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CORRUPCIÓN
El Desastre de Rancagua y su relación con el caso Caval
Daniel Vargas | Antofagasta, Chile

Mientras se sigue desarrollando la crisis en la Corte de Apelaciones de Rancagua, con la denuncia del fiscal Moya se abrió una arista relacionada al caso Caval.

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La Corte de Apelaciones de Rancagua ha estado en el centro de la polémica abriendo crisis al poder judicial, lo que desde los medios se ha llamado el “desastre de Rancagua”.

Más recientemente la polémica se centró en la denuncia realizada por el Fiscal adjunto en contra del Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien habría intervenido en algunas causas.

Uno de los casos más relevantes del último tiempo, que fueron revisados en la Corte de Rancagua, es el Caso Caval, que implicaba a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, y a Herman Chadwick, pariente del presidente Piñera.

Según denunció Moya el caso Caval se manejó de forma poco rigurosa con el fin de no causarle problemas al gobierno saliente de Bachelet ni al gobierno entrante de Piñera, por estar implicados gente cercana a cada uno de ellos.

En cierta forma esto explicaría que el fiscal nacional haya intentado un juicio abreviado para Herman Chadwick, que incluso implicaba penas menores a las establecidas en la ley, lo que finalmente no fue acogido.

Así mismo, se pone en cuestión el sobreseimiento de Sebastián Dávalos, la que fue determinada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones que era integrada por dos de los jueces implicados en el “Desastre de Rancagua”, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez.

De este modo, la reciente denuncia del fiscal Moya, en vez de atar cabos los abre, generando un problema para toda la casta judicial, pero principalmente al gobierno al estallarle esta crisis en las manos debiendo hacerse cargo de los cuestionamientos por las relaciones entre el poder judicial, la política y los negocios de los millonarios.

Demostrando una vez más como la justicia tiene un tinte de clase, donde la gran parte de la población debe asumir los costos que implica la ley pero, hay una sector reducido donde prima el tráfico de influencias relacionado a empresarios y políticos corruptos que se instala por sobre la legalidad a la hora de determinar sentencias, esconder antecedentes y rebajar condenas.

 
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