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Nueva burla del gobierno: ministra Zaldivar rechaza igualar pensión mínima a salario mínimo

Reiteradas han sido las críticas que han sido apuntadas hacia la llamada “agenda social” de Sebastián Piñera. Sin embargo, como si de negarse una y otra vez a las demandas del pueblo se tratase, la Ministra del Trabajado, María José Zaldivar, rechazó la idea de igualar la pensión mínima al salario mínimo.

Felix Melita

Estudiante de Psicología Universidad de Antofagasta

Lunes 2 de diciembre | 19:04

“La seguridad social tiene que ser universal y sostenible en el tiempo. Cuando hablamos de universal es que tiene que llegarle a todas las personas que están en situación de necesidad y tiene que ser sostenible, porque no podemos gastar todos los recursos en una sola generación, porque tiene que ser sostenible”. Estas fueron las declaraciones de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, para descartar la idea de igualar la pensión mínima al salario mínimo.

A simple vista a cualquier persona le podría resultar como una excusa lo expuesto por Zaldívar, y efectivamente lo es. Si analizamos las cifras de dinero destinadas a financiar instituciones como Carabineros, por ejemplo, podemos darnos cuenta de la gran falsedad. Tienen dinero, pero prefieren destinarlo a los bolsillos de los empresarios -como los de las AFP por ejemplo- y en la represión misma.

En este sentido, según la información publicada en el portal de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para el primer trimestre del 2019 fueron destinados $1.115.092.271 a Carabineros producto de los presupuestos establecidos por la ley.

En esta misma línea, entre los años 2011 y 2018 los dineros dirigidos a Carabineros sólo para la compra de bombas lacrimógenas, superó los de $2.294 millones. Y como si fuera poco, el Banco Interamericano del Desarrollo aprobó un millonario préstamo para financiar a Carabineros y la Policía de Investigaciones con una caritativa suma de 96 millones de dólares, es decir, alrededor de $77.088.000.000 de pesos chilenos.

Sin contar por supuesto todo el dinero que se fue en corrupción en esas mismas instituciones.

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Pero de momento continuemos con las declaraciones de María José Zaldívar: “Creo que uno nunca puede decir que algo está fuera de la discusión, si lo que implica es mayor beneficio y mayor poder adquisitivo para las personas. Creo que no hay nadie en Chile que pueda decir que una pensión de $110 mil es una pensión que es suficiente, y hoy que la estamos a $165 mil con todo el esfuerzo que implica, tenemos que reconocer que no son montos que nos gustaría entregar en el país”.

Resulta fácil pronunciar estas palabras y decir que algo no puede quedar fuera de una mera “discusión”, cuando los ministros se reciben por lo bajo $6 millones mensuales como salario. Mientras familias enteras tienen que arreglárselas viviendo con un sueldo mínimo.

Hoy lo que Zaldívar apunta como un logro del Gobierno y una “preocupación social”, no beneficia a más del 60% de las y los adultos mayores más pobres de la población. Es decir, ni siquiera al conjunto de ellos. En donde incluso el aumento del 50% de la pensión que tanto han anunciado sólo beneficiará a un 17,8% de las y los adultos mayores de 80 años. No conformes de plantear excusas, continúan riéndose de la población con estas medidas.

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Pero debemos tener algo claro: este es el segundo gobierno de Piñera y sus secuaces. Es decir, no es primera vez que están en el sillón presidencial administrando este régimen de abusos, explotación y miseria. Ellos son responsables directos de lo que el pueblo ha cuestionado con los más de 30 años de abusos. Por lo mismo ninguna demanda del pueblo vendrá a ser solucionada de la mano de ellos: el gobierno de los ricos, los poderosos, los empresarios.

La situación sería muy distinta de fortalecerse la movilización -a decir de un paro nacional, con un plan de lucha y movilización ascendente- y de nacionalizarse los recursos naturales -y ponerse bajo gestión de sus trabajadores, especialistas y las comunidades aledañas- que producen inmensas fortunas que al único lugar que van a parar es a los bolsillos de algún empresario transnacional, para que después el Gobierno venga y nos diga que no hay plata.

No debemos bajar los brazos. Ese es el llamado. Debemos poner en pie una movilización escalonada, que culmine con una huelga general en donde todos los sectores productivos paralicen y estén en la calle. De esta forma se podría poner en pie una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana, para acabar con todos los abusos, las leyes de los más de 30 años que nos tienen atados a la miseria, y poner las necesidades del pueblo trabajador y pobre como prioridad. El pueblo ha dicho basta, y el Gobierno ya no sabe de dónde seguir inventando excusas para salvarse a sí mismos. No tenemos nada que perder.

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