Política Chile

ACUERDO NACIONAL

Una pesada mochila para las próximas generaciones: ¿Cuáles son las ”letras chicas” del acuerdo nacional de Piñera y la oposición?

Luego de la firma del acuerdo nacional o plan de emergencia entre el gobierno y oposición, se espera que estos días entren los proyectos específicos. Si bien, el IFE ha sido una de las medidas más desarrolladas en la prensa tradicional, el bono representa menos del 20% del total del paquete económico. El grueso de los millonarios fondos que ascienden a US$12.000 millones de dólares, irá en ayuda a las empresas por una serie de mecanismos. Y todo esto en base a deuda estatal.

Elías Muñoz

Comité de redacción La Izquierda Diario @emunozp

Martes 16 de junio de 2020

Luego de la firma del acuerdo nacional el pasado domingo, se espera que en las próximas horas el gobierno comience a enviar los proyectos específicos. Una de las claves del acuerdo y que tiene más del 80% de los fondos, unos US$8.500 millones de dólares, será la fase de reactivación económica, la fase de transferencias a las empresas y que traerá millonarios negocios para los empresarios.

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El Cheque en blanco de Piñera a los empresarios

El acuerdo dejará al país con una deuda del 27% actual al 43% del PIB en 2022, eso implicarán solo en intereses de deuda anual pasar de US$2.500 millones este año a US$4.500 millones en 2024.

Este lunes, el Grupo de Política Monetaria recomendó que el Banco Central compre deuda de empresas, un esquema para que el Estado asuma las pérdidas, mientras que los empresarios mantienen el control de sus empresas y sus ganancias.

Una de las medidas más importantes será el apoyo a grandes empresas como Latam que ya despidieron a miles de trabajadores y que ahora la oposición le entrega su apoyo al gobierno para que se pueda realizar. Con la posibilidad de compra de deuda por parte del Banco Central las empresas recibirán crédito de tasas del 0,5%.

Un mecanismo que puede tener efectos a los de la crisis del 82 durante la dictadura de Pinochet que estatizó la deuda bancaria absorbiendo las pérdidas y que los bancos ni siquiera al día de hoy han terminado de pagar.

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Otro de los mecanismos de transferencia a los empresarios en rubros específicos serán las exenciones tributarias en especial la depreciación instantánea, que exime del pago de impuestos de toda la maquinaria que se compre y tendrá fuerte impacto en los empresarios de la construcción y la industria que ya se adelantaron a plantear un plan de reactivación millonario para hacer negocios con la crisis.

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Además, como denunció la politóloga y coordinadora de Política y Regulación de Chile Sustentable, Pamela Poo, existe una “letra chica” en términos ambientales. Se trataría de un “fast track” para los proyectos de inversión, es decir, se aceleren los procesos de tramitación y aprobación de los mismos; indicado en el acuerdo como un ítem de «Agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión».

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El IFE: Nivelar las condiciones de vida para abajo

El aumento del Ingreso Familiar de Emergencia que es mostrado como “un gran triunfo” por la oposición no alcanza a cubrir ni siquiera la línea de la pobreza situada en $450 mil pesos para una familia de cuatro integrantes y, según datos de la Fundación Sol, cubrirá un tercio de los hogares del país.

Mientras un sector de empresas acumula ganancias y hay súper millonarios en el país que siguen ganando, para los trabajadores no alcanza siquiera para llegar a la línea de la pobreza. Bajar las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras.

Al contrario, debería imponerse un impuesto progresivo a las grandes fortunas y grandes empresas que siguen ganando millones en la gran minería, mientras las y los trabajadores se exponen a masivos contagios. Según Cochilco, Escondida incrementó su producción un 11% pese a la pandemia y con menor dotación de turnos de 14 días. Sólo escondida reportó utilidades por US$1.116 millones de dólares, cerca del 10% del total del plan del gobierno.

Quieren a su vez intentar pasar medidas de precarización adicionales como la extensión del teletrabajo al estado o el presupuesto “base cero”, que como denunció la ANEF reducirán los planes de ayuda en los años próximos.

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Mientras la CUT y los grandes sindicatos siguen inmóviles, hay que pelear por imponer un plan de movilización para paralizar todos los trabajos no esenciales; un sueldo de emergencia garantizado de $550.000 pesos; un impuesto a las grandes fortunas y las grandes empresas para financiar las medidas necesarias para enfrentar la pandemia.

Un programa así podría realizarse imponiendo mediante la preparación de una huelga general, que al igual que el 12N plantee la renuncia de Piñera y la convocatoria a una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana.






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