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SEMANARIO

Bajen las armas: informe sobre la niñez en Guernica

Equipo técnico de trabajadores y trabajadoras de Niñez y Adolescencia CABA-PBA

GUERNICA
Ilustración: Ludmilem

Bajen las armas: informe sobre la niñez en Guernica

Equipo técnico de trabajadores y trabajadoras de Niñez y Adolescencia CABA-PBA

La lucha por el derecho a la vivienda en Guernica continúa mientras la justicia y el gobierno amenazan explícitamente con la represión y pretenden imponerles condiciones denigrantes a las familias. A continuación presentamos a lxs lectorxs de Ideas de Izquierda un informe realizado por el Equipo Técnico de Niñez en Emergencia, conformado por trabajadorxs de Niñez y Adolescencia CABA y la Provincia de Buenos Aires, sobre la situación de las familias, y en particular los niños y niñas, que viven allí.

En el marco de las diversas acciones realizadas por distintos colectivos de trabajadorxs en la toma de Guernica, profesionales pertenecientes a diversas áreas de Niñez y Adolescencia, tanto de la CABA como de la Provincia de Buenos Aires, elaboramos una estrategia de intervención en situación de emergencia que permitiera arribar a un estado de situación respecto de las familias que se encuentran luchando por el acceso a la tierra, teniendo en cuenta que más de la mitad de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. El abordaje consistió en realizar entrevistas a diferentes grupos familiares, quienes han dispuesto sus viviendas en calles y manzanas que ellxs mismxs dividieron.

La gran mayoría de las familias que viven allí se encontraban trabajando y fueron despedidas durante la pandemia, debido a la situación de profunda crisis económica. Gran parte de lxs adultxs contaban con trabajos precarios e informales, trabajos en la construcción, amas de casa y mujeres que debieron abandonar el hogar por haber sufrido violencia de género. Es así que pagar el alquiler de una vivienda se volvió imposible, sumado a los costos de los servicios y al incremento en los precios de los productos necesarios para sostener la alimentación de lxs convivientes. Actualmente, muchxs de ellxs se encuentran realizando “changas” para poder obtener algún magro ingreso económico. También escuchamos a personas que cuentan con un empleo formal pero con un sueldo percibido que resulta insuficiente para afrontar los costos que implica la satisfacción de las necesidades básicas para la vida. En las entrevistas aparecía una y otra vez la referencia al incremento desmedido de los precios, tanto de los espacios donde habitaban, como de los alimentos y los servicios.

Fotografía: Carlos Broun

En relación a la percepción de beneficios sociales, gran parte de las familias entrevistadas no fueron alcanzadas por el Ingreso Familiar de Emergencia. Nos contaban las grandes dificultades para realizar un reclamo. Un primer obstáculo eran las barreras de comunicación que se identifican en el organismo administrativo encargado de brindar el subsidio. “No se puede sacar turno”, “no están atendiendo de forma presencial y no puedo acceder a la página, no puedo hacer la consulta”, son algunas de las experiencias relatadas. En lo que respecta a la AUH, todas las familias contaron que se encontraban recibiendo el pago de la misma, aunque en algunas situaciones no por todxs lxs niñxs. Lxs adultxs refieren trabas burocráticas, falta de documentación de muchas familias migrantes y desinformación en cuanto a los canales para hacer consultas que permitan acceder a los subsidios.

El Estado y su policía, presentes

Una y otra vez lxs vecinxs de la toma cuentan el hostigamiento y el amedrentamiento que reciben por parte del cuerpo policial, quienes les quitan alimentos, agua y elementos de primera necesidad en la entrada del predio. “¿Esa gente no tiene alma? Es que yo no los entiendo, estamos entrando agua, comida, alimento, es para los pibes ¿Cómo te lo van a sacar? No tiene nada de malo”.

Por si fuera poco, para completar el asedio, helicópteros de las fuerzas policiales sobrevuelan el territorio durante la madrugada, siempre a la misma hora y alumbrando con reflectores a las construcciones, despertando y asustando a niñxs y adultxs; “ese helicóptero. ¡No sabes lo que es! Te ilumina todo acá adentro con ese reflector. No podés dormir. Y yo estoy acá con ella, ya no podemos dormir después de eso”.

El despliegue de fuerzas de este tipo, contra personas que se encuentran desarrollando acciones cotidianas, se dirige a infundir el sentimiento colectivo de peligro, como factor intimidatorio del conjunto. En este punto podemos preguntarnos si el accionar policial, no encuadra dentro de lo definido como tortura, por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984:

“…todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Fotografía: Carlos Broun

A su vez, el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes agrega que,

“su objetivo consiste en destruir deliberadamente no solo el bienestar físico y emocional de la persona sino también, en ciertos casos, la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. Inquieta a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un futuro mejor”.

