Política Chile

FRAUDE

[OPINIÓN] La crisis de un ejército que se cae a pedazos

La situación al interior del ejercito chileno es insostenible. Los avances en las investigaciones a las cuales se ve enfrentada por casos de corrupción, los episodios de violencia extrema por el bully institucional y los casos judiciales individuales contra altos mandos mantiene en un profundo cuestionamiento la confiabilidad y gobernabilidad interna de estos mandatos.

Sebastián Castro

Director Colegio de Periodistas Antofagasta

Domingo 24 de marzo

La re publicación de una editorial del diario El Mostrador fue decidora: “ Desde que este editorial fuera publicado, el 13 de mayo de 2016, la situación en el Ejército se ha mantenido inalterable”.

“Si hace tres años una reforma militar en el país era indispensable, cuánto más lo es en este 2019, a la luz de los antecedentes de corrupción en el mundo castrense que se han hecho públicos. La decisión de republicar el editorial surge de una constatación muy simple: que en estos últimos tres años no ha pasado nada”

Si bien esta nota es una aliento a una gran reforma militar, no podemos estar mas en desacuerdo. La salida a los problemas internos debe ser la disolución de estas verdaderas canteras de impunidad y corrupción.

Pero si podemos considerar la necesidad del medio digital de poner al centro que frente a esto no se ha hecho nada en 5 años del “milicogate”.

La situación al interior del ejercito chileno es insostenible. Los avances en las investigaciones a las cuales se ve enfrentada por casos de corrupción, los episodios de violencia extrema por el bully institucional y los casos judiciales individuales contra altos mandos mantiene en un profundo cuestionamiento la confiabilidad y gobernabilidad interna de estos mandatos.

Algunos expertos manifiestan que es menester revisar la institución de conjunto ya que, claramente es un hecho el sostener una institución haciendo caer a meros “peones de peso pesado” que desactiven el conflicto.

En ese marco de discusión se desarrolla la investigación contra el ahora ex comandante del Ejercito.

“Como un peligro para la seguridad de la sociedad”, así calificaron los jueces a Juan Miguel Fuente Alba, ex comandante en jefe del ejercito acusado de peculado por más de 3.500 millones de pesos.

Sin embargo al momento del allanamiento de sus diversas casas solo encontraron 1.200 millones. No se descarta así la hipótesis de haber quemado sus bienes con el fin de reducir los millones malversados.

Pero la responsabilidad política que tiene -y tuvo- la dictadura con la ampliación de la ley 13.196, lo único que permitió fue una mayor recaudación para el gasto “reservado” que mantiene el ejército para – y única institución con este beneficio”- “el resguardo” de concepciones abstractas y geopolíticas como la soberanía, la ley y la patria.

Sin dejar de mencionar que interviniendo mediante la Ley Orgánica de las FF.AA pudo separar la congreso de las decisiones financieras de estas.

La impunidad con que hoy día se abordan los casos de lesa humanidad de reconocidos generales en época de dictadura es más de lo mismo. Junto a homenajes que les realizan en grupos y círculos cerrados del ejército, tienen la oportunidad incluso de invitar al misógino Presidente brasileño Bolsonaro a tener citas personales.

También es criticable la “autonomía decisional” de estas instituciones: obra de la Concertación, tras la democracia pactada no solo se dio el paso a la “reconciliación” sino por otra parte se le dio rienda suelta al ejército en materia financiera.

Es decir, se vivió una libertad absoluta en compra y venta de armas, en el mantenimiento mismo de la propia arca institucional; una desregulación financiera producida por la recontratación de personal y las decisiones en materia de políticas de desarrollo internacional y proyectos.

Esta "anarquía" es la herencia que les otorgó el pacto, y que hoy se va cayendo a pedazos.

Para acabar con esto es necesario terminar con la ley reservada del cobre, el cual entrega el 10% de ganancias por extracción de grandes mineras de manera permanente al ejército y, que independiente de las ventas altas o bajas del cobre, mantiene un monto asegurado.

Siendo un debate de por lo menos una década, se tiene conocimiento que el mejor rendimiento que ha tenido esta ley fue en el periodo 2004 – 2017. y han sido los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera los encargados de otorgarles beneficios “controlados”.

Proponiendo una nuevo sistema en el año 2012, Piñera promovió el fin de Ley Reservada del Cobre. Llena de matices y pisos mínimos favorables al ejército, aun no se destraba en el Congreso. Sin mencionar que se mantienen pisos mínimos desde 1989, como la separación de bienes, osea mantiene al sector “defensa” como el hermano privilegiado de los poderes del Estado.

Cambiar algo para que nada cambie.






Temas relacionados

Política Chile   /   Chile   /   Militares   /   Ejército   /   Corrupción   /   Opinión   /   Sociedad

Comentarios

DEJAR COMENTARIO