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Teletrabajo: Balance positivo para los capitalistas, doble esfuerzo para el pueblo trabajador

Aunque las cifras actuales no son claras, a mediados de 2020 un 25% de los trabajadores habría estado en modalidad de teletrabajo y desde entonces a la fecha son cerca de 300 las denuncias por incumplimiento a la ley referente a esta modalidad. Sin embargo, los empresarios y sus políticos sacan un balance positivo cuando dicen que el 41% de las y los trabajadores en esta modalidad no tienen equipamiento necesario.

Martes 6 de abril | 08:13

Desde el inicio de la pandemia, la inserción del teletrabajo en el mundo laboral chileno dio un vuelco y pasó a acelerarse, haciéndose en muchos puestos de trabajo la única forma de conciliar las labores esenciales ligadas a las comunicaciones, las áreas de soporte y atención al cliente las diferentes empresas, de las labores docentes y de los trabajos de oficina, por nombrar solo algunos de los más obvios.

Según el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, el teletrabajo fue utilizado por alrededor del 25% de los trabajadores ocupados a mediados del año 2020 y a la fecha cerca de 300 denuncias han sido realizadas al respecto ante la Dirección del Trabajo, principalmente por no proveer elementos necesarios, no costear los gastos y no realizar anexos de teletrabajo a sus contratos, cosas que por ley debieran haberse cumplido.

Además, hoy se dieron a conocer los resultados de un estudio realizado a 3900 trabajadores y trabajadoras, de 776 empresas adheridas a la Mutual. El estudio fue hecho bajo la modalidad de autoevaluación.

Balances complacientes con un estudio a la medida
Si bien no nos ha sido posible acceder de momento al cuestionario que se presentó a 3900 trabajadores y trabajadoras de casi 800 empresas distintas, ya algunos resultados presentados por el subsecretario de Trabajo y la Mutual dan luz a una situación mucho peor que la reflejada en su balance positivo.

Uno de los resultados que saltan más a la vista, es el hecho de que un 41% declare no contar con elementos adecuados: desde laptops a escritorios, de sillas que cumplan con medidas mínimas ergonómicas a teclados y mouses. Como mencionamos anteriormente, desconocemos cómo fue realizado el cuestionario, pero desde ya un 41% dista bastante de ser un balance positivo, y en un año las consecuencias de la exposición a estas condiciones pueden desembocar fácilmente en enfermedades crónicas o en problemas de salud mental más o menos severos.

De acuerdo con el estudio de la Mutual, alrededor del 60% de las y los teletrabajadores se desempeñan en actividades profesionales, científicas y técnicas; educación; actividades de servicios administrativos y de apoyo, comercio al por mayor y al por menor y, actividades financieras y de seguros. Además, un 57% correspondería a mujeres mientras que un 43% a hombres.

El único balance positivo al respecto puede ser para los capitalistas, que mientras la clase trabajadora se enferma o gasta de su propio bolsillo para costear condiciones mínimas de trabajo, los empresarios se lo ahorran, en lugar de costear esas condiciones que por ley deberían cumplir.

“Entonces que los trabajadores denuncien”
Hipócritamente, el subsecretario salió a decir que entre las cosas que se debía avanzar es que los trabajadores denuncien estas situaciones. El 41% de 3900 equivale a más de 1500 trabajadores. Los 3900 son sólo quienes realizaron la “autoevaluación” de la Mutual. El saldo de denuncias es de menos de 300. Podríamos decir que es cierto que “falta denunciar más”, en general es cierto, pero cabría preguntarse ¿por qué en estas circunstancias no se hacen más denuncias?

Es de esperar que el gobierno haga recaer la responsabilidad sobre los trabajadores. Sabemos que las denuncias son un trámite engorroso y que se temen represalias, sobre todo en un contexto en el que no se respetan ni siquiera los tiempos de desconexión y la inestabilidad laboral y precariedad son pan de cada día. Cualquier trabajador o trabajadora sabe que ante la ley el empleado está en desventaja frente al empleador.

Es de destacar también que las denuncias han desembocado en multas de más de $670 millones a las empresas, y no por ello han cambiado de postura y comenzado a asegurar derechos laborales mínimos.

Si lo llevamos a números más simples, entre un computador de oficina que asegure una buena calidad de procesamiento y un buen flujo de trabajo, sumado a un escritorio y silla, internet y gastos de luz, podríamos llegar a un total de un millón de pesos por trabajador.

Si consideramos que se hicieron 280 fiscalizaciones que desembocaron en multas por $670 millones, eso da un promedio de aproximadamente $2,4 millones por denuncia. Ahora preguntémonos: ¿Cuántos empleados tiene cada una de esas empresas? ¿Es más factible pagar las multas o asegurar condiciones mínimas para que cada uno de los y las empleadas de la empresa puedan trabajar?

Es decir, que en suma, las condiciones de trabajo precarias y la inestabilidad laboral dificultan en gran medida dar seguridad para hacer denuncias, que de llegar a hacerlas nada asegura que lleguen a buen puerto y que sumado a todo ello, para una empresa mediana o grande es mucho más factible pagar una multa que asegurar esas condiciones mínimas. La ley está hecha para que los grandes empresarios puedan romperla y no tener que desembolsar más que un margen de sus ganancias a costa del trabajo precario y la salud física y mental de sus empleados.






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