Las consecuencias de estas acciones se evidencian en los discursos de lxs entrevistadxs: hablan de ansiedad, miedo, incertidumbre, trastornos en el sueño, malestares generales. De este modo, las estrategias de mediatización desplegadas por lxs adultxs, con el objetivo de mitigar el impacto de la situación vivenciada, quedan anuladas por el accionar intimidatorio del proceder policial.

Como trabajadores y trabajadoras de la niñez debemos resaltar que esta situación posee un potencial traumático, que puede evolucionar en el despliegue de diversos síntomas. Entre ellos podemos mencionar: inhibición motriz y del pensamiento, dificultades para conciliar el sueño, o terrores nocturnos. Asimismo, estos hechos pueden adquirir carácter traumático con posterioridad al tiempo en el que suceden, tomando actualización en el pasaje a la adolescencia. Lxs niñxs de hoy expuestxs a la tortura cotidiana de las fuerzas represivas serán lxs jóvenes padecientes del futuro.

En lo atinente a los lazos sociales y comunitarios, las familias manifiestan que se organizaron internamente, que poseen delegados y delegadas y que realizan asambleas donde deciden democráticamente. Agregan, que se alternan en la preparación de los alimentos, “acá nos ayudamos entre todos”.

Señalemos que pensar en la calidad de vida de los seres humanos, es hacerlo teniendo en cuenta su calidad como personas bio-psico-socio-culturales, y privilegiando las dinámicas psicosociales como determinantes de lo intersubjetivo. Por esto, pensar en la calidad de vida no es pensar únicamente en el acceso a los bienes materiales, sino que se piensa en espacios donde opere la cooperación, los sistemas de significaciones compartidas que diluyen las segregaciones.

Niñxs en tiempos de pandemia

Aunque la mayoría de lxs niñxs tenían controles de salud previos al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el contexto sanitario dificultó la continuidad de los seguimientos. Sin embargo, muchas de las familias entrevistadas manifestaron que solo pudieron parcialmente garantizar el acceso a la salud a partir de la posta sanitaria que pusieron en pie trabajadores y trabajadoras de ese sector.

Lxs vecinxs cuentan que en algunas situaciones desde el hospital de la zona les han negado la atención por ser parte de la toma, no pudiendo acceder a un derecho humano básico como lo es la atención de la salud por decisión política del Gobierno Provincial. En un contexto de crisis epidemiológica con un aumento exponencial de contagios y de fallecidos por COVID-19.

Sobre la situación escolar, lxs niñxs en edad de escolaridad obligatoria se encontraban inscriptos y en contacto con las instituciones educativas. Este derecho intenta ser garantizado por las familias mediante la utilización de dispositivos celulares de lxs referentes adultxs y el pago del servicio de internet en condiciones desde ya más que inhóspitas y con el solo apoyo de las y los docentes. Las familias cuentan lo difícil de poder acompañar a lxs niñxs en lo que respecta a algunos aspectos pedagógicos presentados por las escuelas y por la falta de conectividad. Se relevó que, hubo casos contactados por nosotrxs que no contaban con vacante escolar en el nivel inicial a pesar de haber sido inscriptos por lxs adultxs responsables.

En lo que respecta al cuidado de las niñas y los niños, se ha puesto de manifiesto en los discursos de lxs adultxs las estrategias de resguardo que vienen desarrollando en la situación que se encuentran atravesando. Frente a un Estado que hace que niñxs junto a sus familias vivan en estas condiciones, lxs adultxs se han organizado para que lxs niñxs duerman en su mayoría y dentro de sus posibilidades en casas de familiares o de conocidxs y/o referentes para poder asearse, como así también para garantizar el contacto entre lxs niñxs y aquellxs adultxs significativxs que no se encuentran en la toma, de modo tal de sostener la organización de su vida cotidiana y sus vínculos. Es de señalar que lxs niñxs dan cuenta de estos hechos en los espacios de diálogo generados por este equipo técnico.

Pese a las estrategias de cuidado desarrolladas por las familias para no exponerlxs a las bajas temperaturas y adversas condiciones climáticas, el Estado ha decidido no desplegar ninguna política para asistirlxs ante las fuertes tormentas que acabaron con la mayoría de las pertenencias de las familias y destruyeron por completo sus ya precarias viviendas en este mes. Esta misma situación se prolongaría por lo menos 6 meses más según lo que pretende ofrecer el Ministerio de Acción Social y las propuestas que vienen planteando desde del gobierno provincial.

Lo manifestado, deja en evidencia lo falaz del planteo del fiscal Juan Condomí Alcorta en el dictamen de público conocimiento. Donde argumenta que las familias utilizan a sus hijos e hijas como “escudo” y son “rehenes” de lxs adultxs quienes lxs expondrían a situaciones extremas. Arrasando, en sus dichos, con el derecho de lxs niñxs de permanecer junto a sus familias y poniendo en ellas la responsabilidad de las condiciones en las que se encuentran viviendo, eximiendo así al Estado y al gobierno provincial de su responsabilidad frente a todos los derechos aquí vulnerados.

