Ley de Partidos Políticos: Las trancas constitucionales para la legalización de los grupos nuevos e independientes

Las actuales movilizaciones populares han tenido muchísimas consecuencias, entre ellas la conformación de nuevos partidos políticos, tanto de derecha como de centro e izquierda. Sin embargo, la ley para la formación de éstos entrega más obstáculos que facilidades para ello porque, para variar, es herencia de la dictadura de Pinochet.

Sábado 1ro de febrero | 07:29

Actualmente, hay 21 partidos políticos nuevos y otros 9 en formación desde el estallido de la revuelta popular en octubre pasado, lo que demuestra una mayor (y creciente) politización de las masas en el país. Algunos se declaran de izquierda, otros de ultra derecha y derecha y otros “ni de izquierda ni de derecha” o instrumentales, componiendo un variado espectro.

Sin embargo, este diverso abanico puede traer la falsa idea de que conformar un partido es algo relativamente sencillo y que las condiciones entre partidos tradicionales y nuevos son parejas, pero la realidad demuestra otra cosa. Es necesario partir mencionando que la actual ley tiene como base la promulgada en dictadura, y que a pesar que ha sido reformada unas cuantas veces a lo largo de los años, esta sigue beneficiando a los partidos del régimen.

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La herencia de la Dictadura

Anteriormente al golpe militar, existía una gran variedad de partidos políticos, tanto de burgueses como de trabajadores y pobladores, que reflejaban el momento de lucha de clases del país y la poderosa organización de la clase trabajadora y explotada. La dictadura llegó a barrer con eso a través del genocidio y persecución política, en especial de la izquierda, así como también prohibiendo toda actividad partidaria y la realización de las elecciones. No es hasta 1987 que se promulga la ley de partidos políticos, que reconoce la existencia de los mismos. A pesar de que un año después Pinochet deja el poder después del triunfo del NO en el plebiscito, la ley de partidos políticos casi no sufre modificaciones sino hasta el 2016 y 2017, prácticamente 30 años después, luego de que se destaparan brutales casos de abuso de poder y privilegios, corrupción y malversación fondos por parte de fuerzas armadas y corrupción por financiamientos irregulares de campañas electorales, entre otros, dejando al descubierto la influencia del empresariado en la política nacional y la estrecha relación de este con los partidos del régimen.

Los “profundos” cambios de la reforma

La reforma a la ley de partidos políticos tuvo como ejes centrales la estructura interna de los partidos, el financiamiento, las acciones propias de campaña y los mecanismos de control y fiscalización. Por ejemplo, con respecto al financiamiento se aprobó que el estado financiase a los partidos través de aportes trimestrales, donde un 20% sería basal repartido proporcional de acuerdo a las regiones es que están constituido y el 80% que resta sería proporcional a los votos obtenidos. También se prohibió la donación de empresas a partidos y se permitió las donaciones de personas naturales, con un máximo de 500 UF (actualmente un poco más de 14 millones de pesos).

En cuanto a la constitución de éstos, la ley expresa que es necesario que se afilie al partido un número de ciudadanos con derecho a sufragio equivalente, a lo menos, al 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose, siempre y cuando dicho porcentaje del electorado en cada región fuese superior a 500 electores. Y si contemplamos el tiempo de duración, se considera automáticamente disuelto un partido si éste no alcanza el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de las regiones donde se constituyó, entre otras condiciones.

Considerando la arista de los mecanismos de control y fiscalización, la ley le otorgó autonomía constitucional al SERVEL, a través de personalidad jurídica y patrimonio para ejercer la administración y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, normas sobre partidos políticos y las referidas a transparencia, límite y control del gasto electoral. Además, el SERVEL considera un Consejo Directivo integrado por cinco miembros designados por el Presidente de la República, siempre que haya previo acuerdo de 2/3 del Senado, es decir, la proclamada “autonomía” no es tal.

