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25 de noviembre de 2020 Twitter Faceboock

CUENTA PÚBLICA
Reactivación en 2020: Subsidios y concesiones a grandes empresas privadas a cargo de un gobierno desgastado e impopular
Gabriel Muñoz | Licenciado en Historia

En la cuenta pública 2020 el presidente Sebastián Piñera reconoció que el desempleo alcanza cifras históricas. Más de 1.780.000 desempleados y un total de 700.000 suspendidos son responsabilidad del gobierno tras cuatro meses de medidas sanitarias y económicas a favor de los empresarios y grandes grupos económicos. Es por ello que una de las claves más importantes del discurso fue el plan de reactivación económica donde nuevamente quieren entregar más subsidios y concesiones a empresas privadas que tienen a los trabajadores en la calle.

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El marco del discurso

En medio de protestas en plazas y barrios, cacerolazos y movilizaciones en Araucanía por la libertad de los presos políticos mapuche, el presidente Piñera hizo su cuenta pública anual. El gobierno viene de tres derrotas parlamentarias consecutivas: la ley de posnatal, la ley cobro de cuentas de servicios básicos y el retiro del 10% de las cuentas personales de las AFP. Por eso fue un discurso que parecía escrito más por cumplir, con un líder sin respaldo, casi sin estrategia. Sin embargo de igual modo volvió a tomar la palabra para orientar el país al servicio de las ganancias empresariales.

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Plan de reactivación: recursos estatales para subsidiar y dar concesiones a grandes empresas privadas

Sin ninguna autocrítica por los casi 11 mil muertos por la pandemia y la estrategia sanitaria fracasada el presidente dio paso a explicar su plan de reactivación económica. Para él un “imperativo categórico y moral” que todos deben compartir. Para el gobierno sólo la iniciativa privada de los empresarios puede otorgar empleo y volver la “esperanza” en el progreso a millones de trabajadores sin empleo viviendo situaciones hambre y miseria.

El plan consiste en dar un subsidio al empleo. Es decir dar recursos estatales a empresas que contraten mano de obra en los siguientes meses. De seguro dando sueldos miserables debido al enorme ejército de desocupados que presionará por entrar al mercado laboral. Esto tendría que crear 1 millón de empleos y dar más de 2 mil millones de dólares a los empresarios que los reciban. Un regalo más de los que ya ha recibido a lo largo de toda la pandemia a través de los proyectos de ley del Ministro Briones.

Además de esto anunció la puesta en marcha de un plan de inversiones públicas destinada a construir viviendas, carreteras, caminos, puertos y aeropuertos, accesos de agua potable, riego y embalses, hospitales y consultorios, establecimiento educacionales, transporte público y parques. Este plan se llevará a cabo mediante el carácter de subsidio y concesión a grandes empresas privadas. Las únicas que podrían cumplir con los concursos que se realizarán. Ante esto Piñera dijo que aumentará en más de 4500 millones de dólares el gasto público. Situando un total de 34 mil millones de gasto público. Se trata de un negociado a favor de empresas estancadas como lo está el sector de la construcción, un gremio conocido por recibir altas subvenciones y dineros estatales dejando las obras incompletas o construyendo infraestructura deficiente.

Los llamados a la unidad y la conciliación con el gobierno: buscar los puntos de acuerdo con la oposición

Los grandes empresarios salieron rápidamente a saludar el plan del presidente. Juan Sutil presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (conocido empresario agrícola que hizo su fortuna en Dictadura Militar de Pinochet junto a otros grupos económicos) valoró el mensaje de la cuenta pública, pero, destacó que “su éxito dependerá de la paz social”. En este punto tanto Sutil como Piñera insisten, pues saben que un proceso constitucional y una recuperación atravesadas por movilizaciones de trabajadores y sectores populares puede poner en cuestión su éxito. Por eso el odiado presidente insistió en la unidad. Pero es un presidente asesino, por las muertes y violaciones a DDHH cometidos durante la rebelión popular de octubre y noviembre, y por le desastre sanitario que ha terminado con la vida de una decena de pobres y trabajadores. Porque los casos los concentran con creces las comunas populares.

