Política Chile

Robo del agua y la polìtica concertacionista pro-magnates

Ante la crisis de agua potable en Osorno se abre nuevamente la discusión acerca de quienes están a cargo del funcionamiento del agua, las políticas pro-magnates que nos llevaron hasta este punto, quienes la llevaron y si su legalización debe mantenerse así o cambiar a una forma mejor y eficiente.

Miércoles 25 de septiembre de 2019

Frente a la crisis, el ex-presidente Ricardo Lagos (PPD) en el programa “Bienvenidos” se refirió a los cuestionamientos acerca de la privatización del agua.

«“ellos tienen una concesión, no son dueños del agua (…) La mayor demostración de que ellos (las empresas) no son los dueños del agua es que en unos años más el que esté sentado en La Moneda si quiere dejarlo en manos del Estado, pues lo deja. Porque es una concesión por un período de tiempo”.»

En sus palabras podemos ver su favor por haberle entregado la concesión a los magnates y dejando a la suerte si será Estatizada (propiedad del Estado) y entregada al pueblo trabajador para laburarla, y así asegurar el derecho al agua potable, tomando en cuenta que, desde ya, la derecha plantea alargar el tiempo de concesión.

En la misma línea, Frei en los 90’s legalizó la privatización de las empresas del agua, en donde se perdieron las más grandes, como la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (Emos) en Santiago, la Empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral (Esval) en Valparaíso y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), en donde el Estado se quedó con sólo el 35% de las acciones, pero en el gobierno anterior de Piñera se redujo a un mínimo de 5%.

Más aún, luego, en el Gobierno de Lagos hubo resistencia por los habitantes de Concepción por su intención de privatizar Empresa Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio), del cual tuvo que crear la Transferencia del Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias, es decir, entregar el derecho a explotar el agua y de infraestructura por 30 años, en donde los usuarios costean cada mes.

Entre estas están, Aguas del Altiplano, Aguas Antofagasta, Tratacal, Sembcorp Aguas del Norte, Aguas Chañar, Aguas del Valle, Aguas Nuevo Sur Maule, Aguas Araucanía, Aguas Patagonia de Aysén, Aguas Magallanes.

Así, en los papeles de la legalidad el agua no está privatizada, ya que está declarado como de uso público, pero para poder explotar y trabajar el agua necesitas un derecho que es sólo privado.

Al mismo tiempo, es tal el distanciamiento del Estado a las empresas del agua que no están asegurados planes de contingencia en caso de problemas, como los que ocurren hoy en Osorno. Lo que, nuevamente nos empuja a tomar la idea que las empresas del agua deben estar en manos, administrados, por los trabajadores y la población quienes la usan habitualmente, por lo tanto, necesita la estatización para que sea una propiedad social a cargo del pueblo trabajador con personal calificado para asegurar su buen funcionamiento, distribución, seguridad y planes de contingencia y no funcione como privadas, alejadas de las necesidades de la gente.

Sin dudas, las políticas, partidos y Gobiernos que mantengan el trato con los magnates serán políticas que mantengan las cosas como están y hasta para empeorar, tal como lo hace y se ha visto desde los partidos de la ex-concertación, los que han llegado a La Moneda desde la vuelta a la democracia y la derecha que hoy está en el Gobierno.






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