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Las exorbitantes pensiones de los funcionarios de las Fuerzas Armadas

$2,3 millones de pesos es el promedio de una pensión de los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, mientras que la pensión de vejez promedio es de $192 mil pesos.

Lunes 22 de octubre de 2018

Las abultadas pensiones

Según el reportaje de CIPER, entre el año 2011-2015 el Estado gastó un total de $3,8 billones para pensiones de las Fuerzas Armadas en retiro, en el cual de 3.090 oficiales en retiro se encontraron a 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuestan al Estado $1.200 millones anuales.

"Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados", cita el informe de CIPER.

Y es que en los últimos 10 años las pensiones en el sector militar han aumentado un 75%, siendo el promedio entre las tres ramas de las FF.AA un aumento de $494 mil en diciembre de 2015, a $866 mil en igual mes de 2015.

Casos como las millonarias pensiones de los altos mandos en Gendarmería , Milicogate y Pacogate son parte de la impunidad que abarcan las leyes que se heredaron durante la dictadura cívico militar.

Ley del Cobre y el 10% de las Fuerzas Armadas

Con el dinero de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas, bajo la Ley del Cobre que cubre los privilegios que heredó la dictadura para los represores.

La Ley del Cobre obliga a Codelco a entregar el 10% de sus ventas a las FFAA, donde el financiamiento estatal para otras materias de políticas públicas quedan rezagadas del presupuesto estatal.

Es necesario exigir y luchar por poner fin a esta ley que saquea el principal recurso natural del país en beneficio de una institución represiva y altamente cuestionada por casos de corrupción y fraude al Fisco. Que las riquezas que producen millones de trabajadores y trabajadoras, y los recursos naturales, sean puestos a disposición de las necesidades de las grandes mayorías: para costear pensiones, salud, educación, viviendas, entre otros derechos hoy privatizados y que perfectamente podrían ser solventados y garantizados por el Estado.

Son cientos de miles de personas en el país que se han movilizado durante estos últimos años contra las AFP y el negocio empresarial, y gran parte de la población rechaza que se siga lucrando a costa de las pensiones y la vejez de millones. El modelo de "capitalización individual" creado por el hermano de Sebastián Piñera, ya mostró que su único objetivo es generar ganancias millonarias y arrojar a la miseria a las y los jubilados, después de toda una vida de trabajo. Por eso es necesario movilizarse, en unidad entre sectores de trabajadores, estudiantes, mujeres y jubilados, contra las AFP y por un sistema de reparto solidario, tripartito y gestionado por trabajadores, jubilados y profesionales a disposición, con pensiones de $450.000 como base mínima, para acabar con las jubilaciones de hambre.






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