Juventud

PEDAGÓGICO EN CRISIS

La crisis del Ex- Pedagógico, es la crisis de la educación de mercado

Hace un par de días se llamó a una reunión ampliada del Consejo de Facultad de Historia y Geografía en donde tanto Jaime Espinosa como Leonel Durán “dan a conocer” los resultados de una investigación hecha por una empresa externa a la Universidad. Deloitte revela en esta investigación que nos encontramos frente a una Universidad inviable financieramente.

Octavia Hernandez

Estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía Ex-Pedagógico.

Suely Arancibia

Estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía, ex Pedagógico. Militante de Pan y Rosas.

Jueves 28 de junio

El movimiento estudiantil ha estado fuera de escena, sin cuestionar a los recortes y lavados de cara del gobierno de Piñera. El mismo gobierno que busca precarizar aún más nuestra educación, con medidas neoliberales que profundizan la lógica de la educación como una empresa que brinda un “bien de consumo”. Esto por ejemplo, queda demostrado con el anuncio de recorte al presupuesto de educación: ataque que repercute en el programa del Fondo solidario y a las mismas subvenciones, mientras que Gerardo Varela, ministro de educación, aplaude la iniciativa y plantea que “es parte del esfuerzo que tenemos que hacer todos para “sanear” nuestras finanzas públicas”.

Las políticas implementadas por Piñera, claramente, no atacan la raíz del problema, ejemplo de esto es su proyecto “Todos al aula”, que tiene como objetivo el abandono de la demanda 50/50 de horas lectivas y no lectivas que profesores y profesoras impulsan desde el 2014 por medio de la “Rebelión de las bases”, que busca terminar con el agobio docente y las pésimas condiciones laborales.

Hoy la Universidad Iberoamericana se enfrenta con la declaración de su cierre, sumándose así a la Universidad del Mar y a la Universidad Arcis, establecimientos educaciones que quiebran por un sobreendeudamiento financiero. Hoy, alrededor de 1.100 estudiantes son estafados por otra Universidad empresa, incluso existiendo algunos estudiantes que ya habían sido “reubicados” por el ministerio de educación desde la Universidad del Mar. Asimismo funcionarios y profesores no han recibido su sueldo por más de 6 meses, teniendo que exponerse a condiciones de precarización laboral, inestabilidad salarial, cotizaciones impagas y viviendo la indignidad de ajustar sus necesidades, tras los 1.000 millones de pesos que existen en deudas, donde el rector en su nula y mala gestión llevó al endeudamiento por sobre 4 veces el valor de la Universidad.

En función de lo anterior y la nula respuesta por parte del Gobierno y las autoridades, los estudiantes de la Ibero se encuentran en toma pidiendo hacer efectivo su derecho a tener un lugar donde estudiar y que el Estado se haga responsable, solucionando el problema de la crisis financiera, para esto se vuelve fundamental la estatización de esta casa de estudios para sacar a los privados del medio, levantando un proyecto educativo en donde sea la comunidad educativa, es decir, profesores, funcionarios y estudiantes triestamentalmente quienes administren por medio de un cogobierno universitario.

¿Y el Peda?

Situación similar vive hoy el Ex Pedagógico, donde espacios de la Universidad se encuentran hipotecados o van hacia ese camino: Campus Joaquín Cabezas García, que por solicitud hecha por el Banco BCI para aprobar el empréstito de $3000 millones que solicita la Universidad para poder costear el incentivo al retiro de funcionarios/as y académicos/as a causa de la pésima gestión y administración del Rector y sus cargos de confianza. Esto es reflejo del autofinanciamiento, que se expresa también en la deficiente infraestructura, en las precarias condiciones laborales que sufren funcionarios, víctimas de una baja dotación , y también, se puede constatar entre los académicos a los que les otorga una elevada carga laboral; en desmedro de la investigación académica, en los salarios paupérrimos, en la baja acreditación, y en la nula capacidad de decisión de los estamentos, pues es solo el Rector y la junta directiva quienes deciden por el destino de toda la comunidad universitaria.

