El aborto en Chile es una realidad que se ha mantenido oculta, en la clandestinidad, debido a la ilegalidad que lo impregna, ocasionando muerte a miles de mujeres. Sólo desde septiembre del año pasado existe una legislación al respecto, y aunque esta cubre un porcentaje ínfimo del total de casos, igual se han puesto trabas, bajo creencias religiosas o filosóficas que impiden que el Estado se responsabilice de un problema de salud pública.
Domingo 15 de julio de 2018 | 17:35
Imagen: COSECHAROJAS.ORG (2018)
El aborto en Chile es una realidad que se ha mantenido oculta, en la clandestinidad, a causa de su ilegalidad y sólo desde septiembre del año 2017 existe una legislación al respecto. Con la creación de la ley 21.030 se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la mujer y violación. Y en marzo de este año, a meses de la promulgación de esta ley, la Organización Mundial de la Salud recomendó su legalización completa.
La ley de aborto terapéutico intentó contener el reclamo de miles de mujeres que salían a las calles a exigir sus derechos, y fue respaldada con datos alarmantes del Ministerio de Salud. Pues, hace cuatro años este organismo dio cuenta de que el aborto corresponde a la tercera causa de mortalidad materna en el país.
Debido a su penalización, es difícil conocer cifras de abortos a ciencia cierta, pero hay estudios que han intentado acercarse: El Minsal informó que se realizan 33.000 abortos por año, lo que da un promedio de 90 abortos diarios. Mientras el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, en 2013 estimó que los abortos anuales eran entre 60.000 y 70.000 Sin embargo mucho tiempo antes, en 2008, la investigadora y economista franco-chilena, Maite Albagly, en un estudio sobre “El aborto en Chile”, afirmó que el número asciende a 160.000 por año.
La Corporación Miles Chile, que tiene por misión la promoción y defensa de los derechos y la atención en salud sexual y reproductiva, enfatiza que la ley promulgada en el gobierno de Bachelet, sólo cubre un 15% de los abortos. Otras organizaciones feministas son menos optimistas y aseguran que las tres causales sólo contemplan el 3% de los abortos que se realizan en Chile, manteniendo la mayoría de los casos bajo la alfombra de la clandestinidad.
El mapa del aborto
Chile, junto a Latinoamérica y los países subdesarrollados, representan los sectores donde más se experimentan abortos clandestinos en condiciones de riesgo y, esto se explica por la falta de políticas públicas al respecto.
En países de Europa, donde ya se ha avanzado en la legislación del aborto, las tasas de mortalidad materna alcanzan un 9,7 muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, según investigaciones del Instituto Guttmacher. A su vez, en esta región entre los períodos 1990-1994 y 2010-2014 la cantidad de interrupciones de embarazo se redujo pronunciadamente desde 52 a 29 abortos inducidos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, según el Instituto Guttmacher.
Según algunos estudios, con respecto a América Latina y el Caribe, existen estimaciones regionales del aborto inducido. Dentro de estos datos se presentan un total de 20.300.000 embarazos en la región, de los cuales alrededor de 6.496.000, correspondiente al 32% de embarazos terminarían en interrupción voluntaria. El el caso de América Central y del Sur estos porcentajes varían entre un 37% y 34% respectivamente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), concluye que tres de cuatro abortos realizados en América Latina son inseguros. Además, según cifras de la misma institución, actualizadas al 2014 “[...] calculan que cada año se realizan unos 22 millones de abortos inseguros en todo el mundo, casi todos ellos en países en desarrollo. Las defunciones debidas a “abortos peligrosos” representan 13% de todas las defunciones maternas. Cada año, unos 5 millones de mujeres ingresan a hospitales como consecuencia de un aborto peligroso y más de tres millones de mujeres que han sufrido complicaciones no reciben atención médica”.
Son varias las organizaciones feministas, que se dedican a la orientación y acompañamiento de mujeres que desean abortar, cubriendo de manera parcelada y no de manera unificada como es la práctica del aborto clandestino. Además, la mayoría de estas organizaciones son clandestinas, también, y, el ejercicio de su labor, implica para ellas un riesgo constante. Esta característica la comparten con las mujeres que abortan, quienes deben someterse a un procedimiento médico, muchas veces en condiciones insalubres o riesgosas. En respuesta a esto las mujeres abortan en casa, ocultas y en silencio.
Con los antecedentes dados, la primera conclusión que se obtiene es que la penalización del aborto, no impide que estos se realicen. Y el punto es que la criminalización de esta práctica se ha vuelto un problema grave de salud pública, pues amenaza la vida y salud de las mujeres.
