Internacional

COVID-19: NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS

Perú: quedarse en casa sin agua potable y hacinados en los asentamientos humanos

En plena cuarentena, vemos que en el Perú de hoy casi 8 millones de personas no cuentan con agua potable y el 72% de las familias no tienen un techo para vivir o habitan viviendas de muy mala calidad. Urgen medidas para encarar la problemática de estos sectores que pertenecen al pueblo trabajador.

Alejandro C.

Militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores CST

Sábado 4 de abril | 10:34

Foto: R-UrbanHell

El Perú enfrenta hoy una pandemia que ha puesto en jaque el Sistema de Salud público, el cual no recibe más del 4% del Producto Bruto Interno, lo que lo convierte así en uno de los sistemas sanitarios peor financiados de América Latina. Por esa razón la rápida propagación de contagiados del COVID-19. Sin embargo, los denominados “especialistas” que todos los días hablan en los medios de comunicación y los políticos de derecha tratan de negar las causas de esta crisis, las cuales están directamente relacionadas con el capitalismo y con más de 30 años de neoliberalismo, lo que permitió el desfinanciamiento de la salud, la vivienda, la educación y la precarización laboral.

Así mismo, debemos tener en cuenta que el avance de la pandemia del coronavirus en el mundo ha permitido gatillar una crisis económica sin precedentes, una de las peores crisis del capitalismo, de lejos mayor que la crisis del 2008 y en muchos aspectos, igual o mayor a la de 1929 según explican diferentes economistas. Frente a esto, los gobiernos en todo el mundo optan por implementar cuarentenas obligatorias en un contexto donde millones no tienen una vivienda o viven hacinados, sin agua potable y otros servicios esenciales.

En el Perú, por ejemplo, casi 8 millones de personas no cuentan con agua potable y según informes oficiales del Ministerio de Vivienda y Construcción, existe un déficit de 1 millón 800 mil viviendas, entre familias que no cuentan con una vivienda o habitan una vivienda precaria. Esto se expresa en que, en nuestro país, un 72% de las familias (respecto al total de hogares) no cuentan con un techo para vivir o habitan viviendas de muy mala calidad. Por esa razón, el Perú es el tercer país de Latinoamérica con mayor déficit de viviendas solo superado por Nicaragua y Bolivia respectivamente.

Quedarse en casa entonces se convierte en un privilegio de clase, donde los sectores medios y acomodados disfrutan la comodidad de sus viviendas y pueden cumplir todas las recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Sin embargo, millones de trabajadores, desempleados o sub empleados viven en ambientes muy pequeños, alquilados o en viviendas precarias en las zonas periféricas de Lima y de otras ciudades del país donde, en muchos casos, no cuentan con agua potable o servicios sanitarios básicos, además de que tampoco cuentan con los recursos económicos suficientes para poder subsistir porque, o son trabajadores ambulantes o porque tienen trabajos que solo les permite vivir del “día a día”.

En ese entender, considerar el toque de queda y el aislamiento social obligatorio como la principal y única forma de combatir la pandemia del COVID-19, implica simplemente trasladar la responsabilidad de la salud a la población que, como vemos, no tiene las mismas condiciones materiales para encarar esta dura problemática ya que no todos somos iguales en esta sociedad capitalista. Hacer esto implica hacer lo mismo que hacen las empresas privadas cuando les dicen a sus trabajadores: “La seguridad es tú responsabilidad y si algo te pasa en el trabajo, a mí no me mires”.

Para nosotros las cosas no son así, por eso decimos que esta crisis sanitaria que vivimos implica discutir también el problema de la vivienda o de servicios básicos como el agua en el Perú, ya que millones hoy pasan la cuarentena en viviendas precarias e inseguras ubicadas en los cerros u arenales de la periferia de las ciudades sin contar con los servicios básicos y por tanto quedan expuestos al contagio no solo del COVID-19, sino de otras enfermedades como el dengue que hoy ya lleva más de 12.288 contagiados en todo el país.

Por eso y para que estas personas se queden en sus hogares y cumplan la cuarentena, el estado debería garantizar como mínimo un salario equivalente al costo de la canasta básica familiar a todas y todos aquellos que no tengan un trabajo formal, y, por otro lado, se debería implementar planes de vivienda que impliquen la construcción de viviendas financiadas por el estado a costo cero de intereses para que quienes hoy padecen la crisis de vivienda puedan vivir dignamente y en lugares seguros.

Recursos económicos para implementar estas y otras medidas existen y hoy se encuentran en las arcas de los grandes empresarios y banqueros que amasaron mucha de su fortuna en los últimos 30 años de saqueo neoliberal. Por ello, exigimos la retención del 30% de las ganancias de estos sectores que mayoritariamente se encuentran estructurados en áreas como la minería, la construcción, la agroindustria, los bancos, las AFPs, quienes se enriquecen a diario a costa de la venta de nuestros recursos naturales, la explotación de la clase trabajadora y la especulación financiera. Estos recursos nos permitirán también poder financiar medidas sanitarias urgentes como el testeo molecular masivo gratuito, además de la implementación adecuada de hospitales, la adquisición de respiradores mecánicos modernos y los implementos de bioseguridad necesarios para que todas las y los trabajadores del sector salud y de otros sectores puedan realizar sus actividades sin poner en riesgo su vida y la vida de sus familias.

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