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Caso Ambar: ¿Se acabarían los femicidios con la pena de muerte? Acabemos con la justicia patriarcal y la sociedad capitalista que la sostiene

El terrible caso de Ambar y la impunidad patriarcal que pesa sobre la justicia chilena ha reabierto el debate sobre la pena de muerte. ¿Qué significaría reponer la pena de muerte en un país que se caracteriza por su justicia de clase y los montajes hacia luchadores sociales?

Sábado 8 de agosto

La rabia y la impotencia de miles por el caso de Ambar y hace poco el de Antonia, es expresión de que en Chile ya no se naturalizan tan fácilmente los crímenes y la violencia machista. La terrible realidad del caso de Ambar hace brotar desde el fondo del estómago, el más puro deseo de justicia e incluso venganza. Es desde aquí que aparece la discusión de reponer la pena de muerte, para aquellos que cometen grandes vejámenes y en respuesta a la impunidad de la justicia chilena, que permite bajas de penas a asesinos, como ocurrió con el “padrastro” de Ambar, e incluso a torturadores, como el caso del indulto de Piñera a violadores de derechos humanos de la dictadura el pasado viernes 31 de julio.

La pena de muerte, política utilizada históricamente por el Estado y la Iglesia para oprimir a los mas pobres y, con ello, mantener su hegemonía, fue legal en Chile hasta el 2001, desde ahí, la máxima sanción ante un delito es la cadena perpetua (40 años). Considerando el historial de la justicia chilena, ¿Qué podría suceder de legalizarse nuevamente la pena de muerte?

Para un país en donde al ser pobre tienes más posibilidad de ir preso, para qué decir en el caso de la niñez abandonada, donde el 50% de los jóvenes y niños que pasan por un SENAME terminan llegando en su edad adulta a la cárcel. Las enormes cifras de desigualdad inundan la historia reciente de la justicia chilena, que nos recuerda constantemente su carácter de clase: clases de éticas para los ladrones de cuello y corbata que roban miles de millones al Estado, y para los que rompen un torniquete o venden CDs pirateados en la calle los condenan a la cárcel de alta seguridad o a morir en el incendio de la cárcel de San Miguel.

El carácter de clase tiene así mismo su connotación racial, la cárcel no es tan sólo para el pobre en Chile, sino también para el mapuche que resiste contra la militarización y robo de sus tierras ancestrales, los que perseguidos en sus comunidades, asesinados en sus predios a manos de la policía como Camilo Catrillanca, han tenido que soportar además montajes por parte del Estado chileno resultando en frustrados intentos de encarcelar a peñis y machis, que han pasado años encarcelados, como el caso de la machi Francisca Linconao que salió libre, o el mismo caso huracán, en donde se demostró que Carabineros había alterado y falsificado pruebas para incriminar a mapuches.

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¿Qué podría significar entonces la pena de muerte en un país en donde sólo los pobres van a la cárcel? La posibilidad de matar legalmente a los que se constituyen como “la piedra de tope” para la política de los empresarios y dueños del país. No más recordar los más de 2000 presos políticos que hay por el estallido social, mientras que carabineros presos por haber mutilado la vista de cientos durante el estallido o lo que se robaron miles de millones a las arcas fiscales, -es decir dinero de todos los chilenos con el que se podrían haber construido hospitales o casas de acogida para mujeres víctima de la violencia machista-, no están encarcelados. O como el caso de Martín Larraín, que por ser hijo de un político de derecha queda impune la muerte que provocó con el atropello en estado de ebriedad.

¿Se acaban los femicidios con la pena de muerte?

La pena de muerte no responde tanto a una acción preventiva del delito, sino más bien a un intento de apaciguar la indignación de una sociedad, en tanto no se ha podido determinar la correspondencia entre la pena de muerte y la disminución de asesinatos. Una de las razones es porque muy pocos dan cuenta que están cometiendo un crimen, ya sea por impulso o por naturalización de la violencia, sobre todo en casos de femicidios y parricidios, por tanto, el asesino antes de cometer el delito no piensa que se va a morir en la silla eléctrica (o el mecanismo que estime el Estado) si comete el asesinato, reflexión que lo haga retroceder previo a la ejecución del delito.

El problema de la pena de muerte no es sólo que no es más eficaz que las penas de cárcel para disuadir un delito, sino que es una medida reactiva y profundamente aberrante ante una violencia estructural que no es combatida. El problema de la violencia machista no se va a acabar, ni siquiera a disminuir aumentando las penas a los delitos, porque la violencia machista no responde ante leyes o medidas que se aplican una vez realizado el delito, sino que responde a un problema más profundo y estructural, a saber, una sociedad violentamente patriarcal y desigual, en donde desde pequeños se condenan a niños y niñas pobres a vivir abandono, violencia, violaciones y maltrato constante, en donde se les paga un 30% menos a las mujeres por el mismo trabajo, en donde no existen redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista intrafamiliar que les permitan salir de los hogares en donde son violentadas, y en donde si denuncian, son cuestionadas y subvaloradas por una justicia patriarcal y de clase.

Acabar con la justicia clasista, racista y patriarcal

El asesinato cruel de Ambar es una aberración social. No podemos seguir viviendo en una sociedad donde prime la impunidad. Sin embargo eso implica combatir la actual justicia clasista, racista y patriarcal, no fortalecerla. El llamado a reponer la pena de muerte y las facultades punitivas del Estado no generará efectos disuasivos. Tampoco tendrá efectos preventivos.

Depositar confianza en esta justicia generará nuevas víctimas y nuevos victimarios. Como dice Marx: "en lugar de magnificar al verdugo que ejecuta a una parte de los criminales con el único fin de dejarle el lugar a los siguientes,- ¿acaso no es necesario reflexionar seriamente en cambiar el sistema que engendra tales crímenes?"

Una posible salida está en pelear por transformar la justicia. Instalar la elección general de los jueces y la creación de jurados populares, en donde participen todos: organizaciones de derechos humanos, feministas y de pueblos originarios. A la par que se instala realmente una educación sexual, afectiva y no sexista en las escuelas públicas.

Una asamblea constituyente realmente libre y soberana, y no esta engañosa convención constituyente, sería una instancia viable para empezar a transformar la justicia. No obstante, esta lucha debe estar unida a la lucha por acabar con el capitalismo como forma social que engendra y promueve al patriarcado.

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