Asimismo, debemos mencionar que las medidas de cuidado que las familias vienen desplegando en este contexto, se enfrentan a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad que rompen con el ejercicio de la continuidad de la vida cotidiana de estas personas.

Conclusiones: violencia institucional, cuando el Estado atenta

Desde los años 90 el neoliberalismo profundizó la restricción el acceso a la tierra de las grandes mayorías mientras unos pocos individuos favorecidos por el propio Estado, en muchos casos exentos de impuestos y con irregularidades en relación a los títulos de propiedad; han impuesto un régimen desigual que arroja a millones a situaciones de precariedad habitacional, no solo aquellos que viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sino también a un sector muy amplio de la población que no es propietaria y se ve obligada a destinar gran parte de sus ingresos al alquiler de su vivienda.

La coyuntura sanitaria, la escalada en los índices de pobreza y de desocupación profundizan la emergencia social. Los gobiernos no han solucionado la situación de vivienda e infraestructura de millones de familias sin casa, sino que sus políticas han permitido la especulación inmobiliaria, el usufructo indiscriminado de la tierra, el extractivismo, el fracking y hasta las quemas de territorios de gran extensión. Este sistema de apropiación de los recursos naturales no son una problemática nacional sino que son una cuestión estructural del capitalismo.

Esta falta de acceso a la vivienda que, inevitablemente termina expulsando a millones de familias a vivir en condiciones de extrema precariedad, conlleva a la vulneración de otros tantos derechos imposibles de ser escindidos y que quedan expuestos con claridad en la toma de Guernica en lo que a lxs niñxs y adolescentes refiere. De esta manera, la Convención de los Derechos del Niño, como instrumento normativo, sienta las bases en lo que respecta a cómo se entiende la niñez y la adolescencia. Es taxativa en reconocerlxs como sujetos plenos de derechos y obliga a los Estados parte a desplegar acciones en pos de su interés superior. En este sentido, la Ley Nacional 26.061, establece en su Art. 7 que es obligación del Estado “asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. La vulneración de los derechos de lxs niñxs, y adolescentes que se encuentran en la toma y, que tanto menciona el fiscal Juan Condomi Alcorta, como funcionarixs públicxs de diversos niveles del Estado, no son producto del maltrato y/o la negligencia de sus familias. Tal como hemos mencionado, lxs niñxs sostienen la escolaridad, el acceso a la salud, el derecho a jugar, la vinculación con sus familiares y el resguardo ante situaciones que serían en detrimento de su subjetividad. Y son sus madres y padres quienes se encargan de cuidarlxs.

Todos estos derechos reconocidos en leyes y convenciones se vuelven “papel mojado” cuando es el propio Estado el que debería garantizarlos y al mismo tiempo es el que los vulnera, dejando a la luz un claro sesgo de clase al priorizar con sus decisiones políticas y económicas los negocios de unos pocos por sobre el interés común de la inmensa mayoría.

Las amenazas, el hostigamiento, la imposibilidad del acceso a una vivienda digna, la falta de vacantes escolares, los obstáculos para el acceso a los derechos de protección y seguridad social son producto del carácter del Estado. Un Estado de clase, que contempla la necesidad de algunos sectores, y no prioriza la atención del 56.3 % de lxs niñxs y adolescentes que se encuentran por debajo del índice de pobreza, en medio de una profunda crisis económica y social. Mientras tanto los representantes de los principales ministerios involucrados, de la justicia, los grandes medios de comunicación, y sobre todo del Gobernador de la provincia sostienen la existencia de un delito: el de no tener casa.

Guernica así como Los Ceibos en zona Oeste, Los Hornos en La Plata, Centenario en Neuquén y tantas otras tomas a lo largo de todo el país son la muestra clara de lo imperioso de plantear la necesidad de una reforma urbana, de revertir las prioridades. Las inversiones deben ser destinadas a infraestructura y planes de vivienda que dejen de lado el negocio inmobiliario para que la vivienda sea realmente un derecho para todxs y no una especulación para privilegio de algunxs. Guernica es la muestra de que tanto la justicia, el gobierno nacional como el provincial, en pos de la “defensa de la propiedad privada” de unos pocos sobre miles de familias y niñes, prioriza violentar y estigmatizar a niñxs y adultos que no eligen vivir en las condiciones en las que se encuentran, develando claramente cuáles son las prioridades para este sistema.

Así, funcionarios públicos llevan adelante distintas estrategias para desgastar a las familias y que renuncien a su derecho a tener una vivienda digna y quebrar la resistencia que sostienen hace meses por mejorar su calidad de vida. Mientras que las familias encuentran en esa toma, en esa organización colectiva, en esa comunidad: hogares, espacios de juego, tierra y vivienda donde proyectar el desarrollo de ellxs, y de sus hijxs; el Estado encuentra motivos para judicializar la pobreza, para amedrentar infancias y amenazar “el interés superior” de lxs niñxs que la Convención de Derechos de niñas niños y adolescentes, la ley nacional y la provincial, se precian de garantizar.

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