DERECHOS HUMANOS

Sobre el Informe de Derechos Humanos 2015 del INDH

Ayer se presentó el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2015, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se analiza la situación del país respecto de la temática de los derechos humanos, abordando especialmente los temas de corrupción, constitución e institucionalidad, derechos económicos y sociales, derecho al trabajo y el tema mapuche.

Ana Lopez

@analopezd Historiadora

Domingo 13 de diciembre de 2015 | 10:12

En una ceremonia en la que estuvo presente Michelle Bachelet, ministros, diputados y senadores, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó su nuevo Informe Anual, marcado además por el anuncio de Lorena Fríes de dejar su cargo y por los temas más relevantes que han marcado la agenda política nacional el último año.

El Informe deja claro que existen graves violaciones a los derechos humanos y que el Estado no garantiza el ejercicio pleno de estos derechos, concebidos en un sentido amplio, como derechos económicos, sociales, políticos y culturales. En un total de seis capítulos se analizan los temas de corrupción, constitución e institucionalidad, derechos económicos y sociales, derecho al trabajo y el tema mapuche e interculturalidad.

En el primer capítulo sobre la corrupción, se señalan algunos de los problemas que existen sobre el financiamiento de la política y los conflictos de interés planteados por ello; esto genera una “pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado y en el sector empresarial”, por otro lado se denuncia el escaso impacto o la resistencia que ha generado en el mundo político las propuestas del Consejo Engel.

El capítulo 2 del Informe, “Institucionalidad democrática y derechos humanos” se centra en analizar la necesidad de una institucionalidad que garantice el respeto a los derechos humanos, señalando los cuestionamientos a la Constitución de 1980 y el proceso constituyente planteado por el gobierno de Michelle Bachelet. Por otro lado, el Informe semana como un avance “la modificación del sistema electoral binominal por un sistema de carácter proporcional inclusivo”, el que se implementará por primera vez en las elecciones del 2017 y la ampliación de las posibilidad de constituir partidos políticos, aunque aún se observan algunas limitaciones.

En este mismo capítulo se indaga sobre el tema de la seguridad ciudadana, manifestando su preocupación por los datos de la Tercera Encuesta Nacional de Derechos Humanos del organismo, en el que un 50,4% de la población está de acuerdo con la afirmación “proteger los derechos humanos dificulta la lucha contra la delincuencia”, lo que evidencia la fuerte repercusión que tiene en la población la política de criminalización que se lleva adelante desde el gobierno, la derecha y los medios de comunicación.

El INDH enfatiza la necesidad de adecuar a los estándares internacionales los temas de seguridad, garantizando los derechos humanos, criticando las medidas que aumentan la criminalización y, especialmente, el control preventivo de identidad, ya que la incorporación de este mecanismo “resulta innecesario y, además, desproporcional, ya que actualmente hay medios menos dañinos al ejercicio de los derechos humanos con los cuales satisfacer el fin buscado”, generando prácticas abusivas y discriminatorias, que dejan escaso control sobre su actuar y profundizan la desigualdad, ya que faculta a Carabineros a detener para control efectivo, a aquellos sujetos que estimen convenientes. Recordemos que efectivamente las medidas del gobierno y la derecha apunta a aumentar la dotación de carabineros, penas más altas y políticas como el control preventivo de identidad, que además de ser violatorio de los derechos humanos es una política reaccionaria que busca fortalecer la política represiva para enfrentar la pobreza y las movilizaciones sociales, esto porque es en las marchas y manifestaciones donde se aplicará masivamente.

Sobre los Derechos económicos, sociales y culturales, se señala el problema de la pobreza y la extrema pobreza, las nuevas formas de precariedad y la extrema desigualdad entre los sectores más ricos y más pobres. Según el organismo “la pobreza es el segundo motivo por el que la población considera que se discrimina en nuestro país, con 57,1% de las menciones”, por otro lado, “la pobreza por ingresos alcanza al 23,4% de la población indígena versus el 13,5% en la población no indígena” y en el caso de la extrema pobreza esta dobla los índices generales en el caso de la población indígena.

El INDH analizar especialmente el Derecho al Trabajo, en lo referente a la reforma laboral y las demandas pendientes. Uno de los datos llamativos es el que indica que un “74,1% de la población se manifiesta de acuerdo con la frase “si se defienden los derechos laborales se puede perder el trabajo””, dando cuenta de las prácticas antisindicales y la persecución que existen de parte de los empresarios y el propio Estado a los que luchan por sus derechos. Una de las críticas del Informe se refiere a que el debate sobre la reforma no incluye a los trabajadores del sector público.

El informe reconoce el problema de la baja sindicalización como un tema de derechos humanos, en la medida en que es un derecho que no está claramente establecido en la legislación; también critica que se eleve el número de personas a 25 para constituir un sindicato. Este debate se da en el marco de la discusión de la reforma laboral, con un gobierno que viene cediendo a todas las presiones de los empresarios y la derecha, lo que por ejemplo ha significado restringir la posibilidad de que se limite el reemplazo de trabajadores en huelga. En el fondo, la reforma así como está no cambia la esencia del Código Laboral que viene de la dictadura.

