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La reforma al Código de Aguas y la profundización del neoliberalismo

Recientemente se abrió la polémica en torno al anuncio de una indicación que hará el gobierno al proyecto de reforma al código de aguas. Lo cual ha generado reacciones en la oposición por su contenido esencialmente neoliberal.

Juan Andres Vega

Estudiante de la Universidad de Chile y militante de Vencer

Martes 29 de enero

En Chile, el derecho a la extracción de agua se divide en dos: derechos consuntivos, es decir, para la extracción y no consuntivo. En el caso de los derechos consuntivos de extracción de aguas se encuentran asignados en un 73% al empresariado agrícola y forestal, el 12% al sector industrial y un 9% a la minería. Esto cobra importancia en la medida que uno de los mayores desafíos en la actualidad es evitar el agotamiento de este recurso vital para el desarrollo humano.

En ese marco es que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (Nueva Mayoría) se ingresó un proyecto de reforma al código de aguas que ponía la condición para la entrega de los derechos de extracción a privados el uso de los recursos hídricos y, por tanto, la eliminación del derecho “a perpetuidad”. Sin embargo el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció este fin de semana que el gobierno ingresará una indicación sustitutiva a dicho proyecto.

En primera instancia, el anuncio hablaba de “asegurar la certeza jurídica respecto a los derechos de aguas”, lo cual significaba en la práctica continuar con la sesión a perpetuidad, sin embargo, ante la ola de reacciones contrarias a dicha indicación que suscitó en parlamentarios de oposición y en sectores sociales organizados en el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), el ministro Fontaine tuvo que “explicar” sus dichos, señalando que: “se mantiene la duración indefinida que contiene el actual código de aguas” y lo que cambiaría sería que para los recursos que no han sido privatizados se realizarán licitaciones. Además, de aclarar que la sesión indefinida no necesariamente es a perpetuidad porque de no utilizarse el recurso, se pierde el derecho de extracción.

El Código de Aguas es, como muchos otros códigos, heredado de la dictadura de Pinochet la cual utilizó la tortura y la persecución política para poder privatizar los recursos naturales -como el cobre- y los derechos sociales -como la educación o las jubilaciones. Producto de aquello es que hoy la aplastante mayoría de derechos de extracción de agua se encuentran las manos de las grandes empresas.

Sin embargo, la crisis hídrica que vive nuestro país, en que localidades completas como Petorca se encuentran desabastecidas y tienen que recibir ayuda de camiones aljibes para poder obtener el preciado recurso pone sobre la mesa el debate sobre el acceso al agua como un derecho humano. En ese contexto es que el Senador Guido Girardi (PPD) lanzó una campaña por la nacionalización del agua como bien nacional de uso público.

Lo cual, por cierto, contrasta con que durante los 20 años de gobiernos concertacionista, de los cuales Girardi fue parte, jamás se avanzó en dicha materia. Además, se habla de “nacionalización”, es decir, de la compra por parte del Estado de los derechos que fueron cedidos (por el mismo Estado) a los propietarios privados. Pero ¿de dónde planea el el senador sacar los recursos para dicha compra? ¿aumentando la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional?.

Es decir, mientras el agua potable se agota producto de la explotación indiscriminada del recurso por parte de los empresarios, la derecha solo responde con más concesiones a los privados con ciertos “límites” más bien formales que realmente útiles para frenar el agotamiento. Por otro lado, sectores de la oposición progresista, trata de “aprovecharse del pánico” y lanza una campaña sobre la nacionalización del agua sin explicitar más profundamente de dónde saldrán dichos recursos o cómo se supone que la pura nacionalización puede evitar el agotamiento del agua.

En ese sentido, es que se hace necesaria la expropiación de la totalidad de los derechos de extracción de agua sin indemnización y la puesta bajo gestión de sus trabajadores y de los consumidores, para poder administrar racionalmente el recurso, para poder solucionar el problema de la sequía que afecta tanto directamente a los hogares que no cuentan con acceso a agua potable, como al duro impacto que tiene en la agricultura.






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