabajadores, juventud, que si eso se desarrolla puede derivar en un fortalecimiento de la organización entre sectores que hoy están cuestionando aspectos de este régimen”.

“Este es el límite, por ejemplo, del Frente Amplio, que impulsa un proyecto de despenalización, que es correcto en general- aunque con puntos críticos como poner límite de catorce semanas en la causal de violación-, pero completamente insuficiente para las expectativas del propio movimiento, de sus fuerzas, de lo que se exige en las calles y lo que necesitamos las mujeres. Se limitan a las trabas de este régimen podrido y no ponen el centro en las fuerzas de las mujeres, en la discusión en universidades y lugares de trabajo, en la autoorganización, y en ver al movimiento como un factor dinamizador de otras luchas, de unión con otros sectores, y de desestabilización del propio gobierno. Nuestra propuesta es pelear por un aborto legal, libre, seguro y gratuito, por un proyecto propio del movimiento de mujeres, y por la articulación. Por eso, por ejemplo, Pan y Rosas está peleando codo a codo con los despedidos de FCAB en Antofagasta. Podría cambiar el escenario nacional si forjamos una unidad entre trabajadores, estudiantes y mujeres, que enfrente al gobierno y sus ataques en las calles”, afirma Brito.

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¿Y el movimiento estudiantil como ‘actor político’? Sacado de las calles e inactivo desde hace meses, una incógnita es si podría reactivarse o no tras el anuncio del proyecto de Estatuto Laboral Juvenil, rechazado ampliamente por sectores del mundo sindical y estudiantil; pero, no solo eso, pues el fantasma de la “crisis de la educación” vuelve, de a poco, a ponerse en el debate con la situación de la Universidad Iberoamericana, y ahora último con la profunda crisis que se vive en el ex Pedagógico (UMCE), que expresa la tremenda precariedad de la educación pública, quedando en la incertidumbre el futuro de esta institución estatal. Este podría ser otro flanco que se le abra al gobierno de Piñera.

“En el Peda atravesamos una crisis financiera e institucional, donde rectoría quiere aplicar medidas que golpearán a funcionarios y docentes con término de contratos y despidos, mayor sobrecarga laboral, y a los estudiantes con hacinamiento por no invertir en infraestructura, mientras las autoridades reciben sueldos millonarios y algunas se van de viaje a California con dineros de nuestra Institución. La única solución pasará por la fuerza del propio movimiento estudiantil, en unidad con los estamentos de la comunidad universitaria, proponiéndonos pelear por un plan de financiamiento integral al Pedagógico, y en defensa de la educación pública y de nuestra Universidad, negándonos a pagar las deudas con los bancos ni a expulsar a docentes ni funcionarios, peleando por la democratización en nuestras universidades que derive en que estudiantes, profesores y trabajadores seamos quienes decidamos el curso de nuestra comunidad.” afirma Marcela Leal, estudiante de Educación Diferencial y militante de la agrupación Vencer.

Por su parte, Catalina Parra, estudiante de Educación Básica del Pedagógico y miembro de la Mesa Interina de la Universidad, nos plantea que: “Hacemos un llamado a levantar una Coordinadora en defensa de la educación pública, a que la Confech y federaciones estudiantiles pongan sus fuerzas en la lucha por la educación gratuita y en apoyo a la situación que estamos viviendo; a que estudiantes, funcionarios y docentes nos unamos en defensa de la Universidad pedagógica y de la educación pública en general, organizando movilizaciones con este objetivo y la más amplia unidad del mundo educativo”.

Para Nicolás Bustamente, dirigente del FCAB y figura conocida en Antofagasta por su lucha contra los despidos, “nos encontramos en un momento donde se están dando ciertas condiciones en el escenario nacional que plantean concretamente que como trabajadores podemos jugar un rol político para tomar la iniciativa en pos de que la situación del país cambie a nuestro favor, resistiendo a los diversos ataques; que podamos articularnos los jóvenes, mujeres, estudiantes, distintos sectores que se vienen movilizando y problematizando medidas del gobierno que nos perjudican. Desde el Ferrocarril y nuestra lucha contra los despidos buscamos ser un ejemplo para miles de trabajadores que también están siendo afectados por desvinculaciones o precarización laboral, porque sí podemos dar una respuesta ante estos ataques y sí podemos pelear en común, juntos. Ese es nuestro llamado y el emplazamiento que hacemos a quienes dirigen organismos sindicales y estudiantiles, a que pongan sus fuerzas a disposición de impulsar una Coordinadora que una estas luchas, que enfrente a Piñera, y que impulse un plan de lucha y movilización, con acciones en común entre todos los sectores hoy movilizados o que viven problemáticas. Esta es la alianza que queremos fortalecer”, concluye el joven dirigente.

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