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SEMANARIO

Cómo librar la “guerra” contra la depresión económica que viene

Esteban Mercatante

coronavirus
Fotomontaje: Juan Atacho

Cómo librar la “guerra” contra la depresión económica que viene

Esteban Mercatante

EE. UU. sumó en dos semanas casi 10 millones de solicitudes de desempleo, marcando un ritmo de colapso económico sin precedentes. Para darnos una idea, hasta antes de la pandemia actual el récord de crecimiento de las solicitudes de desempleo semanal había sido en 1982, con 695 mil nuevas aplicaciones. La pérdida de empleos en 2008 fue de 2,6 millones.

El índice semanal de la actividad económica que revela la Reserva Federal de Nueva York también da cuenta de este colapso: en una semana alcanzó los niveles más bajos que había mostrado durante la Gran Recesión iniciada en 2008. Pero en ese entonces el hundimiento que ahora logró en 7 días le había llevado 3 meses.

La cosa no marcha mejor en el país donde se registró el primer brote. La economista Betty Wang de ANZ estimó a comienzos de la última semana que la economía de China caerá 9,4 % anual en el primer trimestre. Y podría retroceder otro 2,1 % en el segundo. A pesar del “éxito” declarado por Xi Jimping en el combate de la pandemia, en Wuhan no concluyeron las restricciones sanitarias, por temor a un nuevo aumento de los contagios (según fuentes oficiales por fuentes foráneas y no locales); a esto se suma el efecto sobre la producción de los sectores exportadores que generan las caídas en Europa, EE. UU. y el resto del mundo. El procesamiento de containers, que cayó 10,6 % en los primeros dos meses del año (mientras las exportaciones lo hicieron 17,2 %), no termina de recuperarse.

La agencia Fitch informó el jueves que espera una declinación de la actividad económica mundial de 1,9 % en el año, con retrocesos en EE. UU. de 3,3 %, caída de 4,2 % en la UE y 3,9 % en el Reino Unido. Para China, espera un crecimiento, pero menor a 2 %.

Estos pronósticos, que son muchísimo más sombríos de los que realizaban los organismos internacionales y agencias privadas apenas un mes atrás. Y esto a pesar de que los gobiernos han anunciado paquetes de rescate que superan todo lo conocido. Esta semana Trump firmó la ley aprobada de manera exprés para tomar medidas fiscales por 2,2 billones de dólares, equivalente a 10 % del producto anual de ese país. Alemania o Gran Bretaña lanzaron paquetes que alcanzan el 5 % de su PBI. Esto se suma a la promesa de inyecciones masivas de dinero de los bancos centrales para dar liquidez al sistema financiero y contener la quiebra de empresas.

Por los montos involucrados y el ritmo con el que fueron lanzados, estos rescates superan ampliamente a los lanzados durante la Gran Recesión. No evitarán el hundimiento de la economía y los millones de desempleados.

¿A quién rescatan Trump y el Congreso?

Veamos el ejemplo de EE. UU. que lanzó lo que sería hasta ahora la artillería más pesada ante la crisis. No debería sorprendernos que las grandes corporaciones se estén llevando la parte del león del paquete fiscal aprobado por el Congreso: 500 mil millones de dólares (es decir un paquete que supera a la producción de la economía argentina durante un año) estarán dirigidos a salvar empresas a través del Fondo de Estabilización del Intercambio que maneja la Secretaría del Tesoro. Este fondo (existente desde 1934) permite al Tesoro realizar préstamos o garantizarlos de manera discrecional. La asistencia puede beneficiar a empresas (financieras y no financieras) como a estados y ciudades. El paquete incluye préstamos específicos para aerolíneas, empresas de logística, y otras consideradas “críticas” para la seguridad nacional. Las empresas que acepten préstamos estarán obligadas a retener durante un año al 90 % de sus empleados; es decir que tienen permiso para despedir al 10 %.

