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Ley de Puertos: Alcalde Sharp busca alianzas con la derecha y empresarios

Con el llamado a un Cabildo en el que participen empresarios, parlamentarios, fuerzas armadas y diversas autoridades, el Municipio de Valparaíso está impulsando la política de Jorge Sharp sobre tributación de empresas portuarias, que deja intacta las privatizaciones.

Miércoles 13 de junio | 07:15

Ley de Puertos

La Ley de Puertos, también llamada Ley Valparaíso, es una iniciativa que han impulsado diversas personalidades desde inicios de la década pasada, y que consiste en crear un sistema de tributos por carga transferida a las empresas portuarias instaladas en las ciudades-puerto del país, lo cual permitiría a sus municipios contar con recursos seguros y frescos, sin que se centralicen a nivel fiscal central. En su versión más conocida, este tributo consiste (al 5º año de su aplicación) en US$ 0,5 por tonelada contenedorizada transferida, y US$ 0,3 por tonelada de carga fraccionada. Según los cálculos de Sharp, un día de actividad portuaria equivale al 10% de la deuda municipal, 70 camiones recolectores de basura, 3.000 jóvenes en educación superior gratuita, o la construcción de 2 Cesfam.

¿Con los trabajadores o con los empresarios?

Jorge Sharp hizo suya esta propuesta y la incluyó en su Campaña, y ha sido una de sus puntas de lanza desde el año pasado. Ya desde entonces se había reunido con el senador de RN Francisco Chahuán, con quien comparten esta idea, expresando en ese momento que no había que mirar pequeñeces, en alusión a la militancia derechista del legislador. También se reunió con el diputado de la DC Aldo Cornejo y con el senador del PPD Ricardo Lagos Weber, ambos pertenecientes a la ex Concertación cuando el conglomerado realizó la privatización de los puertos en 1999.

El pasado 2 de Junio se reunió con el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, para hacerle entrega de la propuesta de Ley de Puertos, ésta sea conocida por el gremio y tome una postura al respecto. Recordemos que a la Sofofa está asociada la Cámara Marítima Portuaria, que agrupa a los empresarios del sector, y que durante el Paro Nacional Portuario del 2013 llamó al gobierno de Piñera a reprimir con la Armada.

Previo a la Cuenta Presidencial del pasado 1 de Junio, en la Comisión de Zonas Extremas del Senado Jorge Sharp había presentado a la Asociación Chilena de Ciudades Puerto unida transversalmente tras la idea, a la vez que las firmas de 35 mil vecinos de Valparaíso. En la ocasión, señaló que “la pelota […] está en manos del Gobierno”, debido a que en materia tributaria sólo el Ejecutivo puede ingresar iniciativas. Posteriormente, expresando su decepción ante los nulos anuncios de Piñera, Sharp calificó la Cuenta Presidencial como una “oportunidad perdida”.

La privatización queda intacta

Sharp fue claro en señalar que “Creemos que llegó el momento de realizar una revisión profunda de la ley de modernización portuaria que produjo una transformación en los puertos de chile en 1999. Esa ley pudo haber traído algunos beneficios, pero también ha traído hartos problemas a los puertos, a la administración del Estado y a las ciudades puertos”. Lo cierto es que la Ley de Modernización Portuaria solamente trajo beneficios a los empresarios del rubro, entre ellos a la familia Von Appen, reconocida por su origen nazi y por pedir “un nuevo Pinochet” el 2013. El mismo Sharp señala lo que puede construirse con un solo día de actividad portuaria, y esos beneficios solamente van a parar a los bolsillos de los empresarios.

Notoriamente, Sharp no menciona a los trabajadores portuarios ni sus sindicatos, porque eso le significa entrar en terreno inestable, debido a que el referente más importante de la ciudad, el Sindicato Nº1 de Estibadores, está en manos de dirigentes pro empresa y amigos de los Von Appen, que han ido al edificio consistorial a expresar su rechazo a la posición del alcalde frente al T2. De esta manera, en vez de hacer uso de su extensa bancada parlamentaria para apoyar a éstos trabajadores a poder sacarse de encima esa camisa de fuerza, la ponen a disposición de realizar alianzas con derechistas, empresarios, privatizadores y fuerzas armadas, haciendo un lejano eco de la política regionalista de la derecha, sin avanzar a plantear que lo necesario es volver a estatizar los puertos y ponerlos bajo administración de sus propios trabajadores.






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