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24 de noviembre de 2020 Twitter Faceboock

DESEMPLEO
Seguimos consumiendo nuestros ahorros y no hay empleo
Viviana González

El día de ayer el Diario Oficial publicó el decreto de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social que permite la extensión de pagos como parte de un “perfeccionamiento” a la ley de protección al empleo aprobada por el Congreso el 01 de septiembre de este año.

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El decreto de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social permite un sexto y séptimo pago con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) para aquellos trabajadores y trabajadoras que mantengan su contrato suspendido.

Este decreto se enmarca en las modificaciones realizadas a la Ley de Protección del Empleo por el Congreso Nacional el pasado 01 de septiembre. Entre los cambios introducidos están: Aumentar en hasta cinco meses la vigencia de la Ley de Protección del Empleo hasta febrero de 2021; Incrementar el tiempo para poder solicitar la reducción de la jornada laboral hasta julio del próximo año; Flexibilizar y reducir transitoriamente los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía; Elevar el máximo de giros hasta siete sin hacer distinción entre trabajadores con contrato indefinido, fijo, o por obra o faena; Subir los montos que entrega al 55% del salario imponible en el tercer y cuarto giro (con efecto retroactivo al 1 de agosto), y permitir incrementar los porcentajes originales (30%) del Seguro de Cesantía para un sexto y séptimo giro en caso de cumplirse con ciertos paramentos definidos en un decreto supremo, hasta el 45% de la remuneración promedio.

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, indicó “Estos dos nuevos giros serán una ayuda concreta para miles de chilenos y sus familias que lo están pasando mal producto de esta crisis sanitaria que ya se ha extendido por más de seis meses. La Ley de Protección del Empleo ha sido una herramienta que nos ha permitido ayudarlos y por eso impulsamos una reforma que nos permitió extenderla hasta febrero del próximo año y mejorar sus prestaciones”.

Según señala la página oficial del gobierno “Estos pagos adicionales, serán de un 45% del promedio de la remuneración del trabajador, con un tope máximo de $419.757 y mínimo de $225.000, y rigen a partir del 1 de agosto de este año. Por lo tanto, quienes accedan al 6° y 7° pago, recibirán las prestaciones a partir de esta fecha, según corresponda” (...) “El decreto publicado en el Diario Oficial establece además el aumento del monto correspondiente al quinto pago con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, el que se elevó a 55%. Por lo tanto, quienes recibieron su quinto pago después del 1 de agosto, por un monto inferior, recibirán el diferencial. Mientras que a quienes les corresponda el pago a partir de este mes, recibirán el monto con el ajuste incorporado.” (...) “A partir del día lunes 28 de septiembre, la AFC iniciará la notificación individual para cada trabajador informando la fecha exacta de su pago.”

¡No más despidos ni suspensiones, que la crisis la paguen las y los empresarios!

Durante este mes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer una encuesta que muestra cómo desde abril hasta julio del 2020 “una de cada tres empresas (37,3%) registró trabajadores suspendidos por efecto de la Ley de Protección al Empleo, ya sea por pacto o por acto de autoridad, lo que corresponde al 9,3% de los trabajadores contratados por las empresas formales de cinco o más trabajadores en el país.” Además un 53% de esas empresas acogidas a la ley cree que despedirá a trabajadores.

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Si a esta realidad le sumamos la tasa de desempleo (que según los últimos datos publicados por el INE, alcanza un 13%, o sea aproximadamente 2 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo) podemos afirmar que quienes estamos pagando la crisis que abrió la pandemia somos las y los trabajadores, mientras al empresariado no paran de blindarlo con salvatajes como el ultimo anunciado por el Ministro de Hacienda Ignacio Briones, donde se entregaran subvenciones a las empresas que han despedido y suspendido trabajadores.

Bajo el imaginario de una ley que no protege el empleo, las y los trabajadores debemos seguir costeando la crisis con nuestros ahorros del seguro de cesantía o de las AFP en un escenario donde no hay empleos, y mientras al empresariado se le inyectan recursos de todos los chilenos o "perfeccionan leyes" para que estos puedan seguir protegiendo su capital.

Chile hoy se ubica entre los países que más perdida de empleo ha generado, por lo que la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y soberana cobra vital importancia, ya que en ese escenario podríamos discutir y asumir medidas que beneficien al pueblo trabajador y las grandes mayorías: como la prohibición de los despidos, el reparto del trabajo entre ocupados y desocupados con un sueldo acorde a la canasta familiar de $500.000, el fin del subcontrato, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, entre otras reivindicaciones.

 
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