La magnitud de los fondos de rescate a las corporaciones no se explica exclusivamente por las disrupciones generadas por la pandemia en los circuitos de producción y circulación de mercancías, que son por supuesto de una magnitud nunca vista. Debieron aumentarse por algo que no tiene nada que ver con ninguna catástrofe natural, que son los niveles récord de endeudamiento que acumulan las empresas. Esos pasivos, y la fragilidad financiera relacionada con los niveles de capitalización bursátil altísimos previos a esta crisis (vinculados al bombeo monetario sistemático), que también está íntimamente relacionada a esa marea de deudas, amplifican los efectos catastróficos de la pandemia y las medidas tomadas para enfrentarla. Todo esto no puede cargarse en la cuenta del virus. Muchos de los sectores empresariales que ahora apelan a falacias del tipo “salud vs. economía” para sostener en marcha la producción que alimenta sus ganancias, hace tiempo que vienen alimentando su rentabilidad a costa de decisiones que acrecentaron la vulnerabilidad, es decir actuando “vs. la economía”.

Formalmente, el sector corporativo se estará llevando lo mismo que los 165 millones de contribuyentes que recibirán total o parcialmente el muy publicitado cheque por 1.200 dólares por contribuyente (que gane menos de $ 75.000 al año o 150.000 junto con su cónyuge) más 500 adicionales por hijo menor de 17 años. Esta transferencia se queda cortísima: como señala Rob Urie en un país donde el acceso a la salud es carísimo, no cubre más de un 5 % de lo que puede llegar a costar la internación por coronavirus para quien tenga el infortunio de contraerlo. La asignanción para esta medida también alcanza los 500.000 millones de dólares. En realidad, como eventualmente habrá pagos de impuestos de algunos de los beneficiados, el costo de estas transferencias será menor que lo recibido por las grandes empresas. Representará un desembolso total de 301 mil millones de dólares, de acuerdo a Tax Foundation.

Otros 350 mil millones estarán dirigidos a otorgar préstamos a las empresas de hasta 500 trabajadores, para pagar salarios y otros gastos (y podrán en algunos casos no ser reembolsados).

También hay reducción de impuestos a las contribuciones patronales, mientras que se aumenta la duración del seguro de desempleo (y se adicionan pagos de 600 dólares semanales mientras dure la crisis, lo que más que triplica el monto de la asignación).

Cuidar la salud no parece ser una gran prioridad, a juzgar por los recursos adicionales que le serán otorgados. La asignación adicional provista por este paquete, para un sistema sanitario que viene crónicamente ajustado y falto de personal, será de 150 mil millones. Apenas 7 % del multimillonario salvataje.

Al mismo tiempo, con el paquete numerosas empresas quedaron autorizadas a negar licencias pagas por enfermedad a los empleados. Esto regirá para las pequeñas firmas a las que la ausencia de los empleados “podría ocasionar que dejen de operar”, o a los que la ausencia les genere “riesgo sustancial”. Pero también quedan habilitadas a negar licencias gigantes como Amazon y McDonald’s. Entre quienes podrán ser negados de licencia paga por enfermedad se encuentran también los trabajadores de la salud. Solo 20 % de los trabajadores en EE. UU. tiene hoy acceso a este beneficio. Aun en tiempos de emergencia, salvar a los patrones de los perjuicios económicos es lo que manda.

El extraordinario apoyo presupuestario de los gobiernos para la economía, si bien es necesario, empeorará las cosas de alguna manera. A los países que han permitido la aparición de un mercado laboral irregular y precario les resulta particularmente difícil canalizar la ayuda financiera a los trabajadores con un empleo tan inseguro. Mientras tanto, la gran relajación monetaria de los bancos centrales ayudará a los ricos en activos. Detrás de todo, los servicios públicos con fondos insuficientes están crujiendo bajo la carga de aplicar políticas de crisis.