La oposición ya firmó un pacto económico con el gobierno. En abril y mayo firmaron juntos un paquete de endeudamiento y uso de fondos de reserva para sostener a los desempleados pero a cambio de inyectar liquidez a las empresas privadas. Previo a este plan al servicio del capital la ex Concertación, incluyendo también a sectores del FA y el propio PC, votaron a favor la ley de despidos y suspensiones con la hipocresía del nombre de “protección al empleo”. Un plan que mandó al hambre a casi dos millones de hogares. Piñera sabe que en materia económica tiene relativo consenso previo. Tratará de interpelar nuevamente en este mismo sentido. A pesar de no presentar en esta cuenta pública un cambio de estrategia. Buscará planear la crisis pero le quedan más de año y medio de gobierno.

¿Puede la empresa privada reactivar la economía?

Piñera habló de que Chile puede en el corto plazo ser un país pionero en infraestructura digital y en energías renovables. Que incluso pudiera ser un país que exporte energía. Nada más alejado de la realidad que vive el país y el carácter rentista de los grandes empresarios chilenos que no invierten en energías renovables ni mucho menos en sistemas de redes públicos. Para Piñera se trata de repetir la misma fórmula de los ’90 hasta la fecha, y que hizo muy bien la Concertación, habilitar a los empresarios nacionales y extranjeros con fondos estatales para que privaticen las áreas de la construcción y el desarrollo energético e la infraestructura.

La mayoría de las empresas privadas en Chile se encuentran profundamente endeudadas y la tendencia es a la concentración de la riqueza. Los grupos económicos monopólicos han aumentado su fortuna por más irracional que esto parezca. Y las negociaciones colectivas en empresas de este tipo han confirmado que no quieren compartir con nadie sus riquezas. Se ha demostrado tras cuatro meses de pandemia que lo único que han hecho ha sido despedir, suspender, repartir utilidades, pagar deudas y nuevamente seguir pidiendo rescates al Estado.

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El ministro de economía durante la pandemia, Ignacio Briones, ya les dio una fracción de los 2 mil millones de dólares provenientes de dinero fiscal (el famoso fondo FES) a los empresarios. Y esta plata se esfumó. No se tradujo en empleo ni en desarrollo, todo lo contrario. Podríamos decir que buena parte de esos fondos ya se encuentran en el extranjero. La teoría de que la empresa privada puede sacarnos del desastre es bastante débil. No sólo por cómo se comporta la clase empresarial sino también por el estrecho escenario internacional en donde Chile juega con la condición de doble dependencia con EEUU y China.

¿Qué plan económico?

El plan de Piñera representa al gran capital en Chile y los intereses imperialistas en el cobre, las AFP y los negocios con los grupos monopólicos chilenos. Ese es el único imperativo moral después de tanta palabrería y demagogia en el discurso. Pero se trata de un gobierno en crisis. La lucha por el 10% demostró que los trabajadores queremos recuperar nuestras pensiones y acabar con el sistema de AFP. Un pilar fundamental para la acumulación neoliberal.

Junto con exigir una Asamblea Constituyente libre y soberana sin Piñera, por tanto contra el pacto constitucional de los partidos, los trabajadores debemos elaborar y luchar por nuestro propio plan económico al servicio de nuestras necesidades y de las mayorías sociales. Es decir un plan que afecte las ganancias de los empresarios y el imperialismo. Este plan debe echar abajo el intento de Piñera de utilizar los fondos estatales para el rescate de los empresarios.

Para un plan al servicio de las mayorías se hace necesario expropiar a los grupos monopólicos, instalar un impuesto a las grandes fortunas para financiar rentas de emergencia, re-nacionalizar el cobre, para obtener recursos para crear empresas estatales de obras públicas, en base al reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados asegurando un sueldo equivalente a una canasta básica integral familiar. Este plan de obras debe estar controlado por los trabajadores para poner por delante la resolución de las necesidades sociales y no el afán de lucro y codicia de un puñado de familias ricas dueñas del país.

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