Logo Ideas Socialistas

SEMANARIO

El despojo y la opresión histórica del Estado chileno contra el pueblo mapuche, una salida anticapitalista y socialista

Pablo Torres

Juan Valenzuela

El despojo y la opresión histórica del Estado chileno contra el pueblo mapuche, una salida anticapitalista y socialista

Pablo Torres

Juan Valenzuela

La serie de desalojos efectuados por sectores racistas, instigados por la extrema derecha la noche del pasado 1 de agosto en las municipalidades de Victoria, Curacautín, Ercilla, Traiguén y Collipulli, sacó a la superficie contradicciones sociales profundas. En este artículo queremos referirnos a algunos aspectos estructurales: cómo se articulan el racismo, el capitalismo y la lucha mapuche, poniendo en debate una política de izquierda anticapitalista y socialista para responder a las encrucijadas que nos plantea.

Estas acciones en contra de las tomas en apoyo a la huelga de hambre de 26 presos políticos mapuche y el machi Celestino Córdova, pusieron de manifiesto -otra vez- la profunda fractura entre el pueblo mapuche, el Estado chileno y los sectores más conservadores vinculados a los terratenientes (o a camioneros), de una sociedad que al sur del Biobío fue construida sobre la base del colonialismo, el despojo y la contrarrevolución capitalista neoliberal que terminó con el proceso revolucionario de la década 1970.

¿Cuáles son las premisas de la lucha del pueblo mapuche con el Estado chileno, los capitalistas y los sectores reaccionarios? Para responder hoy, es necesario tener en cuenta es que durante las últimas cinco décadas se configuró un escenario en el que las empresas forestales son las grandes ganadoras mientras los mapuche se empobrecen y emigran a las ciudades y la mayoría de las trabajadoras y trabajadores asalariados de La Araucanía, gana sueldos de hambre, lo que se agudiza al ser parte de la población mapuche. El Estado -que en la zona del conflicto se abrió paso a través de la ocupación militar a fines del s. XIX- en conjunto con los sectores reaccionarios herederos de los primeros colonos y terratenientes actúan como la fuerza de choque de los intereses capitalistas en la zona. A través de esta configuración se desarrolla pauperización en un polo de la sociedad y la acumulación de riquezas inauditas en el otro.

Paisajes de pauperización

La pauperización es un dato de la realidad. Según un artículo publicado por el Centro de Estudios Públicos, la “región de La Araucanía”, donde se concentra una “cantidad relevante” de las personas mapuche (y que, como sabemos, es el epicentro del actual conflicto), “es la región más pobre de Chile”.

«En 2015, el ingreso per cápita de la IX región era sólo de 2.287 dólares, que corresponde al menor entre todas las regiones. Este nivel de ingresos está bastante lejos de la región Metropolitana, que tenía 6.482 dólares por cabeza y del de la región de Antofagasta que, debido al impacto de la minería, tenía un ingreso de 14.420 dólares.»

Ahora bien, los ingresos de los mapuche son inferiores a los de los chilenos incluso dentro de la región más pobre del país. En la Araucanía vive un 23,2% de los mapuche (308.749) bajo dominio del Estado chileno, según datos de 2015 (CEP), por debajo del 32,8% que vive en la Región Metropolitana (436.475) y por encima del 15,4% de la región de Los Lagos (204.682). De esos poco más de 300 mil mapuche de La Araucanía al menos un tercio (100.000) están en situación de pobreza y quienes trabajan ganan bastante menos en comparación a los trabajadores chilenos. Como dice Rodrigo Cerca N. “de acuerdo a los datos de la encuesta CASEN, en 2015, mientras el ingreso ocupacional promedio del resto de los chilenos era de algo más de $470.000 pesos, las personas que se autodeclaraban mapuches en la región de La Araucanía tenían ingresos ocupacionales de sólo $252.000”.

¿Y cuál es la situación de las comunas de Curacautín y Victoria donde se produjeron las manifestaciones de racismo más escandalosas el pasado 1 de agosto? Estas comunas no escapan a esta situación de pobreza. Tomando como referencia datos de 2015, el ingreso medio en Curacautín era de $272.104, y en Victoria de $245.998, apenas por encima del sueldo mínimo ese año y muy por debajo del promedio nacional de ingresos laborales ($470.000).