Quien afirma esto es una fuente insospechable de animosidad hacia un paquete dirigido a salvar a las empresas: el Financial Times. “Se necesitan reformas radicales”, señala este mismo medio. Claro, las reformas “radicales” que este vocero de las altas finanzas está dispuesto a tolerar, son una especie de versión pasteurizadas de las políticas del estado de bienestar, como puede ser “un mayor rol en la economía”, con algunas variaciones que a lo sumo pueden llegar a “políticas consideradas hasta hace poco excéntricas” como un impuesto a la riqueza (vaya excentricidad que sacarle a los más ricos una tajada de todo lo que se incrementó su patrimonio en las últimas décadas) o una renta básica universal (RBU). Como hemos señalado en otra oportunidad, esta última, aplicada como una transferencia que apenas cubra el equivalente a una pequeña parte de la canasta de bienes necesarios para no caer en la pobreza entendida como un ingreso, puede tranquilamente ir de la mano con un reforzamiento de los ataques del capital contra el trabajo para introducir nuevas rondas de flexiblización de las condiciones de explotación. Que Financial Times afirma que esta deba “ponerse sobre” la mesa da cuenta del grado de conmoción de la clase dominante ante la amenaza real que perciben para sus privilegios como resultado de la “fragilidad del contrato social” que el virus deja al desnudo. Pero también deja ver que la RBU no es el inicio de ruptura con el dominio del capital sobre la fuerza de trabajo que algunos de sus proponentes imaginan.

¿Economía de guerra?

Esta pregunta se hace el economista Michael Roberts en un reciente posteo de su blog, saliendo al paso de quienes apresuradamente salieron a rotular de esta manera las medidas que se han tomado para enfrentar las consecuencias económicas de la batalla contra el “enemigo invisible”. Saliendo del obvio contraste entre una economía trabajando a toda máquina para preparar los aprestos para el combate y otra forzosamente paralizada como ocurre hoy para contener la expansión del virus (algo que afecta incluso a aquellos países que no declararon una cuarentena general como EE. UU.), Roberts apunta al abismo que separa a las medidas implementadas hasta el momento, y aquellas que caracterizan una economía en guerra. No solo la “guerra contra el virus” se está peleando a media máquina, cuando recién ahora los gobiernos empiezan a coquetear con impulsar (pero no imponer) la reconversión de industrias para fabricar respiradores, o tímidamente (y solo en países colapsados por la emergencia sanitaria) declaran de interés público y nacionalizan sectores como la salud, como España e Irlanda.

La “batalla” por minimizar los estragos económicos y evitar el fantasma de una gran depresión, se libra con recursos que no se asemejan a los puestos en marcha durante los preparativos de guerra. Es cierto que todos los neoliberales salieron a quemar sus libros en estos días, y vociferan en pos de una intervención estatal decidida más enfáticamente que los entusiastas del estatismo de toda la vida. “Ahora somos todos keynesianos”, podrán decir, como hizo Nixon cuando se vio en la necesidad de terminar su coqueteo con las ideas de Milton Friedman para abrazar políticas más cercanans a las de su antagonista. Pero como ya mostraron las políticas del New Deal, el mayor intervencionismo público, el aumento del gasto y otras formas de estímulo (o incluso de cierta inversión pública) no terminaron nunca de reconducir a la economía norteamericana al crecimiento después de la depresión. Como sostiene Paula Bach:

El New Deal aún con su despliegue de instituciones, comisiones y múltiples medidas plagadas de pragmatismo, resultó en sí mismo un mecanismo ciclópeo de contención de la crisis. No condujo a una verdadera prosperidad de la economía norteamericana sino que implementó una serie de parches, como seguros de desempleo, empleos estatales extremadamente precarios, alentó la destrucción de cosechas y las matanzas de animales para reducir la oferta y recuperar los deprimidos precios del agro, subsidió a los productores para que redujeran el área sembrada, entre otras muchas medidas. Todos estos mecanismos lograron en parte reducir la desocupación, apaciguar la tensa situación social y permitir sacar a la economía de la parálisis en la que se encontraba. Pero el gran problema de la sobreacumulación de capitales y el subconsumo, no podía ser resuelto por las medidas del New Deal.