Sobre la hipoteca de terrenos, esta “iniciativa” es respaldada y apoyada por la vicerrectora Erika Castillo, quien se integrará como una de las representante de las autoridades ante la futura mesa de negociación con la toma separatista de mujeres y disidencia. Vicerrectora que junto a Carmen Balart, decana de la facultad de Historia, Geografía y Letras, son las principales cartas barajadas para ocupar el cargo de Espinosa tras los profundos cuestionamientos que se le han abierto. No obstante, ellas son las mismas que han expulsado a estudiantes, las que mantienen en condiciones precarias a trabajadores y auxiliares, y como medida empresarial, es la propia Erika Castillo quien les ha prohibido a las y los funcionarios hablar con estudiantes, decisiones que pasan a llevar la organización triestamental entre el estudiantes, funcionarios/as y académicos/as.

Hace un par de días se llamó a una reunión del Consejo de Facultad de Historia y Geografía en donde tanto Jaime Espinosa como Leonel Durán “dan a conocer” los resultados de una investigación hecha por una empresa externa a la Universidad. Deloitte revela en esta investigación que nos encontramos frente a una Universidad inviable financieramente. Tal como como ocurrió el primer semestre, vuelve a surgir esta pregunta: ¿Por qué hoy nos encontramos en esta situación?, lo cierto, es que sabemos claramente quienes son los responsables de esta crisis. Los mismos que dieron a conocer esta información en esa reunión, los cuales salieron a responder que el problema es del autofinanciamiento. Si bien, compartimos ese análisis, de fondo lo utilizan porque tanto Espinosa como Durán buscan desentenderse de sus responsabilidades como Rector y Director de Finanzas respectivamente. Lo concreto es que esta empresa externa “sugiere” una serie de medidas para hacer “viable” la Universidad, y estas se encuentran dentro de la lógica de la Universidad empresa, en donde se habla de costos son excesivos, y una de las primeras medidas que aparecen tiene que ver con la externalización de los funcionarios de aseo y porteros de nuestra universidad es decir, el subcontrato al interior del Pedagógico; la “racionalización” de honorarios, es decir despidos; la cobranza de los créditos judicialmente por medio de una empresa externa, es decir, que la crisis la paguemos estudiantes, funcionarios y académicos.

Frente a esto, es momento de que volvamos a ser un actor protagonista, que salgamos del estadio de pasividad y de normalización de la precariedad. Volvamos a ser ese sector capaz de poner en jaque a los gobiernos, los partidos, los rectores y autoridades, volvamos a retomar la fuerza que como estudiantes demostramos tener durante la movilización que nació por la problematización a la pésima gestión de la Universidad y los nulos márgenes de decisión que tenemos, proceso que se interrumpido por la irrupción de la toma separatista de mujeres y disidencia que sacó del centro lo anterior, haciendo una separación de las demandas de género y las del movimiento estudiantil de la universidad. Pues si bien la demanda por una educación no sexista y por un protocolo contra el acoso al interior del Pedagógico es necesaria sigue siendo mínima porque frente a las problemáticas de género y machismo que se reproducen en la universidad, las autoridades son quienes la han sostenido y encubren sistemáticamente.