¿Qué tipo de trabajos realizan en esas dos comunas de La Araucanía quienes ganan tan mal, apenas por encima del sueldo mínimo? Según el sitio datachile, “las ocupaciones más comunes en Curacautín, según el número de trabajadores, son trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, trabajadores no calificados, oficiales y operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios”. Por su parte, en Victoria, la mayoría son trabajadores no calificados, trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados y agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros”. En Curacautín, casi el 14% de la población local es mapuche y en Victoria casi el 28%, según los datos del Censo de 2017. Sólo teniendo a la vista estos datos, podemos concluir que la pobreza es común a chilenos y mapuche en esta zona. Unos y otros ganan mal en empleos de baja calificación, en el campo o la ciudad, aunque los mapuche ganan peor.

La primacía del capital forestal y la pobreza del campo

El trasfondo de esta situación es el tipo de capitalismo que se ha configurado en la zona del denominado “conflicto mapuche”: un capitalismo orientado centralmente a la producción forestal y a la exportación, con un débil desarrollo técnico y bajos niveles de consumo debido a la pobreza. En La Araucanía, la productividad en lo que concierne al trigo y el maíz -que son los cultivos más comunes en el país-; es notoriamente baja, especialmente el maíz, y claramente desigual respecto al sector forestal: La Araucanía es donde peor es el rendimiento del maíz en todo Chile. Según el "Informe Anual de Cultivos Esenciales” del INE “las razones pueden ser múltiples (bajo nivel de capital, pocas economías de escala en la producción, falta de capacitación, entre otras), pero obviamente este es un tema que también requiere atención”, comenta Rodrigo Cerda. Recordemos que una parte importante de familias mapuche rurales se dedica precisamente al cultivo de trigo o maíz. No es nada lucrativo -mucho menos con la parcelación cada vez mayor de las tierras: por eso la mayoría de los miembros más jóvenes de las comunidades sale a trabajar fuera del campo o emigra a otras ciudades.
Este hecho está en evidente contraste con la situación de la industria forestal, que se ha transformado en el sector predominante del capital en el territorio mapuche histórico. La contrarrevolución que llevó adelante la dictadura pinochetista implicó una contrarreforma agraria y el regreso de las tierras recuperadas por los mapuche bajo el gobierno de la UP, a sus anteriores dueños que rápidamente se la entregaron a los inversionistas forestales favorecidos por la dictadura, los que, a su vez, han mantenido la presión contra los mapuche para expoliar sus tierras. Según Massimiliano Farris y Oscar Martínez-Royo:

«El sector forestal es clara expresión del tipo de capitalismo que se ha desarrollado y consolidado en Chile, en particular desde el golpe de 1973 cuando el gobierno dictatorial incentivó la apertura a la inversión internacional, para responder a la demanda internacional de materias primas. Se caracteriza por una extrema concentración del capital en un restringido círculo de grandes grupos económicos (holding) que controlan los diferentes sectores de la economía a través de un régimen de oligopolio [...] la peculiaridad del capitalismo chileno ha sido limitar la conformación de conglomerados económicos exógenos. El sector forestal es una expresión evidente de esto, más que otros sectores como el salmonero o el minero. Estas ventajas garantizadas por el sector público han facilitado a las grandes empresas privadas chilenas una estabilidad económica que les ha permitido internacionalizar sus inversiones» (extraído de conicyt.cl).