Recién al final de la década del ‘30, con el país encaminado a intervenir en la matanza imperialista, la economía toma vuelo. Y no lo hizo gracias a la respuesta del capital privado a los estímulos creados por el sector público, aunque como señalan Andrew Bossie y J.W. Mason este fue el intento inicial de las agencias estatales responsables de la producción bélica. “La forma más directa de estimular la inversión es subsidiarla, tal vez a través de créditos impositivos. Este enfoque fue intentado durante la movilización, pero con resultado limitado”, sostienen. Aunque durante esos años se realizaron una variada serie de ensayos para beneficiar al capital privado en el negocio de la guerra (que se seguirían perfeccionando en la posguerra con el desarrollo del “complejo militar-industrial”), lo que se terminó imponiendo fue la implementación en gran escala de la inversión pública, aunque en muchos casos esta fue canalizada a través de firmas privadas. En promedio esta inversión pública llegó a 23 % del PBI, equivalente a varias veces la inversión privada en esos mismos años. A modo de comparación, señala Roberts que “en la mayoría de las economías capitalistas, la inversión del sector público es de aproximadamente el 3% del PBI, mientras que la inversión del sector capitalista es de más del 15 %”. Ambas suman menos que la inversión estatal durante la guerra.

Encarar un salvataje multimillonario de las empresas (que por un largo tiempo mantendrán deprimida la inversión) multiplicando la deuda pública, otorgando pobres compensaciones para los millones de afectados por la destrucción de empleos, no tiene nada que ver con la inversión pública en gran escala que tuvo lugar durante la economía de guerra, aunque algunos (neo o pos) keynesianos afirmen que las medidas en curso estén tomando aquella como modelo [1].

Seguramente no faltará quien sostenga que todavía es pronto, y pueden venir políticas estatalistas más agresivas que vayan más allá de los límites de las que se están poniendo en marcha hoy. Pero ya en 2008, aunque la crisis de entonces será con toda seguridad sobrepasada por la actual, la expectativa de un revival keynesiano se chocó con la resistencia de la clase capitalista contemporánea. Así, la prioridad de salvar al sistema financiero preservando sus lineamientos esenciales y hacer política fiscal de forma relativamente limitada, produjo una de las recuperaciones más débiles en 80 años y dio lugar a que algunos economistas del mainstream empezaran a debatir si la economía norteamericana se encontraba en un sendero de estancamiento secular. “Lo que necesitamos de verdad es un amago de invasión alienígena que provoque un gasto masivo en la defensa antialienígena”, ironizaba Paul Krugman en su libro Acabad ya con esta crisis sobre las dificultades para superar el impasse que trabó durante la última década y pico la posibilidad de implementar políticas fiscales en escala más agresiva [2]. Impasse que el identifica como mayormente político pero que es sobre todo social, por la resistencia de la gran burguesía. Su ironía por otra parte, encierra una amarga verdad para los defensores del keynesianismo: su “éxito” estuvo inseparablemente ligado a la destrucción masiva (de fuerzas productivas y de vidas) que produjo la II Guerra Mundial. Sin ella, resulta impensable el boom de posguerra, un período excepcional e irrepetible para el capitalismo (salvo que atravesemos por una destrucción de valor equivalente a la de la guerra).

Aunque la situación empujó ya en algunos casos a los gobiernos capitalistas a moverse reticentemente en ese sentido (interviniendo sectores como la salud), y puede haberlo en mayor escala con el empeoramiento de la situación y aumenta la movilización de los trabajadores, no puede esperarse de estos, empeñados en la defensa de los intereses de los grandes ganadores del ciclo neoliberal, ninguna respuesta a la altura de la crisis.