La dispareja emparejada de cancha

La ley es una sola y la misma para todos los partidos, pero su aplicación no garantiza igualdad de condiciones. ¿Qué pasa con los partidos pequeños? No aquellos que son de derecha, cristianos y conservadores que poseen el apoyo de las iglesias y de la burguesía y que además hacen fuerza común con los partidos de derecha tradicionales, sino los que son populares, conformados por trabajadores y pueblo pobre, que no poseen (y rechazan) vínculos con los empresarios. Sucede que con dificultad pueden mantener la legalidad, pues no necesariamente habrá personas naturales que les donen 14 millones de pesos, mientras que al mismo tiempo deben volcar extraordinarias fuerzas en recolectar firmas y afiliados para existir (recordemos, 0,25% de los votos de la última elección de diputados por cada región donde se constituyen). Si además consideramos que la “autonomía” del SERVEL es falsa y que si no logran en las elecciones más del 5% de los votos en cada una de las regiones donde se constituyó legalmente se diluyen de forma automática, entre otros obstáculos, prácticamente los partidos pequeños están condenados a desaparecer ante la ley.

¿Por qué entonces conformar un partido?

A pesar de que los partidos del régimen están podridos al igual que la constitución, incluyendo la misma ley para conformarlos, la legalidad entrega una tribuna que puede ser aprovechada para impulsar la lucha y la auto organización de las y los oprimidos y explotados, de forma independiente al empresariado y a los partidos tradicionales. La constitución impuesta en dictadura pone obstáculos a ésta auto organización porque es la clave para el comienzo del fin del sistema económico y político actual. Incluso, más allá de conseguir escaños parlamentarios para participar de la estéril discusión en el congreso por un “cambio desde dentro” como plantea el Frente Amplio, participar en elecciones servirá de amplificador de la voz de los movilizados, indignados, empobrecidos y explotados, no para transformarse en parlamentaristas de sueldos privilegiados.

Si el objetivo es darlo vuelta todo y conquistar los derechos que por décadas nos han sido negados, la construcción de un partido debe tener entonces un horizonte revolucionario que impulse la movilización, la auto organización de las y los trabajadores, mujeres, juventud, pueblos originarios y demás oprimidos, de perfil anticapitalista y feminista. Este partido revolucionario será el fruto de la confluencia entre militantes conscientes de éste objetivo con nuevos sectores de la clase trabajadora y la juventud que despiertan a la vida política y la fusión con grupos que se acerquen a las ideas revolucionarias, porque una nueva sociedad sin clases sociales, libre de explotación y opresión es posible.

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La propuesta de una nueva alternativa política.

Actualmente, el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) está en proceso de recolección de firmas para poder legalizarse en las regiones de Arica, Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana y así conformar una alternativa política a nivel nacional, pues actualmente existe en las regiones de Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. Bajo el nombre legal de Izquierda Anticapitalista de los Trabajadores, el PTR se propone ser un factor importante en la lucha por una Asamblea Constituyente 100% libre y soberana, por el fin de las AFP y salarios de hambre y miseria, que todo parlamentario gane como un trabajador, por el derecho de las mujeres y personas gestantes a un aborto legal libre seguro y gratuito, así como también al grito de ¡Ni una menos! y ¡basta de femicidios! propone una ley de emergencia para enfrentar la violencia hacia las mujeres y la diversidad/disidencia sexual y de género. Así mismo, impulsa la lucha por educación y salud gratuita, pública y de calidad para todos, que incluya educación sexual para decidir, como también plantea basta de saqueo y contaminación de las grandes empresas: fin a las zonas de sacrificio con la renacionalización de los recursos naturales bajo la gestión de los trabajadores y la comunidad. Todo esto de la mano con la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo Mapuche es cual es reprimido a diario brutalmente.

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Referencias:
Fuentes, Claudio. 2017. Las nuevas reglas del juego político en
Chile: partidos, campañas y probidad. Fundación Friedrich Ebert en Chile.
Ley n° 18.603, Orgánica constitucional de los partidos políticos.






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