Pero al mismo tiempo que esa evidente capacidad expansiva que hace que los capitales forestales locales se hayan elevado al nivel de empresas translatinas, se produce una intensificación del poder de esos grupos en el entorno inmediato en el que actúan y de su trabazón con el aparato del Estado. “Estos factores han determinado que el oligopolio forestal impusiera una hegemonía política y económica que [...] tiene claras implicaciones territoriales”. En realidad, quienes gobiernan en esas zonas, son los capitalistas forestales. Las familias más poderosas del país: Forestal Arauco es controlada por la familia Angelini y la Compañía Manufacturera Papeles y Cartones (CMPC), es controlada por la familia Matte- tienen un interés directo en preservar el actual patrón de acumulación extractivista en los territorios mapuche. Son estas empresas las que moldean el espacio a su imagen y semejanza, sembrando monocultivos a un ritmo determinado solamente por el hambre de acumular y oprimiendo a los mapuche amparados en las fuerzas represivas del Estado. Las forestales “son propietarias de los principales viveros de plantas industriales y de la mayoría de superficie forestada del país (de las 2.400.000 has. plantadas en Chile en 2016, 710.000 has. pertenecen a Arauco y 470.000 a CMPC) - como de la industria de transformación (celulosa, papel, aserraderos, bioenergía). “Sólo la región del Biobío concentra el 40% de la superficie total plantada, el 22% de aserraderos y 8 de las 11 plantas de celulosa del país”. Como vemos, una enorme diferencia con las alrededor de 500.000 hectáreas pertenecientes a la población mapuche.

Lo que podemos concluir de lo anterior, es que cualquier proyecto político que aspire a que las demandas de autodeterminación del pueblo mapuche no se queden en el papel necesariamente debe tocar esos intereses capitalistas y la propiedad privada de estos grandes grupos forestales.

Los terratenientes y una herencia de colonización

Como instrumentos de los sectores del capitalismo forestal predominante y del dominio estatal chileno, encontramos a los herederos de los primeros colonos y que más tarde fueron los terratenientes expropiados durante la reforma agraria de la UP que recuperaron sus tierras en dictadura, pero ya para ceder paso al nuevo sector dinámico de los empresarios forestales apoyados por el Estado bajo la dictadura y luego en democracia. Este sector es -hoy por hoy- el más activo en las acciones directas contra la población mapuche. Es a esta “tradición” y sector social que pertenecen personajes como Gloria Naveillán, de APRA, que hizo el llamado a desalojar con palos la municipalidad, o Juan de Dios Fuentes Vega, actual director del Registro Civil de La Araucanía, que participaba de las reuniones de autodefensa de los agricultores, según reportó CIPER. No son el sector dominante del capital, pero portan una larga tradición de opresión contra el pueblo mapuche.

En los albores de la formación del Estado de Chile, grupos de colonos muchas veces europeos, amparados por el Estado, realizaron expediciones para expulsar por la fuerza a los mapuche, actuando como punta de lanza del dominio estatal chileno y la penetración de las relaciones capitalistas. Un testimonio de Segundo Ancalao, que narra cómo su familia fue expulsada de su lof original para terminar viviendo en Tirúa sur (recogido por R. Foerster), nos permite imaginar el modus operandi de estos colonos pioneros:

“Mi bisabuelo peleó contra los alemanes, los francés, contra los que provocaban las invasiones, ellos peleaban pero al final ellos se aburrían, porque imagínese usted al matarle la oveja a bala, los chanchos póngale bala o perros y en el patio de la casa los gringos poniendo cercos, quitando la tierra. Esa es la parte más o menos, la familia Ancalao eran de Arauco” (Pactos de sumisión o actos de rebelión, p. 242).

Foerster también recoge el caso de “un tal Pedro Grandón que poseía una cantina, engañó a la familia Huilipán y los obligó a alejarse de sus tierras en el año 1861”. El misionero franciscano Luis Mansilla hablaba de “la ley del poderoso que vence al más débil” (p. 243).

Es esta misma ley la que pretenden aplicar grupos como el APRA (Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía), autodenominados hipócritamente víctimas directas de los hechos de terrorismo, con sus llamados a desalojar con palos el municipio. Se trata de la tradición de latifundistas y colonos en esa zona. Esta ley “del más poderoso” en hechos como el secuestro e interrogatorio ilegal de Carlos Lemún en verano de 2015, hermano del comunero Alex Lemún asesinado: “sus captores lo interrogaron sobre un robo de ganado en un predio de Angol”. La comunidad Pu Mapu, en Purén, se había tomado unos predios y fueron desalojados por civiles con escopetas (CIPER). El anteriormente condenado por complicidad en el asesinato de René Schneider, Allan Cooper Allan, agricultor de la zona, declaraba que a quienes se tomen sus predios “los voy a balear a todos si es que llegan acá. No les tengo ningún miedo. Este no es problema de los mapuches, estos son unos delincuentes, algunos son mapuches, hasta andan con extranjeros. Nosotros queremos agarrar a los tipos que están haciendo este tipo de cosas. Son una minoría entre el pueblo mapuche”.