No debemos caer en la ingenuidad de que las autoridades acabarán con algo que les es servil a sus intereses, aquí debemos preguntarnos ¿cómo conseguiremos la salida del rector y las principales autoridades, si son los mismos que hoy tienen la última palabra en instancias cerradas como la Junta Directiva? Solo con la fuerza de la movilización del conjunto de las y los estudiantes avanzaremos a conquistar nuestras demandas: como la elección universal de las autoridades unipersonales en miras de un cogobierno triestamental o la batalla por un financiamiento integral hacia las universidades estatales para garantizar el paso a planta de funcionarios y profesores; la gratuidad real a quienes estudiamos en el Pedagógico, avanzando a condonar las deudas de compañeros y compañeras producto del Fondo Solidario, además de avanzar en los proyectos de investigación que nos permitan decidir sobre nuestra formación y conocimiento en conjunto al resto de los estamentos, medidas que garanticen un proyecto educativo que esté pos de nuestros intereses y necesidades. Discusiones relevantes a retomar, más aún cuando el cargo de Espinosa está pendiendo de un hilo: ¿quién lo reemplazará? ¿bajo qué mecanismo se tomará esa decisión? ¿aquella recaerá en los estatutos de la dictadura? Discusiones de este calibre competen al conjunto de la comunidad, no de un sector reducido que es el que viene sosteniendo toma y que replican la misma lógica burocrática de las autoridades al cerrar los espacios de discusión.

Nacionalización de SQM: Sin pago a los empresarios

Esto tiene que ir de la mano de un plan de financiamiento integral en donde el Estado se haga responsable de la crisis abierta por la educación de mercado y una negligente gestión de las autoridades. Por ejemplo, durante estos días, hemos visto como se ha puesto en boga la discusión sobre Soquimich (SQM), principal empresa encargada de la explotación del litio y otros minerales, y que fue denunciada el año 2014 por el financiamiento ilegal de campañas a representantes tanto de la derecha como de la Nueva Mayoría.

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Solo el año pasado, SQM recaudó $272,3 mil millones de pesos, ganancias que queda mayoritariamente en manos del sector privado, siendo que fácilmente podría abastecer las necesidades de la gran mayoría de la sociedad, entre estos, un financiamiento integral a los planteles educativos estatales que permita romper con la lógica de mercado en la educación y la precarización de la misma. En base a esto, desde Pan y Rosas y Vencer planteamos firmemente la expropiación de SQM, nacionalizar nuestros recursos como el litio y el cobre.

Sin embargo, esta expropiación no puede ser en los términos del 20% como plantea el Partido Comunista y el Frente Amplio, coalición que ante la crisis y cierre de la Universidad Iberoamericana plantea la “reubicación” de los estudiantes: medida totalmente insuficiente, pues no asegura un lugar de estudio o trabajo real, así como tampoco asegura la convalidación de los años cursados, es por esto que el estado se tiene que hacer cargo de las consecuencias del mercado en la educación por medio de la estatización de las universidades en crisis o que quiebren.

Los partidos mencionados previamente, en sus propuestas de nacionalización, plantean que el Estado capitalista y sus instituciones deben gestionar la producción de estos recursos, pero entendiendo el carácter que posee el Estado en el sistema actual, las ganancias seguirán llegando a las manos de los de siempre, sin que la clase trabajadora cumpla un rol en la administración y toma de decisiones, ni garantizando que las riquezas estén a disposición de nuestras necesidades.

Como mencionamos antes, la nacionalización no puede ser en los mismos términos de el gobierno de la UP, donde los empresarios transnacionales fueron indemnizados con la compra de sus empresas. No tenemos porqué pagar a quienes nos han saqueado durante décadas, la nacionalización de nuestros recursos naturales, como el litio y el cobre, deben ser sin pago a los privados y con administración bajo gestión de sus mismos trabajadores, profesionales y la comunidad, para así garantizar que los recursos vayan en pos de nuestras necesidades y no a los bolsillos de la burocracia estatal y sus arreglos familiares.

Es importante que el movimiento estudiantil vuelva a impulsar, desde las calles, la exigencia de que el Estado se haga responsable, porque en Chile sí hay plata, sí se puede financiar la educación al igual que el conjunto de las demandas de estudiantes, el pueblo trabajador y los sectores más empobrecidos, y la única vía para poder conquistarlas es la nacionalización del litio y el cobre, que garantice un financiamiento integral, al igual que la estatización de las universidades en peligro de cierre, como la Iberoamericana y Arcis, que vele por el derecho a la educación.






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