Política Chile

IMPUNIDAD

Colina: Ex coronel y torturador Cristian Labbé es sorprendido trabajando por 1,5 millones de pesos bajo administración de alcaldesa UDI

El ex agente de la DINA, y que hoy goza de completa impunidad a pesar que fue condenado a tres años de cárcel por apremios ilegítimos cometidos en noviembre de 1973, ha mantenido una relación laboral con la Municipalidad de Colina desde el 2016 con un sueldo que vario de $1.375.313 a $1.550.000.

Sábado 11 de septiembre | 08:40

En el portal de transparencia activa se puede verificar que en la actualidad el ex agente de la DINA se encuentra contratado a honorarios por la alcaldía de Colina, administrada por Isabel Valenzuela (UDI), en la función de “Apoyo en el control y gestión relacionados con el plan estratégico municipal” por un sueldo de $1.551.629. Pero la revisión de las contrataciones a honorarios, evidencia que Labbé mantiene esa relación laboral desde el 2016, cuando bajo la administración del ex alcalde Mario Olavarría (UDI), fue contratado para cumplir la función de “desarrollar asesorías y consultorías en materia de capacitación”, por un sueldo de $1.375.313.

En septiembre del 2019 Labbé fue condenado a tres años de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos en su carácter de lesa humanidad, por las torturas cometidas contra Henry Cohen en noviembre de 1973, en la ciudad de Panguipulli, región de Los Ríos. Junto a la condena de cárcel Labbé fue suspendido para ejercer un cargo u oficio público durante el tiempo de su condena, pero en el 2020 la defensa del torturador apelo y presento una casación en la Corte Suprema la que a la fecha aún no tiene respuesta.

A 48 de golpe de Estado de 1973 vemos como torturadores, asesinos y cómplices de la violación a los DD.HH gozan de completa impunidad y de sueldos millonarios, como el caso de Labbé. Por lo que hoy, mantenemos viva la exigencia de juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de las muertes, torturas, golpizas, abusos sexuales, secuestros y otras vejaciones ocurridas desde septiembre de 1973.

No podemos esperar que sea la justicia chilena, defensora del pacto que permitió la salida del dictador Pinochet en los 90, quien garantice un juicio y castigo justo, por lo que debemos retomar el camino que mostro octubre del 2019, urge una gran movilización para terminar con esta impunidad y los pactos de silencio que mantienen civiles y militares desde el golpe de Estado de 1973.






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