El latifundio, que emergió al calor de estos procesos históricos, sigue existiendo, pero ya no juega por ningún caso el rol central que jugaba en la estructura económica y social anterior, aunque sí mantienen viva una cierta tradición política y cultural. Ahora, se nutre del negocio forestal a través de negocios turísticos, hoteleros, comerciales, y de transporte, junto a toda una red de empresas medianas. Pero su aporte más esencial al dominio capitalista es, sobre todo, ampliar las funciones estatales coercitivas a la sociedad civil, apuntalando los prejuicios anti mapuche y el racismo.

El Estado capitalista chileno y su papel de opresión al pueblo mapuche

Si al finalizar el siglo XIX e iniciarse el s. XX, colonos de distinta proveniencia fueron beneficiados con tierras otorgadas por el Estado, confinando a los mapuche en las “reducciones”, junto a una política “cultural” de chilenización, siendo perseguidas sus prácticas culturales, lengua; hoy, los prejuicios contra “los indios” son usados como instrumento para dividir a los explotados y oprimidos mapuche de los explotados y oprimidos chilenos y garantizar el dominio de los holdings forestales y los sectores que les sirven. El naciente Estado capitalista chileno, en 1861 (tras la anexión de Antofagasta y Arica en la Guerra del Salitre) ha sido un protagonista. Inició un proceso de expansión territorial al sur del río Biobío, con el objetivo de destruir la autonomía política y los elementos rudimentarios de una economía más compleja que se estaban desarrollando en torno a la actividad ganadera.

En el pasado fue el Ejército comandado por Cornelio Saavedra, en una campaña iniciada de 20 años, de sangre, muerte, torturas y sometimiento, conquistando para el Estado chileno alrededor de cinco millones de hectáreas, el puntal del Estado en esa zona.

El horizonte de lo que es hoy en día La Araucanía está marcado por la dictadura de Pinochet que asesinó más de 300 dirigentes mapuche y la “transición pactada”. El fomento y entrega de la actividad forestal en manos de dos grupos económicos también permitió la parcelación de las tierras comunales, destruyendo comunidades por medio de expropiación forzosa, modificando la estructura de la propiedad rural. La liberalización forzosa de las tierras y parcelación en propiedades individuales buscó abrir las puertas a nuevas inversiones en el territorio mapuche histórico, otorgando parcelas mediante “arriendos” y otras figuras legales, con métodos de expoliación, de violencia ilegal y legal.

La transición pactada mantuvo estas bases, y las profundizó. La Concertación mantuvo el peso de la dominación histórica del Estado capitalista chileno sobre el pueblo-nación mapuche y profundizó la dominación del capital forestal. Han buscado con medidas paliativas cooptar y mantener la paz social, canalizadas a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entregando tierras, que sin embargo desde los 90 a la actualidad no alcanzan ni el 20% de los grupos Matte y Angelini. También han desarrollado la persecución sistemática en contra de las comunidades en lucha y las organizaciones como la CAM que ha sufrido el asesinato de dirigentes y el encarcelamiento.

Ninguna de esas medidas ha resuelto históricamente el conflicto, que es una de las crisis vivas del Estado chileno.

Los hechos del 1 de agosto

Los hechos de Malleco no deben ser tomados a la ligera. La intervención del nuevo ministro del Interior en la zona con un vivo llamado a desalojar los municipios tomados por comunidades mapuche, confluyó con la rabia reaccionaria de sectores pauperizados, con una cultura moldeada por viejos latifundistas colonialistas (históricos despojadores del pueblo mapuche, muchos también convertidos hoy en empresarios hoteleros y turísticos). “Hay que sacar a los indios”, “el que no salta es mapuche”: esos fueron los gritos enfurecidos de la turba reaccionaria. Se trata de un sector que es “base social” de la derecha chilena, educados en los prejuicios reaccionarios contra “los indios” y que de alguna manera buscan propagar la cultura del racismo para conservar la división de mapuche rurales y urbanos y trabajadores chilenos a fin de mantener la explotación.

