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Red Internacional

Migración. Boric mantiene decreto N° 265 de Piñera que militariza la frontera

Este viernes 15 de abril se dio término al estado de excepción en la zona norte. Aún así, desde el gobierno de Gabriel Boric decidieron mantener el decreto N° 265 que implementó Sebastián Piñera, el cual otorga mayores facultades policiales a las FF.AA para reprimir a las y los migrantes, que la derecha camufla en el discurso de “persecución al narcotráfico”.

Camilo JofréProfesor, militante del PTR e integrante de la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase.

Domingo 17 de abril | 02:39

Luego de un mes de mantener el estado de excepción, el gobierno de Gabriel Boric decidió no renovarlo, llegando este a su fin. Pero si bien, el estado de excepción no seguirá rigiendo, el gobierno mantendrá el decreto N° 265 que implementó el gobierno de Sebastián Piñera en agosto del 2019.

Este decreto fue modificado en febrero del 2021 otorgando más facultades policiales a las FFAA y la coordinación con las autoridades locales en el control fronterizo, aumentando en un 30% la presencia militar en la frontera y una mayor logística con la Armada. Es decir, mantiene la misma línea que en el Wallmapu, comprando 34 carros blindados y $1000 millones en drones. Al igual que el gobierno de Bachelet y Piñera, pareciera que para Boric el enemigo siguen siendo los migrantes y los mapuches, que la derecha en su discurso los vincula con delincuentes y narcotraficantes. Mientras tanto salen a la luz los lazos entre 4 funcionarios de la policía que formaban parte de bandas con narcotraficantes quienes habían pasado más de 1000 kilos de droga a través de la frontera. Buscan dejar a cargo de las pesquisas policiales a una institución corrupta, criminal, racista y xenófoba. Más que una solución, el gobierno mantiene una política que termina capitalizando la derecha instalando en la opinión pública toda su agenda represiva, como se ha visto a la senadora Paulina Nuñez de RN y el apoyo a las fuerzas armadas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió de la siguiente forma: “El estado de excepción termina, pero el Gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras”. Ninguna solución de fondo para la crisis migratoria y las demandas del pueblo mapuche, solo represión.

La coordinación con las autoridades locales como las alcaldías, viene dada por el aumento de la dotación policial, con el objetivo de llevar a cabo la persecución por color de piel en la ciudad, escondida bajo la máscara de buscar la “ilegalidad” y a los “delincuentes”, el desalojo a migrantes como se ha visto por parte de políticos como Vlado Mirosevic, sabiendo el enorme problema por el costo y arriendo de las viviendas en la ciudad. Toda una política racista que impulsó Piñera y hoy mantiene Boric y políticos como Espíndola y Vlado del Partido Liberal. Hasta la fecha no existe ningún estudio que vincule migración a delincuencia. Este tipo de políticas tienen por objetivos dividirnos a través del discurso nacionalista, pero nuestras condiciones de vida son mas cercanas a nuestras compañeras y compañeros de trabajo migrantes que a los chilenos Luksic, Matte, Angelini, grupo de capitalistas que se han enriquecido durante toda la pandemia haciéndonos pagar los costos de la crisis a los trabajadores y nuestras familias.

Esta semana la crisis migratoria estará en el centro de la discusión política, tanto por la votación del informe en la Convención Constitucional el lunes 18, pero también por la visita de Gabriel Boric a la macrozona norte el jueves 21 de abril.

Por una salida de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas

Si queremos dar una solución de fondo al problema de la migración es necesario conquistar en unidad con nuestros compañeros y compañeras migrantes, un plan de acogida internacional, que permita entregar mayores recursos a las zonas que enfrentan esta situación. La rebaja de las horas de trabajo, para repartir el trabajo entre empleados y desempleados, con un salario de 650 mil pesos que alcance ante el aumento inflacionario. El paso a planta para acabar con el subcontrato que precariza y hace inestables nuestras condiciones laborales. La única forma de conseguir todas estas demandas es buscando construir una alternativa consecuente de izquierda que retome la lucha y la organización de todas las demandas de la rebelión, para echar abajo todas las herencias de la dictadura que siguen pesando sobre las vidas del pueblo trabajador.




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