Política Chile

JUICIO Y CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES

Nuevas condenas para Krassnoff: 10 años se suman por homicidio calificado

Este lunes, el Poder Judicial dio a conocer la condena a los agentes de la dictadura cívico y militar, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 10 años y un día de presidio, como autores del delito de de homicidio calificado de Fernando Abraham Valenzuela Rivera, ocurrido en noviembre de 1974.

Lunes 2 de diciembre | 13:30

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Fernando Abraham Valenzuela Rivera, delito cometido en noviembre de 1974.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros María Soledad Melo, Jessica González y Rafael Andrade, condenó a los agentes Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, a 10 años y un día de presidio, como autores del delito, sentencia que revocó la de primera instancia en la parte que absolvió a Espinoza Bravo, tras establecer que tuvo participación en los hechos.

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La Corte confirmó la sentencia contra el Estado de Chile solidariamente con y Krassnoff y Espinoza, de pagar la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000) en favor de doña Eugenia Oriana del Carmen Illanes Pruneda y sesenta millones de pesos ($60.000.000) para cada uno de sus hijos, esto es Fernando, María Luisa y Juan Carlos, todos Valenzuela Illanes, más los reajustes e intereses determinados en la resolución.

Juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de las violaciones a los derechos humanos de ayer y hoy

Han sido 30 años de impunidad a los responsables políticos y materiales de las violaciones de los derechos humanos que se perpetuaron en la dictadura cívico militar, donde la ex Concertación ha tenido una cuota de responsabilidad por permitir el Pacto de Silencio, archivos secretos de la dictadura que impiden la búsqueda de verdad y justicia.

Organismos, organizaciones de derechos humanos y militantes de la izquierda han cuestionado los privilegios de los ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad que están recluidos en el penal Punta Peuco, exigiendo su cierre inmediato y cárcel común perpetua a los genocidas de la dictadura.






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