¿Acaso no resuena una herencia del viejo peonaje inquilino? El racismo tiene raíces históricas en esa zona que mucho tiempo fue una “frontera”. La derecha política explota este atraso de la conciencia. Curacautín es una de las comunas más pobres del país, lo mismo Victoria y toda la región. Se decía que en Chile no había racismo, pero acá se ve que sí lo hay. Las fuerzas sociales y políticas que lo sustentan tienen una larga historia.

¿Por qué aparece ahora? En buena medida es una reacción frente al avance de la movilización mapuche. Que la bandera mapuche haya sido parte del símbolo de la rebelión fue un enorme paso. Eso es lo que ahora se quiere detener.

Lo acontecido en lugares como Curacautín y Victoria nos recordó que la derecha está ahí, que sí tiene una existencia social. Si bien todavía los sectores de ultraderecha dispuestos a chocar físicamente con los sectores populares y trabajadores no le imprimen su sello a la situación política, estos hechos nos muestran que es necesario prepararnos. Los golpes al pueblo mapuche mañana serán a toda la clase trabajadora que luche.

El derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche y el programa socialista y anticapitalista

Más que nunca como clase trabajadora necesitamos apoyar las reivindicaciones por la libertad de los presos mapuche y tomar la lucha por el derecho a la autodeterminación nacional y territorial. Los trabajadores, chilenos y mapuche o inmigrantes, por su papel en la producción, pueden confrontar directamente a los grandes grupos económicos que expolian al pueblo mapuche, a las forestales y derrotar al Estado chileno.

La resistencia del pueblo Mapuche no ha sido derrotada, atravesando diversos momentos históricos, y resurge como una de las luchas fundamentales del Chile del siglo XXI. Es una causa que deben tomar la clase trabajadora y los sectores populares.
Importantes cambios estructurales han acelerado el proceso de urbanización y proletarización de sectores del pueblo mapuche, reconfigurándolo. La mayoría de la población mapuche que ha emigrado a las ciudades y sus descendientes, son trabajadores asalariados. El corazón del conflicto del pueblo-nación mapuche está en las zonas rurales, pero quienes luchan contra la opresión están también en las ciudades, en los lugares de trabajo y estudio, poblaciones.

En comunidades, el Estado descarga una brutal represión que no discrimina entre niños o ancianos. Los perdigones, balaceras y golpizas en “zonas de conflicto” proliferan. Desde allí viene la violencia. En su mayor parte, desde el Estado, coaligados con las corporaciones forestales, latifundistas y gremios de colonos.

Las luchas del pueblo mapuche tienen simpatía popular, y apoyo activo en miles de jóvenes. Empieza a resurgir una identidad nacional mapuche, en respuesta a la prisión política, montajes y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Miles de jóvenes, rurales y urbanos, buscan recuperar y revivir el mapuzungun y tradiciones culturales ancestrales, se unen a sus comunidades. Estudiantes mapuche viven en sus universidades represiones constantes. De esta lucha, han surgido diversos proyectos de las comunidades, algunas más proclives a la negociación e integración en el Estado, y otras que reclaman autonomía, territorio y autodeterminación nacional. Algunas con métodos más “parlamentarios” y otras con métodos radicales de ocupaciones, atentados a medios de producción o guerrilla rural.

En cada sindicato y en cada población, en coordinación con nuestros hermanos mapuche, debemos pelear para que se retire la policía de todas esas zonas, por la desmilitarización de la Araucanía, la libertad inmediata de presos políticos mapuche y la eliminación de la Ley Antiterrorista. Las tierras controladas por capitalistas y terratenientes que tienen su origen en el saqueo, deben ser devueltas a las comunidades mapuche, y con la expropiación sin pago de los más de dos millones de hectáreas de los grupos Matte y Angelini.

