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EDUCACION
Ya es oficial: 27 mil estudiantes pierden la gratuidad. ¿Qué tenemos que decir?

Escandaloso catastro: más de 27 mil estudiantes pierden la beca de gratuidad y deberán pagar sus últimos años de carrera. Vuelve la pregunta que el movimiento estudiantil hizo estallar en el conjunto de la sociedad ¿Cómo se resuelve el tema del financiamiento en la educación?

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Esto ocurre mientras que según la OCDE Chile se encuentra dentro de los países más desiguales a nivel mundial, esto fue lo que vimos en el ranking Forbes que sitúa a las 7 familias “dueñas de Chile” dentro de los rankings de los multimillonarios a nivel mundial, donde se encontraba Sebastián Piñera y la matriarca de los Luksic, Iris Fontbona.

Las cifras oficiales que han salido en diversos medios de comunicación nos muestran que ya es un hecho: A 27 mil estudiantes “se les acabó” la gratuidad, esta beca que Michelle Bachelet vino a ofrecer como la solución a la demanda del movimiento estudiantil, la tan recordada educación gratuita universal para todos y todas.

Lo cierto es que este gran anuncio que después vino a “concretarse” por medio de la reforma a la educación superior que el gobierno terminó de cerrar en el año 2017, venía con varias “trampas” que no hacen más que afectar a las y los estudiantes y sus bolsillos y a las propias instituciones públicas de educación.

La primera fue que durante los primeros 3 años, la gratuidad se incorporó como glosa presupuestaria. Es decir, el monto que se le asignaría a la beca quedaría regulado por la votación del presupuesto que anualmente se hace en el parlamento, quedando entonces a criterio de “crecimiento económico”.

Hoy la beca de gratuidad está inscrita dentro de la Ley de Educación Superior, es decir, ya no se vota vía glosa, pero genera un déficit enorme, principalmente en las instituciones de educación públicas, que ya están desfinanciadas, como el ex Pedagógico, porque calcula un valor del arancel que es menor que lo que realmente cuesta.

Y finalmente, el último “engaño” de esta beca de mal llamada gratuidad, que se hizo patente a inicios de este año académico: Si las o los estudiantes se atrasan un año o más en la duración formal de sus carreras, estos años deberán ellas o ellos pagar la mitad de su arancel, y la otra mitad quedará a cargo de la propia Universidad.

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Un breve balance necesario

Ya se está cerrando el “primer ciclo” de la gratuidad, que fue uno de los caballitos de batalla del gobierno de la ex Nueva Mayoría con Michelle Bachelet a la cabeza, cuando el Partido Comunista ingresa a esta coalición para ser gobierno y nos hablaban que uno de sus principales objetivos se refería a la “gratuidad en la educación”, luego que fueran los principales dirigentes del movimiento estudiantil durante el 2011 y buscaron llevar toda esa fuerza en confiar en una coalición con los partidos de la Ex- Concertación los cuales no hicieron más que profundizar el mercado educativo, la desigualdad y la deuda (un ejemplo es la implementación del CAE en el gobierno de Ricardo Lagos - PS).

Esa gratuidad llegó en forma de beca, sujeta al presupuesto nacional en un comienzo, en donde las condiciones al resto de las becas y créditos no cambiaban, había que acreditar la pobreza para acceder a ella, aún así fuimos miles los jóvenes que lo vimos como una oportunidad, pero teníamos que tener claro que no era más que una beca, no era la gratuidad tal cuál la habíamos exigido, y no resolvería la crisis de la educación en Chile.

Hoy cuando 27 mil jóvenes pierden su posibilidad de estudiar gratuitamente, producto de la Ley que promovió la ex Nueva Mayoría y de la cual votó a favor la derecha a finales del gobierno de Bachelet, muestra muy concretamente a lo que nos llevó la política del Partido Comunista, de confianza en estos partidos y en su coalición, cerrando los horizontes reivindicativos del movimiento estudiantil y reduciéndolos a una beca.

Por su parte el Frente Amplio, se incluyó en las comisiones de educación tanto en el Congreso, Giorgio Jackson a la cabeza, como en cargos al interior del Ministerio de educación, particularmente en el caso de Revolución Democrática, desde donde emergió la formulación de estas reformas.

Y hoy replican un camino que también se basa en acuerdos con la oposición (ex Nueva Mayoría) para centrarse en negociaciones parlamentarias y en puntos mínimos de acuerdos para articular una “oposición política” que los prepare para las siguientes elecciones.

Su rol en las mismas federaciones estudiantiles no estuvo por fuera de esta práctica, por medio de movilizaciones como “hitos” que buscaban ejercer presión, para negociar aspectos mínimos de reformas que hoy vemos que eran estructuralmente neoliberales o que no atacaban el modelo educativo de mercado.

La movida del Consejo de Rectores

Actualmente, desde el Consejo de Rectores están utilizando lo que consideran un vacío en términos legales para el muñequeo con el gobierno, el cual es hacer “valer” los acuerdos de la reforma de Bachelet desde el 2018, es decir, cuando entró en vigencia en términos legales y no desde el 2016, cuando esta comienza a implementarse. ¿Porqué los rectores están tan preocupados? Según diversos medios, la pérdida de recursos para el conjunto de los planteles universitarios asciende a una suma de 26 mil millones de pesos.

¿Qué hacer?

La demanda por la educación gratuita universal fue uno de los principales motores del movimiento estudiantil, la demanda del financiamiento en la educación no es solo por sí misma sino que discutió directamente con el rol de los empresarios y el mercado educativo, debatió con respecto a: “de dónde se sacaría la plata”, Chile siendo uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, pusimos sobre la palestra para la renacionalización del cobre y el conjunto de los recursos naturales para financiar la educación. Es decir, cuestionó los pilares del mercado educativo, y también el saqueo permanente a los recursos naturales.

Desde Vencer y Pan y Rosas nos parece que esto tiene que volver al debate educativo: la necesidad de reponer la educación gratuita universal, financiada por el Estado a través de aportes basales dirigidos directamente a las instituciones públicas (de propiedad estatal), que garanticen que todo quien quiera estudiar pueda hacerlo en estas instituciones y que el financiamiento provenga de la nacionalización del cobre, administrado por sus propios trabajadores y trabajadoras

En estos días que comienza el año académico, es necesario que retomemos estas discusiones, para superar la estrategia migajera del Frente Amplio y del Partido Comunista, y nos volvamos a proponer poner al centro una demanda que cuestiona radicalmente la estructura educativa en Chile, para desde ahí volver a fortalecer al movimiento estudiantil como un actor político nacional de peso. Este es el desafío actual.

 
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