Lo que hace falta

Poniendo en movimiento las actuales fuerzas productivas, bastaría no sólo para realizar el programa de Roosevelt, sino para superarlo considerablemente. Las máquinas, las materias primas, los trabajadores, todo es aprovechable, para no mencionar las necesidades de la población. Si a pesar de ello el plan es irrealizable -y lo es- la única razón es el conflicto irreconciliable que se ha desarrollado entre la propiedad capitalista y la necesidad social de una producción creciente... Si el propio equipo de trabajo fuese reorganizado sobre la base de un plan socialista unificado, los cálculos sobre la producción podrían ser superados considerablemente y se podría asegurar a todo el pueblo un nivel de vida alto y cómodo, basado en una jornada de trabajo extremadamente corta [3].

Esto era lo que planteaba León Trotsky haciendo un balance de la brecha entre las pretensiones del New Deal y lo que este había alcanzado efectivamente para fines de 1938. No es necesario esperar a que una conflagración bélica sobrevenga en el horizonte (aunque los tambores suenan cada vez con más ganas, siendo incluso la responsabilidad por el coronavirus otro motivo para agravar la tensión) para evitar el camino de penurias de la depresión. Pero la alternativa no va a venir de los gobiernos capitalistas, cuya principal preocupación, continuando con la guerra de clases llevada a cabo contra el pueblo trabajador en las últimas décadas, está en asegurar la salud de las empresas, no el bienestar del pueblo trabajador. Después de la Gran Recesión, las clases dominantes y sus representantes políticos convivieron sin mayor preocupación con indicadores sociales deteriorados a niveles alarmantes, que se mantuvieron a pesar de la recuperación del empleo. No tenemos motivos para esperar que esta vez sea diferente. Siguiendo a Roberts, lo que se necesita para revivir la producción, la inversión y el empleo no es “rescatar a las grandes empresas con subvenciones y préstamos para que puedan volver al “business as usual” (negocios como de costumbre)”, sino con “inversión estatal masiva, la propiedad pública de los sectores estratégicos y la dirección estatal de los sectores productivos de la economía”. La única manera de asegurarlo esto con la iniciativa de la clase trabajadora, para pelear por la nacionalización de los principales medios de producción, empezando hoy por aquellos cuya puesta en marcha podría contribuir enormemente a atacar la emergencia sanitaria y siguiendo por todos aquellos que la burguesía mantendría inactivos durante un hundimiento económico por falta de perspectivas de ganancias. Esto no va a venir de los gobiernos burgueses, excepto a cuentagotas en los sectores que sea inevitable, y con la intención de devolverlos al capital privado en cuanto sea posible. Lo mismo que planteaba Trotsky ante el fracaso del New Deal casi diez años después del crack de 1929 en Wall Street, vale hoy para enfrentar la catástrofe que se viene: para salvar a la sociedad

lo que es indispensable y urgente es separar los medios de producción de sus actuales propietarios parásitos y organizar la sociedad de acuerdo con un plan racional. Entonces será realmente posible por primera vez curar a la sociedad de sus males. Todos los que sean capaces de trabajar deben encontrar un empleo. La jornada de trabajo debe disminuir gradualmente. Las necesidades de todos los miembros de la sociedad encontrarán la posibilidad de una satisfacción creciente. Las palabras “pobreza”, “crisis”, “explotación”, saldrán de circulación [4].

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NOTAS AL PIE

[1También lo hemos visto por estos pagos, en un artículo reciente de Emmanuel Álvarez Agis.

[2Barcelona, Crítica, 2012, p. 49. Para una polémica con algunas de las principales conclusiones del libro, ver Paula Bach, “Economía, política y guerra: ese obscuro objeto (neo)keynesiano”, Estrategia internacional 28.

[3León Trotsky, “El marxismo y nuestra época”, en Naturaleza y dinámica del capitalismo y la economía de transición, Buenos Aires, Ediciones CEIP, 1999.

[4Ídem.
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Esteban Mercatante

@EMercatante
Nacido en Bs. As. en 1980. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario, es autor de los libros Salir del Fondo. La economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis (Ediciones IPS, 2019) y La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (Ediciones IPS, 2015), y compilador junto a Juan R. González de Para entender la explotación capitalista (segunda edición Ediciones IPS, 2018).
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