En la semana 30 de la pandemia, el conteo de casos confirmados asciende a 331,298. El número de muertos confirmados ya alcanzó los 38,310.
Rutilo Escandón, gobernador de Chiapas, abrió la conferencia vespertina que tuvo lugar en el estado, anunciando que Chiapas ingresó al semáforo naranja, acorde a los dictados y exigencias del imperialismo estadounidense que presiona para reactivar la economía mexicana, fundamental para el funcionamiento de la cadena de valor transfronteriza.
Celebró la colaboración interinstitucional y básicamente utilizó su intervención para hacer publicidad de los “grandes avances y mejoras” que ha impulsado su gobierno, sin mayor dato concreto sobre dicho cambio sustancial.
Por supuesto, no mencionó la política represiva que ha implementado contra luchadores sociales, comunidades zapatistas que se mantienen bajo hostigamiento paramilitar, o contra estudiantes normalistas, casos donde las mencionadas mejoras no se han dejado ver.
Hugo López Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, anunció que en la semana 30 de la pandemia, el conteo de casos confirmados asciende a 331,298. El número de muertos confirmados ya alcanzó los 38,310, mientras que las muertes estimadas llegaron a 40209, refiriéndose a los casos donde no estuvo confirmada la causa de muerte, pero se sospecha que fue por covid-19.
Así mismo, hay 50,498 casos activos estimados. Estos números demuestran, según el subsecretario, una supuesta tendencia de reducción en porcentaje de personas con covid-19 en los últimos 14 días, con un 14% como promedio frente al promedio mundial del 22%, lo cual expresa una reducción del índice de la pandemia, disminuyendo la velocidad del contagio.
Claro que estas son cifras calculadas a partir del modelo centinela, sin la implementación de test masivos ni el control territorial de la dinámica de contagio. Además, contrario a los dichos gubernamentales, la realidad es que siguen aumentando los casos de covid-19 y defunciones en centros de trabajo que han vuelto a funcionar sin implementar las medidas sanitarias necesarias para preservar la vida de las y los trabajadores. La argumentación de Gatell es claramente funcional a la reapertura económica que implementan el gobierno federal y los gobiernos locales.
En Chiapas, también destaca, según las cifras oficiales, una disminución del 14% de las tendencias de contagio. Sin embargo, la falta de infraestructura en zonas rurales del estado, ha generado mayor vulnerabilidad par ala población indígena y pobre, que tiene muy poco acceso al sistema de salud pues una 36.3% de la población de la entidad se encuentra a más de una del hospital público más cercano.
Buenos deseos del gobierno pero pocas medidas efectivas
María Luisa Albores González, secretaria de bienestar social, reconoció que las causas del aumento de contagios se deben a la falta de medidas de prevención y a la mala alimentación. Por supuesto, no planteó la responsabilidad del gobierno en todo esto así como en no prohibir los despidos, cuestión que orilla a las y los trabajadores a tener que presentarse a laborar para no perder ingresos, aun sin medidas sanitarias mínimas.
Tampoco se pronunció sobre la falta de apoyos efectivos como un salario de cuarentena que permita que quienes perdieron el empleo, sufren de la covid-19, así como la población en general, puedan cumplir plenamente la cuarentena.
Para profundizar el control de la pandemia, el gobierno anunció que va a impulsar comités de prevención e información para que en cada idioma acorde a los territorios, poblaciones y pueblos indígenas, puedan transmitirse las medidas necesarias para prevenir el contagio. Una “estrategia local, desde la ciudadanía para incidir” mediante la colaboración entre diversas secretarías y dependencias. Es escandaloso que a tres meses de la pandemia, recién se problematice cómo garantizar un eficaz acceso a la información para toda la población.
El Subsecretario de autosuficiencia alimentaria, Victor Suárez Cabrera, destacó que además de la colaboración entre las instituciones, se han sumado, en Chiapas, diversas organizaciones de la sociedad civil a la campaña de prevención e información.
Zoe Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS, planteó que además de la atención médica que brinda el IMSS, y de las medidas de reconversión hospitalaria, se busca ahora desarrollar la salud comunitaria a partir de un trabajo a largo plazo con las comunidades, vinculando trabajadores del sector salud con voluntarios de cada comunidad, utilizando talleres y anuncios preventivos. Además, sugirió la "brillante idea", a tres meses de la pandemia, de traducir los contenidos de las conferencias vespertinas a los distintos idiomas hablados por los pueblos indígenas.
La "gran conclusión" fue que, lejos de derrotar la pandemia, debemos aprender a vivir con ella, es decir, convivir con los muertos que pone la clase trabajadora, y con la irresponsabilidad y exposición a la que las patronales arrojan a las y los trabajadores.
Contra la resignación, hace falta un plan alternativo de las y los trabajadores
Cristian Morales Fuhrimann, representante de la Organización Panamericana de la Salud, intervino planteando que frente a la falta de vacunas y medicamentos efectivos contra la covid-19, es necesario “hacer lo imposible” porque el sistema de salud no colapse. En esta compleja situación, considera que los sistemas de salud pública deberían poner en el centro la necesidad de garantizar con solidaridad el acceso a la salud, pero no mencionó nada sobre el progresiva desmantelamiento del sistema de salud que ha vuelto este derecho un negocio.
Joaquín Zebadúa Alba, presidente municipal de Barriozábal, cerró la conferencia vespertina reconociendo que los esfuerzos de la 4T para enfrentar la pandemia aun tiene muchos límites, principalmente porque el manejo de la pandemia se reflejó en una desilusión de un sector de la base del Morena, incluso llegando a evitar el acceso de médicos y personal de salud a ciertas comunidades particularmente de Chiapas, donde ha habido incendio de clínicas y ataques a trabajadores de la salud.
En relación a la vuelta a clases, Gatell descartó la posibilidad de volver a reanudarlas en agosto, donde tendrán que evaluarse las condiciones para el posible regreso en septiembre.
Para no seguir poniendo los muertos, es necesario que la clase trabajadora, encabezada por las y los trabajadores de los sectores esenciales, luche por un plan de emergencia para enfrentar a la covid-19, empezando por la aplicación de pruebas masivas periódicas y la adquisición y reparto de equipos de protección personal según las necesidades de cada hospital, de cada clínica, en todo el país. Junto a esto, es fundamental que se suspendan las actividades económicas no esenciales, ya que es evidente que no hay condiciones para su funcionamiento, garantizando el 100% del pago de los salarios.
Además, es necesario poner en pie comisiones de seguridad e higiene independientes a las patronales y la burocracia sindical, para que sean las y los propios trabajadores quienes decidan cuándo y en qué condiciones reanudar labores.