Experiencia en Argentina: Salvar vidas es una cuestión de salud pública, no de fe
Masivas movilizaciones han desencadenado un fenómeno, conocido internacionalmente como “la marea verde”, ya que mujeres lucen pañuelos de ese color para enarbolar una gran campaña por la legalización. El grito ensordecedor de las mujeres argentinas, logró que se aprobase media sanción para el aborto legal en la cámara de diputados. Y desde el martes se reactivó el debate en el Senado.
En esta discusión, tanto la derecha comolas Iglesias (católica y evangélica) han sido férreos opositores a la interrupción voluntaria del embarazo, y también han movido fuerzas para protagonizar movilizaciones, donde aseguran que el feto abortado correspondería a “un niño que está por nacer”. La Izquierda Diario en Argentina buscó declaraciones de estos opositores, y encontró a una mujer antiaborto que con convicción afirmó: “Si alguno de los dos tiene que morir, que sea la madre”. (VER VÍDEO)
La marea verde instauró la discusión del aborto como tema de salud pública en el país trasandino, discutiendo en contra de que se legisle bajo creencias personales o religiosas, que no necesariamente deben ser transversales en un Estado que se declara laico. Finalmente, el 8 de Agosto (8A) se votará en el Senado el proyecto de ley, que contempla la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
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La maternidad como decisión, y no por obligación
El movimiento de mujeres en el mundo, que inició este año con grandes movilizaciones en marco del 8 de marzo, sumado a la lucha por el aborto legal en Argentina también impacta en Chile, y reabre una discusión que da cuenta de la silenciada opresión de género, donde se destaca el rol y el valor de la mujer en torno a su capacidad reproductiva, por encima de sus cualidades.
La psicóloga Gabriela Muñoz, sostiene que “Ser madre (por obligación) es una imposición, mantenida por los sectores conservadores, de la Iglesia y la derecha, que se expresa en la falta de educación sexual laica y no sexista en las escuelas y liceos, la baja cobertura de métodos de planificación familiar y asistencia médica gratuita, y la negación del derecho efectivo al aborto, lo que de conjunto no hace otra cosa que aumentar el riesgo de que una mujer recurra al aborto clandestino, practicado por personal no calificado y con procedimientos inapropiados e insalubres”.
Es así como uno de los rasgos fundamentales de este sistema, es entender a la mujer como un ser humano que da vida, comprendiendo el ser madre como la única y gran proyección a la que “debería” aspirar la mujer, de lo contrario, puede enfrentarse a la posibilidad de ser cuestionada o enjuiciada por su entorno cercano y/o por la sociedad en su totalidad.
Además, la responsabilidad social de la crianza por lo general suele ser adjudicada netamente a las mujeres. En torno a esto la Periodista Cristina Palomar menciona que, “si bien la reproducción biológica se sabe compartida por ambos sexos, la reproducción social se asume como responsabilidad de las mujeres” y que, si bien el ser madre supone ciertos datos biológicos innegables, es vivida en términos de colectividad y a la vez subjetivos, desde la oscuridad de las tradiciones y costumbres.
En consecuencia con lo anterior, Palomar, declara que vivir una presión subjetiva intensa como lo es un embarazo, un parto, una crianza o todo aquello que se desarrolla en el marco de la maternidad, sin desearlo o sin saber enfrentarlo, o sin recursos, necesariamente recae en situaciones de conflicto, de dolor y de violencia.
Objeción de conciencia y el negocio en la salud
La salud es un derecho constitucional exigible al Estado. Y está establecido como un derecho fundamental e inalienable para el ser humano en organismos y tratados internacionales a los cuales adhiere nuestro país, tales como la Organización Mundial de la Salud (Declaración Mundial de la Salud, 1998), la declaración internacional de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966).
(...)el Estado traspasa suculentas sumas de dinero al sector privado, donde es un oligopolio compuesto por cinco grupos económicos el que gestiona el negocio, y controlan las Isapres, clínicas y laboratorios a través de un sistema de integración vertical y horizontal.
Actualmente el sistema público de salud cubre a la mayor parte de la población chilena (80% aprox), sin embargo por carencias presupuestarias, de infraestructura, de profesionales, entre otras brechas estructurales, se recurre al sistema privado para completar la oferta. De tal manera, el Estado traspasa suculentas sumas de dinero al sector privado, donde es un oligopolio compuesto por cinco grupos económicos el que gestiona el negocio, y controlan las Isapres, clínicas y laboratorios a través de un sistema de integración vertical y horizontal. (ILC Inversiones, Bethia, Bupa Sanitas o Said, Nexus y United Health Group).
