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López Obrador y la utopía del Estado de bienestar en el siglo XXI

Acto conmemorativo por el aniversario de la Constitución: el presidente afirmó que llevar los programas sociales a rango constitucional implica que en México se instaure un Estado de bienestar. Nada más lejos de la realidad.

Bárbara Funes

México D.F | @BrbaraFunes3

Sábado 8 de febrero

“Que estos derechos se eleven a rango constitucional, esa es la reforma pendiente que estoy seguro de que en este periodo va a discutirse y, en su caso, aprobarse en el Congreso, y esto va significar el establecimiento de un auténtico estado de bienestar”, sostuvo López Obrador durante la ceremonia oficial.

Jóvenes construyendo el futuro, uno de sus programas estrella, consiste en una “beca” de $3,178 para quienes acepten ser “aprendices” en empresas productoras de bienes y servicios o en instituciones del Estado. Sin derechos laborales de ningún tipo, a cambio de “capacitación” constituyen mano de obra gratuita para el sector privado, mientras que en las dependencias del Estado son utilizados para desplazar a trabajadores que, incluso trabajando por honorarios, cobran poco más de un salario mínimo.

La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, otro programa que presume el presidente, asciende a $2,260 por bimestre. Difícilmente se cubrirán medicamentos, renta y otros bienes y servicios que requieren los adultos mayores.

Estas cifras contrastan con el precio de la Canasta Alimenticia Recomendada (CAR) - elaborada en conjunto entre el Centro de Análisis Multidisciplinario y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud-, que para 2017 ascendía a $7,360.2 por mes.

Programas como estos están muy lejos del Estado de bienestar que invoca López Obrador. Lo limitado de la ayuda social tiene que ver con un contexto económico complejo en el plano internacional, sumado en México al freno de la obra pública. Mientras tanto, el gobierno mexicano sigue honrando la fraudulenta deuda externa, que asciende a 456 mil millones de dólares, y deja en la calle a cientos de miles de familias de trabajadores estatales que fueron despedidos en nombre del plan de austeridad.

¿Qué fue el Estado de Bienestar?

Consistió en un conjunto de medidas gubernamentales que se pusieron en práctica a partir de 1950, orientado al mantenimiento y reproducción del consumo a partir del incremento de gastos estatales (como en salud y pensiones) y el endeudamiento creciente.

Se dio en el contexto de la implementación del Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, para la reconstrucción de una Europa en ruinas, y cumplió la función de cooptar a la clase trabajadora de los países centrales contra el resto de los países semicoloniales de la periferia capitalista. Eran los primeros años de la hegemonía del imperialismo estadounidense en el terreno económico, político y militar.

Nada que ver con el contexto actual, de crisis estructural y el semiestancamiento que el capitalismo arrastra desde el inicio de la recuperación post crisis 2008/9, signados por las debilidades del crecimiento de la economía internacional, de la reducida inversión, del bajo crecimiento del comercio global y del crecimiento de la productividad -por la vía de la precarización- del trabajo. Todos son factores que además pueden tener un agravante adicional, según distintos analistas: el impacto del coronavirus en la economía mundial.

Con programas sociales no se resuelve la degradación de las condiciones de vida de las mayorías. Es necesario que la clase obrera y los sectores populares se vean en el espejo de los trabajadores que en Francia enfrentan la reforma de pensiones del presidente Macron, y de los jóvenes y los trabajadores que tomaron las calles en Chile contra los atropellos del gobierno de Piñera.

El camino en México es luchar en forma independiente del gobierno y los partidos del Congreso para conquistar salarios que cubran el costo de la canasta familiar y se ajusten según la inflación, por el derecho a seguridad social para todas y todos, a la educación, a la salud, a pensiones y a vivienda digna, y contra la precarización laboral, que el gobierno de la Cuarta Transformación se ha empeñado en mantener, especialmente en el sector estatal.






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