Política Chile

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La hipocresía de Sutil y los empresarios

Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) hizo un llamado a sus amigos los empresarios a “subir” la vara ética en las empresas en términos de tratos con las y los trabajadores. A la vez, hizo un llamado a discutir el Ingreso Mensual Mínimo, planteando que este debe subir progresivamente. Una hipocresía total de parte del dirigente empresarial mientras millones de personas se encuentran sin empleo y más de 890 mil trabajadores ganan el sueldo mínimo o incluso menos; no así los grandes empresarios, como Luksic, que siguen aumentando su fortuna a niveles exorbitantes a pesar de la pandemia.

Viernes 15 de enero

En la inauguración de ENADE, el presidente de la CPC, Juan Sutil, marcó su discurso bajo la tónica de “volver a confiar” y evitar que se produzca un clima polarizado en el país. Y es que el líder del organismo empresarial, más allá de sus deseos, sabe que parte de la gran crisis que atraviesa el país a nivel política y social, tiene que ver también con un sentimiento anti empresarial que durante los últimos años se ha hecho cada vez más fuerte entre las personas.

Los casos emblemáticos de corrupción entre los empresarios y la política como lo fue el caso PENTA, el que involucró el financiamiento a personajes de la derecha chilena en su mayoría pertenecientes a la UDI, como el pinochetista Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Ena Von Baer, entre otros, han sido parte de la crisis de confianza en el sector empresarial por parte de la población. Y es que no es el único caso, vimos también el caso de colusión de los pollos entre Agrosuper, Ariztía y Agrícola Don Pollo, quienes acordaron la producción nacional de la carne, otorgándose cuotas de producción para manipular precios; a la vez que tres grandes cadenas de supermercados como Walmart, Cencosud y SMU (Unimarc), fueron acusadas de haberse puesto de acuerdo para fijar, a través de sus respectivos proveedores. Así un suma y sigue con casos de corrupción y colusión desde el mundo empresarial, no olvidemos el famoso caso del papel higiénico donde también hubo colusión entre la papelera sueca SCA y la CMPC de los magnates de la familia Matte.

A la vez Sutil, quien reconoció ser parte del “Rechazo” durante el plebiscito del 25 de octubre pasado, planteó que el proceso constituyente ahora les abre a los empresarios la posibilidad de una Nueva Constitución, una “nueva ventana de esperanza, una oportunidad para volver a confiar”, esto según él en la perspectiva de crear una buena política de Estado y una buena política al servicio de las personas.

En esto último, hizo una referencia al Ingreso Mínimo Mensual (IMM) garantizado, el cual es un complemento salarial que actualmente, a quienes ganan menos de 380 mil pesos brutos, el Estado aporta para que las y los trabajadores no reciban menos de 300 mil pesos líquidos. Según propusiera el ejecutivo de la CPC, el IMM debe ser discutido y aumentado de manera progresiva, sin referirse obviamente a hablar de montos.

Se sabe que esto no es más que una mala copia de la demagogia que hacen los políticos de estos 30 años de herencia de la dictadura. Sutil es parte del grupo de capitalistas que se han beneficiado de la profundización y mantención de la Constitución de Pinochet durante décadas. El problema es que ahora ante la experiencia de la rebelión de octubre, vieron peligrar sus posiciones los empresarios, sobre todo cuando el 12 de noviembre de 2019, la clase trabajadora mostró la real fuerza que tiene haciendo tambalear el Gobierno de Piñera.

Si los empresarios como Sutil quieren participar de esta “nueva ventana de esperanza”, es porque a través de los mecanismos que los capitalistas vean necesarios, se van a asegurar a través de las trampas que tiene el proceso constituyente de mantener lo esencial de la herencia de la dictadura y del modelo neoliberal para mantener sus ganancias.

Las reales necesidades del pueblo pobre y trabajador no pueden quedar para un futuro lejano, la demagogia de Sutil no entiende de las reales necesidades que hoy viven millones de familias trabajadoras que se encuentran sin empleo, de los cientos de miles de personas de los sectores populares que hoy ven nuevamente como el rebrote del coronavirus termina afectando más a la población más pobre con el colapso de los hospitales públicos donde las camas de emergencia no dan abasto para la población en su conjunto. Lo más irónico es que en Chile existen ahora los recursos para enfrentar la crisis sanitaria, el problema es que son los grandes grupos económicos como los Luksic que aumentaron su fortuna en medio de la pandemia por más de US$9 mil millones o las transnacionales como BHP que superaron los US$5 mil millones brutos en venta, quienes se roban y saquean las riquezas del país.

Con los recursos que existen, saqueados por los empresarios, se podría enfrentar realmente la crisis sanitaria. Por lo mismo, es necesario luchar por un verdadero Plan de Emergencia basado en el impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país y de la minería que hoy están en alza con el cobre después de casi ocho años. Un Plan de Emergencia que garantice un sueldo mínimo de $500 mil para las y los trabajadores informales, que se proponga el cese de las operaciones no esenciales como la minería garantizando licencias pagadas para todas las y los trabajadores de estos sectores, con ello prohibiendo los despidos por ley.

Como dice anteriormente, recursos y plata hay, el problema es que está en mano de un puñado de ricos, por lo que es necesario que en medio de este proceso constituyente las y los trabajadores, los sectores populares y la juventud tengamos nuestra propia voz y alternativa, que se plantee la necesidad de retomar la movilización y la huelga general, para así conquistar nuestras demandas, como lo proponen las candidaturas impulsadas desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la que dentro de sus puntos centrales tenga la conquista de los recursos estratégicos como el cobre y el litio bajo control de las y los trabajadores, las comunidades y profesionales, para poner las riquezas al servicio de las necesidades del pueblo.






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