Política Chile

PANDEMIA

¿Por qué siguen aumentando los contagios en Santiago? La falsa cuarentena donde cientos de miles siguen siendo obligados a ir a trabajar

Mientras el gobierno culpa a la población de seguir buscando excusas para moverse por la ciudad en el marco de la cuarentena, la estrategia de que la economía (sus ganancias) está por sobre la vida de las familias pobres, obliga a miles a salir de sus hogares para ir a trabajar con el consecuente riesgo de contagio.

Antonio Paez

Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile

Miércoles 17 de junio de 2020

¿Por qué no se reduce la movilidad?

El día 3 de junio, en una de sus ultima alocuciones, el exministro Mañalich realizó una autocrítica a las medidas que hasta ese momento había impulsado el gobierno: La movilidad en la capital no se había reducido ni cerca de los porcentajes necesarios para contener el avance de la pandemia.

Hasta ese momento, la mayoría de la región Metropolitana se encontraba en una cuarentena que, a pesar de ser obligatoria, permitió que cientos de empresas fueran consideradas de “primera necesidad” y por lo tanto obligó mañana a mañana a miles a salir de sus hogares en la periferia hacia el centro y las comunas del barrio alto.

Desde el IDS (Instituto de Data Science), organismo que participa de la mesa técnica del gobierno, alertaban que, si la movilidad de Santiago no se reducía a un 35% como máximo, las cuarentenas no estaban cumpliendo su objetivo. A pesar de tener estos datos a la mano, el verdadero plan del gobierno no era contener el virus, sino afectar lo menos posible la economía idealmente al menor costo de vidas.

En una reciente nota del medio CIPER, Tomas Pérez-Arce, científico que asesora al gobierno, señaló que no lograba explicar a otros expertos internacionales por qué el gobierno chileno consideró que la empresa McDonald’s tenía el carácter de “necesaria para el funcionamiento de la ciudad durante la cuarentena”, la explicación es simple: Las ganancias empresariales son la prioridad.

Según los informes del IDS el IM (índice de movilidad) que se pudo constatar en las diversas comunas de la capital tiene enormes diferencias si las cruzamos con los niveles socio-económicos de quienes viven en ella.

Mientras comunas como Providencia, Las Condes o Vitacura lograron reducir las cifras de movilidad a niveles aceptables para las mesas de expertos (68,1%, 58,7% y 54.5% respectivamente) las comunas pobres no lograron reducir en prácticamente nada su movilidad. San Ramon, Lo Espejo y Cerro Navia prácticamente no sufrieron cambios (12,8%, 19,2% y 21% respectivamente).

Otro dato relevante que expone los informes del IDS es índice de movilidad (IMI) donde se diferencias los movimientos dentro y fuera de una misma comuna. Para graficar esto, comunas como Las Condes (que redujo sus movimientos), la mayoría de su IM lo produce movimientos dentro de la propia comuna, mientras que en el caso de El Bosque (donde se produjeron las primeras manifestaciones por la falta de alimentos) el porcentaje está invertido.

(las barras azules a los viajes dentro de la comuna y las naranjas a los traslados fuera de ellas)

Según pronosticó el propio gobierno, a pesar de la cuarentena, el 40% de las empresas seguirían funcionando durante la cuarentena, es decir cada mañana 2.5 millones de personas se subirían al transporte público para trasladarse de un extremo de la ciudad a otro, así era imposible que el virus no se esparciera por las comunas populares.

¿Cuáles eran los sectores esenciales?

Si bien este tema fue ampliamente controvertido durante las primeras semanas de cuarentena, lo real es que la decisión que tomó el gobierno favoreció ampliamente a las empresas que tuvieron diversas alternativas para traspasar el costo de la crisis a sus trabajadores y así ganar tiempo.

Para las empresas que no tuvieron más alternativa que cerrar (como las grandes cadenas de retail) el gobierno y la mayoría de la oposición legislaron las suspensiones que hoy tienen a cientos de miles autofinanciándose sus ahorros para lograr sobrevivir.

Para las empresas que pudieron seguir funcionando, pero con menos personal, el gobierno flexibilizó teletrabajo, mantuvo las suspensiones de “mutuo acuerdo” o simplemente aceptó que la cesantía aumentaría a niveles nunca vistos en los últimos 30 años.

Desde esta vereda denunciamos desde abril que el mantener en funcionamiento a miles de empresas innecesarias para el combate de la pandemia y el abastecimiento de la población provocaría que millones tuvieran que salir día a día a trabajar y que esto traería como consecuencia que el virus pudiese avanzar rápidamente sobre los sectores más necesitados.

Pero también sabemos que una cuarentena sin un salario mínimo de 500 mil para cubrir las necesidades básicas, sin terminar con el hacinamiento que viven cotidianamente millones de familias de las comunas más pobres del país, será imposible detener la pandemia.

El gobierno insiste en que el culpable de la propagación es que la gente sigue saliendo de sus hogares, pero en las comunas pobres no están saliendo de sus hogares a comprar mariscos a la costa para sus fiestas (como si lo hicieron varios empresarios durante la semana santa), los pobres deben inventar horas al médico para salir a vender algo para llevar algo de comer a sus hijos.

Mientras miles siguen trabajando, las empresas no están dispuestas a disponer de transporte diferenciado para movilizar a sus trabajadores desde la casa a la fabrica y viceversa, mientras las condiciones de seguridad son mínimas u otros prefieren esconder la enfermedad por miedos a los despidos, las empresas miran a la clase trabajadora como mano de obra que será sustituida eventualmente.

Si queremos resguardar la vida de nuestro pueblo trabajador, debemos exigir el cierre ya de los lugares no esenciales, que este cierre sea con el pago íntegro de los salarios, además el Estado debe garantizar un ingreso de emergencia mínimo de 500mil para todas las familias a costo de un impuesto especial a las grandes empresas y las principales fortunas del país. Hay que velar porque cualquier empresa que cierre o quiebre sea tomada por el Estado y puesta bajo control de sus trabajadores.






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