Política Chile

IMPUNIDAD

Rechazan nominación de Mera a la Corte Suprema, el polémico candidato del gobierno que negó violaciones a los derechos humanos

Durante la jornada de este miércoles, en la Cámara del Senado, fue rechazada la nominación del juez Raúl Mera como Ministro de la Corte Suprema. Mera, era uno de los candidatos del Gobierno. De hecho, era el candidato propuesto por Sebastián Piñera con un historial reaccionario y defensor de los empresarios, hasta el último minuto fue defendido por el ministro Hernán Larraín, refiriéndose a la “experiencia” de Mera, la cual contiene absoluciones a crímenes de la Dictadura y fallos a favor de las empresas en zonas de sacrificio.

Octavia Hernandez

Estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía Ex-Pedagógico.

Sebastián Avilés

Estudiante ex- Pedagógico y militante de Vencer

Jueves 6 de agosto

El pasado miércoles fue rechazada la nominación de Raúl Mera, a pesar que solo 14 senadores votaron en contra del candidato propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera. Mientras, fueron 28 senadores quienes respaldaron al cuestionado juez que, dentro de su prontuario, tiene a cuestas la condena de una mujer que asesinó a su agresor en defensa propia en 2017 y la absolución de los asesinos de los combatientes del FPMR Cecilia Magni y Raúl Pellegrín.

(Afiche, Londres 38)

Entre quienes aprobaron dicha propuesta, se encontraba la bancada de Chile Vamos y senadores del PS, PPD y DC, faltando solo un voto para cuórum requerido. Este es el candidato del gobierno, un machista y negacionista de las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Raúl Mera: Defensor de la impunidad

El actual Juez de la Región de Valparaíso, posee un profundo prontuario de impunidad que ha mantenido sistemáticamente a lo largo de su “carrera profesional” en los diferentes lugares donde se ha desempeñado. Su historial como parte del poder judicial, parte en los años 80’, es decir, en plena Dictadura Militar, cuando se desempeñó como secretario titular en la Corte de Apelaciones de la ciudad de Punta Arenas y relator en la ciudad de Puerto Montt, otros cargos lo relacionaron a la ciudad de Antofagasta donde se desempeñó como fiscal titular de la Corte de Apelaciones, para luego más tarde tener una relación directa con el mando militar, presidiendo nada más que la Corte Marcial de la Armada Chilena, responsable directa de miles de desapariciones, asesinatos y violaciones a los DD.HH.

Treinta años después, en el 2010 a cargo del juzgado de la ciudad de Rancagua, Mera absolvió a los cuatro carabineros que fueron formalizados por el asesinato de los frentistas Raúl Pellegrin y Cecilia Magni, argumentando la imputabilidad de los hechos, a pesar de que el Informe Rettig consignó que ambos militantes de izquierda fueron torturados y lanzados a río Tinguiririca.

Por otro lado, con un marcado perfil pro empresarial, este juez rechazó el recurso de protección en favor de los vecinos y pobladores de Quintero - Puchuncaví por la sistemática contaminación de la industria presente en la zona, al ser una reconocida zona de sacrificio, defendiendo las medidas adoptadas por las empresas como ENAP, en cuanto a los impactos descontaminantes en el medio ambiente, pero invisibilizando completamente el daño que estaba sufriendo el conjunto de la población, en medio de intoxicaciones y enfermedades provocadas por la contaminación. Otro rubro empresarial al cual ha beneficiado por medio de sus fallos como juez, en la quinta región ha sido el sector inmobiliario, beneficiando a las empresas, por sobre santuarios de la naturaleza en la comuna de Concón.

Un sistema judicial podrido y al servicio de los poderosos

El sistema judicial chileno, como en el resto del mundo, genera la falsa idea de ser un poder separado de los otros dos poderes del Estado pero, muy por el contrario, sus máximas instancias resolutivas son elegidas a discreción del presidente de la República y del Senado. Es decir, la misma casta cuestionada por casos de corrupción y tráfico de influencias es la que elige a quienes tendrán la misión de juzgarlos.

Durante la votación de este miércoles, el senador RN Francisco Chahuán señaló que "hoy día está en juego si este Senado pisotea o no la independencia de otro poder del Estado”. Esto lleva a cuestionar si realmente existe dicha independencia, pues es de conocimiento público los privilegios que gozan los jueces, como los salidos a la luz en abril del 2019 que trajo consigo la suspensión de 19 funcionarios.

La relación que existe entre el sistema judicial que en su origen posee un carácter de clase y patriarcal, lo cual se demuestra por medio de los fallos, en donde la “justicia” no tiene la misma vara de medición para todos y todas, la falsa imparcialidad es clave para hacernos creer que podemos confiar en este actual sistema. Para algunos la justicia se expresa en clases de ética y multas millonarias, luego de tráfico de influencias o casos de corrupción, mientras que para otros es directamente la cárcel, como es el caso de los cientos de detenidos desde la rebelión de Octubre que se encuentran en prisión preventiva, por el sólo hecho de manifestarse o el caso de los presos políticos del pueblo mapuche, detenidos en las cárceles de la Araucanía y el Bío- Bío por exigir la devolución de sus tierras ancestrales, que hoy se encuentran en manos de grandes latifundistas, empresarios y forestales, donde son los Matte y Angelini que poseen millones de hectáreas de estas tierras.

El sistema judicial, es una pieza fundamental para mantener la desigualdad social, su función se remite solamente a mantener y perpetuar la dominación de una minoría de capitalistas sobre las grandes mayorías, de trabajadores y sectores populares, este poder es parte del engranaje estatal que legitima y defiende la propiedad privada, garantizando el orden por medio de las fuerzas represivas de Carabineros o las Fuerzas Armadas. Por esto, es necesario plantearse acabar con esta casta judicial, la elección debe ser por voto popular, con cargos revocables, avanzando a juicios de jurados, donde se acabe con la sección de privilegios que los aleja completamente de la población común, con sueldo millonarios, es por esto que un funcionario judicial, debe ganar lo mismo que un trabajador calificado, eliminando desde ya los cargos vitalicios y pensiones millonarias.






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