Estas conclusiones no solo deben ser aprehendidas en consciencia, sino que implicarán una lucha física con los sectores que configuran el dominio capitalista en la zona del conflicto. Como decía León Trotsky: “no hay alma sin cuerpo. No hay revolución sin guerra civil”.

En una zona donde la propiedad privada se constituyó y se ha preservado a través de la violencia y métodos coercitivos más allá de las fronteras del propio Estado, el problema del movimiento de todas las fuerzas sociales estratégicas es de vida o muerte. En perspectiva, significará la autodefensa y milicias obreras junto a la guerra rural mapuche. Sin esa unión no se logrará territorio, autonomía, y la liberación material y espiritual de los sectores empobrecidos, los trabajadores y los mapuche. Es por esta razón que los más de 40.000 trabajadores forestales que laboran en la zona del conflicto, pueden jugar un papel clave si unen sus fuerzas con las del pueblo mapuche para enfrentar los intereses capitalistas.

La cuestión mapuche constituye quizá una de las causas democráticas profundas más irresueltas, e imposibles de resolver por el Estado chileno. La Guerra de Arauco que inició Pedro de Valdivia en 1536, la continúa Sebastián Piñera en el 2020. Quinientos años de matanzas y destrucción de nuestros pueblos originarios, y que le llamamos "Pacificación". 300 años de Colonia y 200 años de República.

La izquierda del régimen no desarrolla una política acorde a la magnitud del problema. El FA y el PC ven posible resolver el problema por medio de mecanismos de diálogo y consenso pero respetando el poder estatal capitalista.

Pero el Estado chileno se ha “perfeccionado” en el manejo militar contra la lucha mapuche. Por eso, destruir esa maquinaria y sustituirla por un gobierno de los trabajadores y trabajadoras, es una precondición para la realización de un verdadero y efectivo derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche. Cualquier “autodeterminación” o “autonomía” es una ficción si no puede ejercerse mientras el poder real del territorio recae en el Estado capitalista chileno y sus agentes ligados al latifundio y sus protegidos forestales. Desde ya esto impone la tarea preparatoria de organizar la autodefensa a través de organismos de frente único de la clase trabajadora y de coordinación con los sectores populares. La existencia viva de una tradición colonizadora y una ultraderecha en La Araucanía, debe llamarnos a evitar cualquier ingenuidad reformista o gradualista a la hora de visibilizar las vías de resolución de las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche.

Sólo un gobierno y un nuevo Estado de ese tipo, basado en organismos de autoorganización que permitan unir a trabajadores y mapuche en la más democrática deliberación de masas, hará posible terminar con la opresión al pueblo-nación mapuche y abrir incluso la posibilidad de la formación de un Estado independiente con los territorios ancestrales recuperados en su propio beneficio. En la lucha contra el capitalismo internacional los socialistas consideraremos mejor pelear centralizando las fuerzas, pero somos conscientes de que un Estado de trabajadores surgido de una revolución, no puede imponer una nacionalidad a un pueblo oprimido por siglos, primero por la Corona de España y luego por la clase dominante y el Estado capitalista chileno.

Acabar con todo rastro de opresión en el mundo -incluyendo la opresión al pueblo mapuche- es parte de las tareas por una sociedad socialista, una sociedad en la que las palabras “opresión”, “explotación” y “racismo” serán erradicadas. El pueblo mapuche y su lucha de siglos puede ser una gran fuente de energías en esta lucha por abrirle paso a una sociedad que deje atrás la miseria y opresión capitalista.

VER TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTA EDICIÓN
CATEGORÍAS

[Represión en Chile]   /   [APRA]   /   [Comunidad mapuche]   /   [Wallmapu]   /   [Persecución policial]   /   [Mapuche]   /   [Derecha]   /   [Extrema derecha]

Pablo Torres

Director La Izquierda Diario Chile / Partido de Trabajadores Revolucionarios
Director de La Izquierda Diario Chile. Miembro de la Dirección Nacional del Partido de Trabajadores Revolucionarios.

Juan Valenzuela

Profesor de filosofía. Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios.
Santiago de Chile
COMENTARIOS