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Aumento de cuarentenas y debate de un nuevo retiro del 10%: ¡Que la crisis no la pague el pueblo trabajador!

Desde hoy, un total de 245 comunas del país comenzarán en Fase 1, lo que afectará a un 90,93% de la población. Esto significará mayor restricción para trabajadores independientes y ambulantes. Es urgente un plan de emergencia para paliar la crisis sanitaria y económica. ¡Que la crisis no la paguen las y los trabajadores!

Teresa Melipal

Santiago de Chile

Jueves 15 de abril | 12:43

Desde esta jornada 17.688.867 habitantes a nivel nacional entrarán a Fase 1 ante el alza de contagios de coronavirus a nivel nacional. Según lo informado desde el Ministerio de Salud, desde esta madrugada de hoy ingresaron a cuarentena total en la Región de Atacama, la comuna de Caldera; en la Región de Valparaíso, las comunas de San Esteban; en O’Higgins, la comuna de La Estrella; en Maule, la comuna de Sagrada Familia; y en Los Lagos, la comuna de Los Muermos.

Pese a las campañas de inoculación contra el COVID-19 de parte del gobierno, los casos activos de coronavirus han aumentado y el debate de la última cama en los hospitales de alta complejidad es cada vez inminente. A la fecha, existen 172 camas UCI a nivel nacional, poniendo en alarma la capacidad del sector de salud pública. Ante la falta de recursos en la salud las y los trabajadores de la salud se han movilizado contra el agobio laboral, exigiendo mayor dotación de personal, infraestructura e implementos. Un ejemplo de ello es la campaña "no somos robot" que han lanzado funcionarios del centro de salud Alejandro del Río de la comuna de Puente Alto, quienes llevan más de 10 días movilizados ante la sobrecarga laboral. También lo expresa el llamado a paro nacional de la salud pública y cacerolazo para este jueves a las 21 horas convocado por la Confusam.

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Por su parte, el gobierno llama a restringir la movilidad con cuarentenas sin levantar campañas de prevención a la salud. Mientras que los grandes empresarios apelan a la maldita Ley de Protección al Empleo obligando a que las y los trabajadores suspendidos de las labores costeen la crisis sanitaria con el seguro de cesantía. Los fondos de estos seguros se están agotando, al igual que el 10% del retiro de las pensiones.

Este jueves se debate el tercer retiro del 10% en la Cámara de Diputados, donde el gobierno ya inició el requerimiento al Tribunal Constitucional. Una medida antidemocrática y completamente ajena a la realidad de las y los trabajadores. Mientras que el impuesto a los súper ricos en Chile se discute desde las esferas internacionales de la ONU, ante la brutal desigualdad de ingresos en el país tras conocerse que las familias más ricas del país han aumentado más del 70% sus fortunas, según Forbes.

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Ante este escenario las organizaciones gremiales y sindicales de trabajadores poco y nada se han pronunciado. La CUT ha llamado a una "huelga sanitaria" pero sin organizarla desde las bases, una medida criminal ante el poder que tiene la principal central de trabajadores para organizar asambleas en los puestos de trabajo y planificar una gran movilización en defensa de los puestos de trabajo y un sueldo mínimo superior a los 500 mil pesos. Es por esto necesario que las organizaciones sindicales, organismos de trabajadores y organizaciones políticas de izquierda organicemos un polo para conformar una "huelga sanitaria" en perspectiva de lucha.

Necesitamos organizarnos para enfrentar la crisis con un plan de emergencia que no se sostenga sobre nuestros hombros y nuestras familias, ¡porque recursos para impulsar esto, existen !

Levantemos un plan de para que la crisis la paguen los empresarios y no las familias trabajadoras que parta por: 1) Ingreso universal de emergencia para desempleados, trabajadores informales y dueñas de casa de $550.000; 2) Prohibición inmediata de los despidos y suspensiones, asegurando el pago íntegro del salario y la derogación de la Ley de Protección al Empleo. La creación de Comités de Higiene y Seguridad en cada lugar de trabajo para decidir la suspensión de labores no esenciales o readecuación, y la paralización total de toda actividad no esencial; 3) Unificación del sistema sanitario privado con el público, nacionalizando clínicas y laboratorios privados que lucran con la salud y la vida de las personas, para poner toda la infraestructura al servicio de combatir la pandemia, bajo control de sus trabajadores/as, las comunidades científicas y usuarios; 4) Fin al toque de queda y de militarización. Derogación de las leyes represivas y libertad a los presos de la revuelta; y 5) Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y empresas mineras para financiar el plan de emergencia.






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