Respecto de la negociación colectiva se menciona que “no establece un fuero especial para quienes participen en la negociación colectiva de un convenio colectivo (negociación colectiva no reglada), lo que los deja en un espacio de mayor vulnerabilidad en la negociación frente al empleador”. Y, en el caso del derecho a huelga, se plantea la limitación que ésta tiene y su prohibición para los trabajadores del sector público.

Sobre el trabajo precario, para analizar los datos solo del sector público, la realidad es que “Del total de funcionarios de la dotación, 81.644 son considerados de planta, mientras que 150.611 son funcionarios a contrata. De acuerdo con estos datos, los empleos de planta alcanzan cerca del 34% de total de funcionarios de dotación, mientras que los empleos temporales superan el 63%”. Estas cifras indican los altos índices de precariedad y subcontratación en el propio Estado, lo que también está extendido en el ámbito privado.

En el caso de la educación, el Informe reconoce como un avance el Proyecto de Carrera Docente, proyecto que ha sido rechazado por los propios profesores que solo este año estuvieron casi 60 días movilizados.

El capítulo sobre el Ejercicio de derechos sin discriminación, se centra en el problema de la prostitución, en el que uno de los temas detectados son los bajos índices de escolaridad y la cada vez mas alta presencia de trabajadoras sexuales migrantes que están expuestas a mayores posibilidades de explotación, como también la discriminación que sufren las y los trabajadores sexuales en el acceso a la salud o el maltrato policial. También el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Sobre el tema mapuche y de los pueblos indígenas, el capítulo Territorios y derechos humanos, se aborda el tema del derecho a un medioambiente libre de contaminación y, la temática de relaciones interculturales y derechos humanos. En este último, uno de los problemas señalados es la ausencia de reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad del Estado y de la sociedad, como también “la falta de una política de Estado coherente y sistemática ha incrementado la conflictividad y ha alejado las posibilidades de avanzar en el mejoramiento de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Por último, el INDH manifiesta “su preocupación por hechos de violencia en contextos interculturales”, en los que ha realizado 14 misiones de observación, la defensa de víctimas de tortura en contexto de violencia intercultural y la presentación de “Recursos de Amparo en a lo menos 20 ocasiones por casos en donde existía riesgo para la libertad y seguridad de personas de pueblos indígenas, amenazados por una autoridad publica, en el marco del movimiento de reivindicación de tierras mapuche”. Se reconoce los hechos de violencia tanto hacia personas mapuche como hacia personas no mapuche, dando cuenta de la movilización de camioneros realizada hace unos meses atrás.

Por otro lado, el Informe exige que “se haga justicia frente a los hechos de violencia que afectan a los integrantes de este pueblo, toda vez que muchos de ellos han quedado en la impunidad. En particular ha manifestado su preocupación por la situación en que quedan los delitos que cometen los agentes policiales del Estado en contra de la población mapuche, toda vez que de acuerdo con la legislación vigente, son de competencia de la justicia militar”.

Entre las propuestas se encuentra la importancia del reconocimiento institucional de los pueblos indígenas, la obligación de garantizar la autodeterminación, el reconocimiento a las diferentes formas de organización de los pueblos indígenas, entre otros temas.

Por último, en el capítulo “Violaciones a los derechos masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el periodo 1973-1990”, se habla de los desafíos pendientes en cuanto a la justicia. Entre otras cosas, se señala la importancia de levantar el secreto de los archivos e informes de derechos humanos, la denuncia a los pactos de silencio entre ex agentes de la dictadura, la exigencia de los organismos de derechos humanos sobre el cierre de Punta Peuco y la demanda de “la calificación permanente de victimas, el aumento de la pensión otorgada por concepto de reparación y la eliminación de la incompatibilidad entre dicha pensión y la percibida por concepto de exoneración”.

El INDH manifiesta su preocupación por “la aplicación de la prescripción gradual o media prescripción… que faculta al tribunal a disminuir la pena aplicable a los condenados sobre la base del lapso de tiempo transcurrido desde la comisión del delito a crímenes de lesa humanidad”.

También se plantea como un desafío pendiente la sanción de los hechos de tortura cometidas en dictadura esto, “a pesar de que el Estado ha reconocido la existencia de actos de tortura en contra de decenas de miles de personas, a la fecha todavía no se ha adoptado una política para llevar a cabo la investigación de estos hechos y la sanción de los responsables”. Por último, se plantea la necesidad de dejar sin efecto la Ley de Amnistía y la apertura de los archivos para avanzar en justicia efectiva.

A partir de la lectura del Informe del INDH es posible dar cuenta de los graves problemas relacionados con derechos humanos, políticos, sociales y económicos, que dan cuenta de las herencias que persisten de la dictadura y que se han mantenido durante estas décadas de gobiernos postdictadura. No solo por la falta de justicia, cárcel y castigo a los violadores de derechos humanos, que en su mayor parte se encuentran libres o cumpliendo bajas condenas sino por las violaciones actuales que hoy se viven como es el caso de la represión al pueblo mapuche o la tortura en las cárceles. Por otro lado, queda claro también que la falta de derechos es una realidad que sustenta el sistema capitalista neoliberal, que se manifiesta en que no existen verdaderos derechos laborales, que la pobreza y desigualdad están extendidas, entre otras cosas.

Ver el informe en: http://indh.cl/wp-content/uploads/2015/12/informe-anual/Informe-Anual-INDH-2015.pdf






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