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Piñera se prepara: ola de despidos en sector público y un escenario económico estrecho

Chile y su modelo económico aumenta sus malas noticias: el escenario mundial no es favorable, el crecimiento se estanca y la inversión extranjera disminuye. Ante esto el gobierno de Piñera prepara dos recetas: reducir el gasto público despidiendo funcionarios públicos y una ofensiva de reformas al empleo que buscan abaratar costos para seguir despidiendo.

Gabriel Muñoz

Licenciado en Historia

Sábado 1ro de diciembre de 2018

Malas noticias y la cruda realidad

Chile perdió hace bastante tiempo el crecimiento económico experimentado durante la década de los ’90 cuando el modelo económico de mercado tuvo mayor despliegue y desarrollo. La creación de empleos se redujo a la mitad, la productividad y la inversión cayeron durante cuatro años consecutivos, mientras que la deuda pública se duplicó y el déficit fiscal efectivo promedio del último Gobierno fue de -2,3% del PIB nacional. Lo mismo ocurre con la inversión extranjera, que cayó más de 48% durante 2018. Para el cobre el aumento de inversión que se proyecta no supera el 1%, lo que representa el peor índice en cinco años. Este viernes 30 de noviembre llegó otra mala noticia: el desempleo se mantiene en un 7,1%, muy por debajo de lo que prometió la derecha antes de volver a la Moneda.

Ya no es novedad que las cifras entregadas por el gobierno pasado de Michelle Bachelet en materia de pobreza están lejos de representar el 11% obtenido por la encuesta Casen. Pues, si se considera el gasto en alquiler, el dato aumenta a 27% según el cálculo leído por Fundación Sol en 2017 sobre la misma encuesta. 3 de cada 10 chilenos estaría bajo la línea de la pobreza, si se considera una canasta básica familiar de $400.000 el índice de pobreza aumenta a 37%.

Despidos en el sector público

Una oleada de despidos masivos es la que se registró esta semana en distintas áreas del sector público. De acuerdo a los cálculos de distintos sindicatos cerca 2500 trabajadores fueron despedidos en tan sólo tres días. Estos despidos se dan en la misma semana donde se acordó un nuevo reajuste fiscal para 2019. Se trata de personal a honorarios, es decir, el modo de empleo inestable que otorga el servicio público y al cual pertenecen más del 48% del total de funcionarios públicos.

Reformas para mantener las ganancias privadas.

El presidente Piñera por medio de una carta a los medios recalca que Chile ya superó buena parte de la pobreza que arrastró de los tiempos de Dictadura (40%) y redujo el desempleo a un 8%, sin embargo, ya nadie cree que con su gobierno la situación ha mejorado. En su carta reconoce que el escenario económico mundial viene estrechándose y para eso propone reformas urgentes, entre ellas, la reforma laboral, cuyo principal eje es abaratar costos para las empresas. Dentro de esta reducción se contempla la disminución por años de servicio.

Tanto El Mercurio como el Diario Financiero, apuntaron sus editoriales a disminuir la indemnización por años de servicio a los trabajadores: una nueva bandera de lucha del capital contra el trabajo. Dicen que poner término a un contrato laboral genera altos costos y por lo tanto ““El alto costo de terminar una relación laboral inevitablemente limita la creación de puestos de trabajo formales.” Es decir, el derecho que tienen los trabajadores que son despedidos -de obtener una indemnización según la cantidad de años que trabajaron- es el culpable del desempleo. Por tanto: hay que abaratar ese costo, facilitando el despido, y teniendo más libertad para contratar, a menor costo claro está (menores salarios y derechos).
La dictadura ya había reducido la indeminzación a 11 años, ahora proponen reducirla a 5 años. Un completo blindaje a las ganancias empresariales, que en Chile, no dejan de subir y concentrarse en reducidos grupos económicos y familias ricas.

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El estrecho escenario económico demuestra la fragilidad del modelo económico de mercado neoliberal instalado en dictadura y profundizado en democracia por los gobiernos de la Concertación y la Derecha. Pero también comienza a mostrar la reacción de los empresarios por mantener sus negocios intactos y descargar el bajo crecimiento sobre los hombros de los trabajadores.

En vez de atacar el derecho a indemnización por años de servicios y una reforma a la medida de los empresarios, proponemos la reducción de la jornada laboral a 30 horas, sin rebaja de sueldo, repartiendo las horas restantes entre todos los trabajadores despedidos o desempleados. El sueldo básico mínimo debe superar los $400.000, ingreso que permite subsistir a una familia compuesta por 4 integrantes.

Esta propuesta será rechazada por el gobierno y seguramente por la oposición que considerará que no podemos afectar los intereses de los privados. En su intento por armonizar los intereses entre trabajadores y empresarios, no han sido capaces de mostrar una oposición seria al gobierno de Piñera que sigue avanzando en sus “tiempos peores” atacando las condiciones de los trabajadores.






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