Uno de los mecanismos que impacta significativamente en el traspaso de fondos públicos al sector privado en la salud corresponde a la Modalidad Libre Elección (MLE), que no es otra cosa que la subvención a la demanda, y lo que el Estado paga a las clínicas privadas. Uno de los temas en cuestión ante la ley de aborto es la objeción de conciencia y cómo algunas clínicas quieren oponerse a practicar abortos como lo establece la ley, pero seguir recibiendo financiamiento del Fisco.
La objeción de conciencia permite a las instituciones médicas privadas (objeción institucional) o médicos, como persona natural (objeción individual), evadir la ley y no practicar el aborto, por razones ideológicas. Pero el reglamento contiene la restricción de que “los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del DFL Nº 36 podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología”. Es decir, las Clínicas que reciben pagos del Estado bajo dicho convenio, no podrán ser objetoras.
A dos semanas de asumir el Gobierno, Sebastián Piñera redujo los requisitos para que las Instituciones tengan posibilidad de acceder a la objeción.
¿Cómo? Haciendo que los Servicios privados de Salud ya no tengan la necesidad de justificar su decisión de ser objetores “en base a creencias, valores idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos”. Además eliminó la restricción referida a los convenios, mencionada anteriormente, aunque frente a las duras críticas tuvo que retroceder en esta última medida a fines de junio.
Izquia Siches, Presidenta del Colegio Médico y militante de Revolución Democrática en reiteradas ocasiones ha mostrado su preocupación, frente a los abusos del protocolo de objeción. Y ha aclarado en varios medios de comunicación que la restricción de objeción para Clínicas que reciben aportes del Estado es muy limitada, pues “cuando se refiere a convenios es un tipo muy específico. Es a estos Decretos de Fuerza de Ley (DFL) 36 con hospitales muy específicos como El Parroquial, como Panguipulli, y no todos los convenios que existen con el Estado”.
Siches intentó no pronunciarse por la ley de aborto hasta que esta ya estuviera aprobada. Hoy defiende las tres causales, mantiene preocupación y alerta ante la objeción institucional, y es partidaria de la objeción de conciencia individual: "Nosotros somos protectores de la objeción de conciencia personal e individual, ningún médico se debe sentir presionado (...) no es una decisión liviana, sino que debe ser un compromiso valórico que el médico sienta y, en ese sentido, lo vamos a proteger de que no sea discriminado” , declaró el 12 de febrero en T13.
Barbara Brito, vocera en Chile de la agrupación Pan y Rosas, la cual levanta una campaña internacional por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, se planta desde otra mirada y postura ante la situación. Para ella, “la fuerza que puede adquirir el movimiento de mujeres, es para ir por mucho más que las tres causales, que responde a un sector muy ínfimo del total de los casos”. Y afirma que esta fuerza puede ser impulsada aún más si el 8 de agosto se gana el proyecto en el Senado argentino.
La ex vicepresidenta Fech, asegura que la objeción de conciencia es uno de los límites que puso el gobierno de la Nueva Mayoría, junto con la DC y la derecha para limitar los derechos de las mujeres, incluso al interior de lo que constituye un avance que fue la ley de aborto en tres causales. En ese sentido “lo que hay detrás de la objeción de conciencia es que concibe que el derecho al aborto es un problema moral, ético, y no un problema de salud pública. Entonces la objeción de conciencia no debería ocurrir porque esta corre para problemas de índole religioso, y en este caso, mujeres mueren por abortos clandestinos ”, concluye Brito.
Todo indica que las posiciones que impulsa la Derecha de la mano de la Iglesia, como una alianza estratégica y vinculadas sagradamente, siguen arrojando a mujeres a abortar en la clandestinidad en precarias condiciones y expuestas a altos riesgos a causa del nulo seguimiento médico que se le da al tratamiento que enmarca un aborto inducido.
Se justifican en argumentos moralistas e ideológicos, y por fuera de la realidad, donde suena más fuerte “la vida del que está por nacer”, la cual se estableció en el Código Sanitario art. n°119 de la Constitución de 1980, enmarcada en el período de Dictadura y firmada además sólo por oficiales de Fuerzas Armadas, sin ningún respaldo científico.
El aborto ha existido, existe, y existirá en Chile y en el mundo, y frente a eso sólo hay dos alternativas: Ser pro aborto legal, o ser pro aborto clandestino.
